CASTELLÓ. La lucha contra la corrupción ha pasado de lema de campaña en los comicios de 2015 en Castelló a un segundo plano del argumentario electoral en 2019. El PP, pese a las tentativas de regeneración, no recoge en su programa ni una sola propuesta en esta materia. El resto de partidos sí contemplan medidas, aunque muchas ponen el foco, ya no en la rendición de cuentas de los cargos públicos -una exigencia ética que parece más o menos superada-, sino en la fiscalización de las empresas que gestionan servicios municipales.
Lo que hasta hace poco acaparaba debates y mítines electorales, hoy queda diluido entre decenas de propuestas programáticas. Se constata así un cambio de etapa. La lucha contra la corrupción no se percibe como el caladero de votos que era antes, especialmente para los partidos más jóvenes, que nacieron o se consolidaron como azote de los excesos y las malas prácticas.
El escenario es distinto. El PP, protagonista de los casos de corrupción más sonados, no gobierna desde hace cuatro años en la ciudad, y tampoco en la Generalitat. Además, el empacho mediático de imputaciones en la última década y el hecho de que en mayor o menor medida todos los partidos se han visto salpicados por acusaciones de este tipo ha obligado a buscar otras causas que defender en campaña. Y no es que en el fragor de los debates de las últimas semanas no haya salido a relucir la Gürtel o el caso Fabra, sino que ya no es la baza principal del juego electoral.
Durante el mandato, la corrupción ha estado presente en la discusión política. De hecho, ha sido un arma arrojadiza recurrente entre el gobierno municipal y la oposición, abriendo incluso alguna brecha en el Pacte del Grau. Aún así, el PP elude en su programa electoral cualquier medida en transparencia o anticorrupción, pese a que fue el promotor de la dimisión de la concejala de Compromís Ali Brancal tras denunciarla en los tribunales por supuesta malversación, y utilizó esta baza para erigirse como adalid de la ejemplaridad. Del mismo modo, azuzó al grupo socialista tras la dimisión de Antonio Lorenzo -investigado en el caso Subdelegación- extendiendo la sombra de la sospecha a su gestión municipal.
También es cierto que en los últimos meses el grupo popular tuvo que soportar los vapuleos de sus rivales políticos a cuenta de la trama Púnica, cuya investigación apunta a Juan José Pérez Macián. En cualquier caso, los populares han preferido obviar esta materia en su proyecto electoral para Castelló.
Ciudadanos, sin embargo, sigue la estela marcada por el partido a nivel estatal, que abandera el discurso anticorrupción. Bajo la máxima de "tolerancia cero", propone impulsar auditorías de gestión y poner en marcha mecanismos de prevención y detección de posibles irregularidades "para que nunca más tengamos que contemplar escándalos de corrupción". Revisar los contratos -incluso los menores- y "acabar con los dedazos y el clientelismo", están entre sus propuestas de campaña, que parecen sacadas, eso sí, de un programa marco de Ciudadanos para las municipales, pues no recoge particularidades de Castelló.
El PSPV resume sus iniciativas en el apartado de "Calidad Democrática". Propone, entre otras medidas, la modificación del Reglamento Orgánico del Pleno y sus Comisiones para favorecer el control político; la creación de un organismo municipal para la supervisión de la contratación pública y el control de calidad de los servicios; y el refuerzo de la Unidad de Reclamaciones y Sugerencias para recoger denuncias ciudadanas sobre "abusos, malas prácticas y deficiencias en obras o servicios públicos".
Por su parte, Compromís, que en esta legislatura ha dirigido la Concejalía de Transparencia, plantea once medidas. Entre ellas, destaca la creación de una Oficina de Buen Gobierno para el análisis y la publicación de información que facilite la prevención de malas prácticas y la rendición de cuentas de la gestión municipal. También plantea la adhesión al Código de Buen Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y hacer visible la agenda pública de la alcaldía y el resto de la corporación, además de las agendas de los órganos de gobierno con extractos de su contenido.
La candidatura que más incide en esta materia es la de Unides Podem-Castelló en Moviment- EUPV, dando continuidad así a algunas de sus principales reivindicaciones durante el mandato. Exige la puesta en marcha de la Oficina Municipal Antifraude, medida que se aprobó en el pleno sobre corrupción en febrero de 2018 pero que nunca llegó a ejecutarse. Por otra parte, insiste en la realización de un mapa de riesgos para "detectar los puntos débiles de potencial entrada de prácticas corruptas" y aboga por crear un cuerpo específico de control de contratos públicos que ponga "especial atención en las grandes obras con sobrecostes". En esta línea, plantea también llevar un control estricto de los contratos adjudicados a empresas imputadas por corrupción como medida cautelar hasta la resolución del caso.
Ignasi Garcia, Amparo Marco, Begoña Carrasco, Alejandro Marín-Buck y Fernando Navarro. (Foto: A. PRADAS)
