CASTELLÓ. La Diputación de Castellón proyecta un nuevo megacontrato. Se trata de la vigilancia de sus inmuebles. La prestación está valorada en 9,6 millones de euros y tiene una duración máxima de un quinquenio, teniendo en cuenta que a los dos años de partida se suma una prórroga de otros tres. El presupuesto por cada periodo natural alcanza los 1,93 millones de euros. La licitación surge ante la inminente finalización de la actuación concesión, a cargo de Casva tras ganar el concurso público impelido en 2019.
El objeto del contrato consiste en la realización del servicio de seguridad y mantenimiento de los sistemas de detección de intrusión y de videovigilancia de las diversas dependencias de la institución supramunicipal. Esto significa que el expediente se divide en cuatro lotes. El primero contempla el Palacio Provincial, el centro cultural Las Aulas y el museo Etnológico. El segundo incluye las nuevas dependencias y sus anexos y el recinto cocherón (imprenta y centro de energías). El tercero corresponde al complejo socio-educativo Penyeta Roja, mientras que el cuarto comprende el Castillo de Peñíscola.
Además, existe la posibilidad de incorporar un edificio más dentro del listado. En concreto, la Cartuja de Valldecrist de Altura, cuya antigua iglesia y cripta de San Martín datan del siglo XIV. La Diputación pretende transformar la construcción en un espacio de conferencias y exposiciones. No en vano, en el presupuesto de 2021 reservó una partida de 38.000 euros para iniciar las obras de rehabilitación.
Las empresas interesadas en concurrir en la licitación deben presentar sus propuestas en tres plicas con la documentación administrativa y los criterios técnicos y económicos. Asimismo, y de acuerdo con lo que establece el pliego de condiciones, resulta imperativo aportar una memoria con la organización del servicio, operatividad, contenidos, control y supervisión, recursos humanos y materiales tecnológicos, así como cobertura de contingencias y central receptora de alarmas.
Otro requisito obligatorio para las postulantes obedece al protocolo del mantenimiento de los sistemas de seguridad. Este aparatado hace referencia a los elementos de vigilancia, como cámaras, detectores, sirenas o monitores. Por otro lado, el documento tiene que recoger detalladamente el calendario con las horas de trabajo y el tiempo de respuesta ante averías sucedidas por siniestros o cualquier otro tipo de imprevisto, como actos vandálicos.
Dentro de la realización del servicio, según las bases del contrato, se señala que el contratista adjudicatario queda obligado a subrogarse en el personal que, perteneciente a una empresa de servicios de seguridad, viene desempeñando las funciones tanto de vigilante como de auxiliar de servicios para la Diputación. En este sentido, dentro de los tres primeros meses de la prestación, la concesionaria debe promover una formación específica en materia de seguridad y de primeros auxilios.
Como principales cometidos del personal de vigilancia, destacan la protección de los funcionarios, la realización de rondas de control (interior y exterior), el manejo de sistemas de seguridad y la disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los delincuentes en el marco objeto de su protección. Como servicios complementarios, cabe mencionar la recepción e identificación de visitantes, la comprobación de entradas y la apertura y cierre de puertas de acceso en las horas fijadas de las distintas dependencias.
