Los empresarios de las tascas ven con preocupación el cierre de Zara y avisan sobre su "vulnerabilidad"

CASTELLÓ. Los empresarios de las tascas de Castelló ven con preocupación el cierre de Zara en la plaza Santa Clara. Los efectos negativos de perder un edificio tan emblemático para el centro a partir del 31 de enero, cuando está previsto que Inditex baje la persiana de la tienda, generan inquietud entre los hosteleros. Tanto es así que la asociación que aglutina los seis negocios prevé solicitar esta misma semana una reunión al Ayuntamiento para conocer sus planes acerca del antiguo inmueble de Lemon. Y no solo eso. El colectivo también quiere saber cuál va a ser la estrategia del nuevo equipo de gobierno (PP y Vox) respecto a la Zona Acústicamente Saturada (ZAS).

Después de trascender que nunca hubo una investigación de la Fiscalía sobre la calle Barracas (y su área de influencia), sino simplemente una pregunta en relación a las medidas para conciliar el ocio y el descanso, los propietarios de los locales consideran que el ejecutivo local debe retomar el expediente iniciado por el Acord de Fadrell (PSPV, Compromís y Podem-EU) a fin de eliminar la citada ZAS. Fuentes de la asociación advierten que la situación de los establecimientos "sigue siendo delicada" por las limitaciones de la normativa actual, agravadas durante el largo paréntesis de la covid.

Espacio gastronómico y eliminación de la ZAS

Los empresarios insisten en que, sin unas diligencias abiertas por parte del ministerio público y con un informe favorable [la monitorización] que acredita una disminución del ruido, el consistorio tiene vía libre para declarar las tascas como espacio gastronómico, así como para culminar la supresión de la Zona Acústicamente Saturada.

En junio de 2022, el Fadrell acordó iniciar el expediente administrativo para acabar con la ZAS tras permanecer en vigor 12 años (desde 2010). La decisión se tomó después de realizar controles sobre los niveles de decibelios durante un periodo de 12 meses. Los datos obtenidos constataron niveles aceptables de acuerdo a lo que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS). Asimismo, demostraron una progresiva reducción de la contaminación sonora en la última década. 

A partir de ese momento, se abrió un plazo de consulta pública, que concluyó con la presentación de ocho alegaciones. Unas formalizadas por los propietarios de las tascas. Otras presentadas por la plataforma Sensell Soroll y algunos residentes de la zona. Por la complejidad técnica de los escritos, la resolución se alargó en el tiempo, hasta que un dictamen negativo de la Conselleria de Transición Ecológica tiró por tierra la planificación del equipo de gobierno de entonces.

El obstáculo de la Conselleria y la investigación de la Fiscalía

Aunque la administración autonómica carece de jurisdicción para definir el marco legal de una zona en función del ruido (la competencia es municipal), la emisión del informe desfavorable suscitó un debate entre los técnicos del Ayuntamiento. La posibilidad de ofrecer argumentos jurídicos para que un tercero pudiera denunciar al propio consistorio en el Contencioso-administrativo frenó en seco la hoja de ruta del ejecutivo local.

Esta ralentización se convirtió en paralización a principios de 2023 ante la supuesta apertura de diligencias por parte de la Fiscalía a raíz de la denuncia de un vecino. El equipo de gobierno aparcó indefinidamente el expediente de la ZAS. Esa indefinición, sin novedades en ningún sentido, marcó la situación de la tascas.

Sin embargo, el pasado mes de septiembre, el portavoz del ejecutivo, el popular Vicent Sales, durante la rueda de prensa para anunciar la reapertura de Santa Clara a las ferias y eventos sociales y culturales, negó la existencia de esa investigación. Ahora, los hosteleros quieren que se reactive el expediente, más después de la decisión de Zara de cerrar su tienda, que supone un duro golpe para el comercio local y también para la actividad económica del centro de la ciudad.