CASTELLÓ. Si hay una baza electoral recurrente en campaña es la de los impuestos. No en vano, representan la principal preocupación de los vecinos en materia municipal. La derecha en Castelló promete reducciones fiscales que desde la izquierda observan como una amenaza a la suficiencia financiera. Pero la gestión de los impuestos viene condicionada por la coyuntura económica, lo que suele contradecir los mensajes electorales o desmontar ideas preconcebidas.
De hecho, en la ciudad de Castelló, el gobierno del Pacte del Grau -PSPV, Compromís y Castelló en Moviment- ha bajado el IBI un 15 por ciento y ha bonificado otros tributos en este mandato, mientras el PP los subió un 130 por ciento cuando gobernaba, según se encargó de recordar la alcaldesa Amparo Marco en un reciente debate electoral. No obstante, las medidas de fiscalidad que proponen los cinco partidos con representación en el Ayuntamiento de Castelló para el próximo mandato evidencian de nuevo la división de bloques.
Por un lado, el PP plantea su "revolución fiscal". "El dinero, donde mejor está, es en tu bolsillo", reza el programa electoral de la candidatura que encabeza Begoña Carrasco. Propone una rebaja del IBI "para todos los ciudadanos" a través de la reducción del coeficiente municipal, además de numerosas bonificaciones fiscales en la tasa de basuras, el Impuesto sobre la Construcción (ICIO), el de Actividades Económicas (IAE) y el de vehículos (IVTM), con guiños a nichos electorales como los autónomos o los empresarios.
Ciudadanos, con un eslogan prácticamente calcado -"Vamos a dejar el dinero en el bolsillo de los vecinos"- promete igualmente una reducción de impuestos "de manera responsable". La candidatura de Alejandro Marín-Buck pone el foco en el IBI y el IVTM, y propone rebajas para parados sin subsidio, personas con discapacidad y familias que no puedan pagar la contribución. Además, pretende incentivar la apertura de nuevos negocios con bonificaciones y exenciones de tasas.
Por su parte, el PSPV aboga por la moderación: "mantener la bajada de la presión fiscal, de acuerdo con la suficiencia financiera". Es decir, tal y como ha defendido la cabeza de lista, Amparo Marco, se continuará en la senda de la reducción de impuestos en la medida en que el Ayuntamiento pueda seguir haciendo frente a los pagos. Además, propone aplicar bonificaciones en los tributos municipales atendiendo a criterios de progresividad fiscal y proporcionalidad a la renta. Esto es, que los que más tienen, han de pagar más.
Bajo esta máxima se postula también Compromís, que aboga por una política continuista en materia de impuestos. La candidatura de Ignasi Garcia propone mantener las bonificiaciones del IBI a las familias, la cultura, los servicios sociales y al ahorro energético. Y establece una novedad respecto al resto de propuestas electorales: el cobro de la contribución a los edificios de la Iglesia con ánimo de lucro. Por otra parte, plantea subvencionar el IBI a los terrenos urbanos que por convenio con el Ayuntamiento se cedan durante al menos cuatro años a usos provisionales, como aparcamientos públicos, huertos urbanos, un Banco de Tierra o zonas de esparcimiento canino.
Por último, la candidatura de Unides Podem-CSeM-EUPV, encabezada por Fernando Navarro, da un paso más en la progresividad fiscal con el aumento de la presión en determinados usos y actividades. Por una parte, propone incrementar el gravamen del IBI en inmuebles de mayor valor catastral y en los no residenciales, y bajar la contribución a los comercios de barrio a costa de incrementarlo en las grandes superficies comerciales. También plantea bonificaciones a personas y familias con pocos recursos. Por otro lado, aboga por bonificar a empresas socialmente responsables y ambientalmente sostenibles a través del IAE, con el objetivo de incentivar "un cambio de modelo económico", según señala la formación en su programa electoral.
Otra de las medidas que marca la diferencia entre bloques en materia fiscal es el control del fraude. Los partidos del Pacte del Grau plantean diferentes iniciativas que ponen la lupa en quienes eluden el pago de impuestos. Los socialistas se refieren en su programa electoral a un plan de lucha contra el fraude tributario, mientras que Compromís promete reforzar el Consell d'Inspecció "para democratizar la recaudación y evitar fraudes", la misma medida que plantea la confluencia poniendo el acento en los "importantes resultados en otras ciudades" que ha obtenido la inspección para recuperar "recursos públicos".