CASTELLÓ. El sector de la cerámica sabe bien lo que supone las restricciones impuesta por la Ley Crea y Crece. La normativa obliga a las empresas a mantener un plazo medio de pago a proveedores no superior a los 60 días si quieren acceder a ayudas públicas, un obstáculo para muchas compañías en situaciones financieras delicadas, especialmente ahora, para los sectores gasintensivos o electrointensivos, que los costes energéticos se han disparado en el último año. Aspecto del que ya se han quejado las patronales del clúster del azulejo en Castellón, pero no sólo ellas: también la Generalitat Valenciana.
Lo hizo este mismo viernes en la jornada de Forinvest en Castellón el director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca, quien cargó duramente contra la legislación española aprobada por las Cortes y que supone, de facto, dejar fuera a una gran mayoría de empresas, cerca del 75%, incapaces de cumplir con la obligación de mantener ese nivel de endeudamiento con los proveedores. El director del IVF fue tajante contra el planteamiento expuesto en la ley y llegó a calificar de "barbaridad" la intención de acabar con el llamado trade credit, la financiación comercial entre empresas.
"Tenemos un problema y deberíamos intentar moderar el planteamiento de la ley", expuso Illueca en su intervención durante la jornada de Forinvest: "Desde el gobierno debemos aspirar a legislaciones de buena calidad y sobre todo que se puedan cumplir bien, pero no es lo que se ha hecho aquí". En ese sentido, aseguró que no hay ningún sector ni subsector que pueda cumplir actualmente con esa normativa en la Comunitat Valenciana. Es más, dijo, aunque la tendencia ha sido a ir disminuyendo el plazo de pago a proveedores de las empresas valencianas, no se acerca ni de lejos al requisito de la ley de subvenciones para acceder a ayudas públicas.
Concretamente, dijo, el plazo de pago se ha acercado a los 100 días, todavía 40 días más respecto a lo que exige la normativa. Por ello, dijo que "si vamos adelante con esta perspectiva, vamos a condenar al 75% de las empresas valencianas y españolas a no poder ser objeto de ayudas en nuestra política industrial". Una circunstancia, a juicio del director del IVF, del todo indeseable en "un país y en un contexto donde estamos hablando de recuperar la política industrial, crear condiciones para generar trabajo". "No podemos permitirnos excluir al 75% de las empresas de la política industrial", subrayó.
Además, Illueca intentó de otra manera hacer entender la magnitud del problema. Así, dijo haber contabilizado cuánto dinero necesitarían las empresas valencianas para poder pagar a sus proveedores y alcanzar el plazo medio de pago de 60 días que pide la normativa. "Si todas las empresas tuvieran que ponerse al día, la financiación bancaria necesaria sería de 17.000 millones de euros en la Comunitat Valenciana", expuso en esa línea. Con ello, las firmas que ahora mismo incumplen la ley podría pagar a determinados proveedores y rebajar este endeudamiento para cumplir el requisito y poder acceder a ayudas.
Lo que pasa, dijo Illueca, es que la banca tiende a alejarse de los sectores en situaciones delicadas, por lo que "el proveedor tiene más fácil para prestar" ese dinero, y por eso negó la mayor de que se deba acabar con ese crédito. El objetivo, a la postre, es mantener el tejido industrial de la Comunitat Valenciana, que supone el 17% de su economía -el 36% en la provincia de Castellón-. "Queremos aumentar ese porcentaje y que la actividad industrial ocupe un espacio más relevante", aseveró, por lo que dijo que hay que asegurar la financiación de sectores como la cerámica.
Esta misma semana, la Generalitat Valenciana anunciaba a las patronales cerámicas la apertura próxima de una convocatoria de préstamos bonificados por el IVF de 100 millones de euros para el sector. La convocatoria del IVF constará de créditos de hasta 10 millones por empresa, con un tramo reembolsable del 5% para capital circulante, y con bonificaciones por parte de la administración valenciana. Concretamente, se prestará el dinero a un tipo fijo del 3%, por debajo del interés del mercado. Así, la diferencia la asumirá la Generalitat Valenciana y cuenta como ayuda directa.
Se ha tenido que acudir a la vía de los préstamos bonificados precisamente porque las empresas del sector cerámico tenían muy complicado cumplir con la ley de subvenciones, dado el requisito de plazo a proveedores que les impedía acceder a ayudas directas. Por ello, la Generalitat Valenciana ha decidido activar la financiación a las compañías a través de préstamos con ayuda, para los que no es necesario cumplir con el mencionado requisito.
Otro de los aspectos que se trataron en la jornada de Forinvest fue la necesaria tarea de descarbonización de la economía. Un deber que se entiende propio de toda la sociedad, pero donde la industria manufacturera tiene un papel fundamental. Y en Castellón, con la cerámica, especialmente. Un asunto que se trató de la mano de dos especialistas en el ámbito europeo como Yolanda García Mezquita, de la dirección de Energía de la Comisión Europea y encargada de las compras gasísticas entre los estados miembros y terceros países, e Inmaculada Rodríguez Piñero, europarlamentaria socialista.
Sobre este asunto, es cierto que el clúster cerámico ha pedido más tiempo para acometer las inversiones que requieren la descarbonización de su producción, que implican necesariamente buscar otras fuentes de energía térmica alternativas al gas. En ese sentido, la sustitución de los hornos de gas por hornos eléctricos que puedan ser alimentados a través de placas solares o la sustitución progresiva del gas por otros combustibles verdes como el biogas o el hidrógeno renovable son algunos de los caminos que se están explorando.
Ahora bien, el cambio a corto plazo parece inviable en términos de inversión. No en vano la propia García aseveró durante su intervención que una transformación muy rápida implicará "matar al sector". En ese sentido, admitió que el cambio debe hacerse "paulatinamente" introduciendo de manera progresiva alternativas como las mencionadas. Y apostó por el uso cada vez más intensivo de "gas renovable". Aunque sí exigió que sea "competitivo para las industrias". Para ello, dibujó un futuro del sector energético en el que es imprescindible apostar por energías renovables y sostenibles y "crear una cadena de valor de su transformación y generación en Europa".
Además de ello, las intervinientes destacaron la "respuesta que ha dado la UE a la crisis energética" y que ha provocado un "descenso de los precios del gas en torno al 60%", y pusieron en valor "el estímulo hacia la transición energética hacia fuentes renovables de la mano de un nuevo marco regulatorio" que ahonde en este tránsito, también en sectores tan sensibles en la provincia como el cerámico.
Su nombre está asociado a la banca pública, donde lleva más de veinte años, y, desde hace unos meses, ostenta el cargo de director general del IVF, un puesto que conoce bien y desde el cual defiende las funciones del brazo financiero de la Generalitat