VALÈNCIA. El concepto 'elefante blanco' se utiliza en el mundo occidental para definir proyectos o propiedades que por su alto precio, coste de mantenimiento y poca productividad o beneficio, acaban generando un problema económico al poseedor de este bien envenenado. Pese a ser un animal sagrado en la antigua Siam (Tailandia), se dice que esta expresión aludiría a un peculiar castigo que los reyes infligían a súbditos con los que estaban descontentos: regalaban a los cortesanos un elefante blanco con la obligación de mantenerlo y cuidarlo de manera especial, lo que derivaba en la ruina del 'agraciado'.
Desde la llegada del Botànic al Gobierno valenciano en 2015, el presidente Ximo Puig ha tenido que enfrenarse a varios de estos 'elefantes blancos' heredados del gobierno del PP. Algunos de ellos, con tiempo y no sin esfuerzo, han sido 'domados' por el líder socialista y convertidos en valores al alza del Ejecutivo, mientras que otros están en proyecto de ser útiles y rentables. Como siempre, también hay lunares en la gestión y 'elefantes blancos' que siguen atascados en el barro, pero en líneas generales puede decirse que, en este aspecto de la gestión, el lema de campaña del PSPV en 2015 -'Lo vamos a arreglar'-, aunque en ocasiones más lentamente de lo que debería, ha cobrado cierto sentido con el paso de los años.
-Ciudad de la Luz. Puig anunciaba esta misma semana que el complejo, patrimonio de la Generalitat, recuperará en julio la capacidad para realizar cualquier actividad económica, incluida la cinematográfica. La Ciudad de la Luz, cuyo coste total rondó los 470 millones de euros, se encontraba paralizada desde 2012 por la Unión Europea, que planteó una sanción por competencia desleal hasta 2027. Las negociaciones con Bruselas del Consell de Puig han permitido adelantar cinco años el fin de este castigo y que el complejo vuelva a estar en funcionamiento libre este verano.
-Ágora de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Cuando el Botànic (formado por PSPV, Compromís y Podem) llegó al poder en 2015, Avanqua (participada mayoritariamente por Aguas de Valencia) se hizo con la gestión de esta instalación y del Oceanogràfic. No obstante, la auditoría encargada reveló que el edificio (con un coste de unos 100 millones de euros) diseñado por Santiago Calatrava presentaba deficiencias que hacían muy complicado su uso, que en la época del PP se había limitado a albergar desde su inauguración en 2009 un Open 500 de Tenis, fiestas de Nochevieja, algunos conciertos y un mitin del Partido Popular. Sin embargo, en febrero de 2017 saltaba el acuerdo entre la Generalitat y Caixabank para instalar el CaixaForum en el Ágora, lo que derivaba en una operación a tres bandas en las que Avanqua veía reducido el pago de su canon por el Oceanogràfic y recibía 2,7 millones por lucro cesante por 'soltar' el edificio. El pacto con Caixabank incluía la cesión de inmueble 50 años, 18 millones de inversión inicial por Fundación La Caixa y el compromiso de, aunque no pagar canon como tal, sí emplear 5 millones de euros anuales para actividades culturales en el recinto. Tras varios años de obras, desde la Generalitat aseguran que este verano abrirá al fin sus puertas.
-Línea 10 de Metrovalencia. La antiguamente conocida como T2 se inaugurará, si nada cambia, este trimestre. Se trata de una infraestructura cuyas obras comenzaron en el año 2006 con una inversión de alrededor de 200 millones de euros, pero que se paralizaron cinco años después por falta de presupuesto. Desde entonces, quedó totalmente abandonada e incluso algunos 'youtubers' la navegaron cuando se inundó o fue utilizada para fiestas 'raves' ilegales, hasta que en junio de 2017 la entonces consellera de Obras Públicas, María José Salvador, anunció que se retomaba la actuación gracias a la llegada de fondos europeos. Se trata de una conexión importante para la ciudad de València porque unirá el centro del 'cap i casal' con la zona de la Ciudad de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y el barrio de Natzaret. La línea combinará tramos subterráneos y en superficie, con un recorrido de 5,3 kilómetros y 8 paradas. De ellas, tres estaciones serán subterráneas, Alicante, Russafa y Amado Granell), y cinco en superficie, Hermanos Maristas, Ciudad de las Artes, Oceanogràfic y Natzaret.
-Parc Sagunt. Uno de los grandes avances en materia industrial ha sido el desbloqueo del enclave logístico Parc Sagunt, participado al 50% por la Administración valenciana y la sociedad estatal SEPI, y en el que ha tenido mucho que ver el Puerto. La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) permitió dar liquidez al gestor del polo con la venta de una parcela y, a partir de ese momento, esta zona logística ha conseguido completar su ocupación con grandes empresas como Mercadona, Zuvamesa, Crown Holding, Importaco o Tempe, filial del calzado de Inditex. Tanto es así que la Generalitat Valenciana se ha visto en la necesidad de iniciar una segunda fase para ampliar la superficie logística. Un proceso que ya está en marcha con el inicio de las expropiaciones de suelo hace solo unas semanas y que permitirá sumar 5,6 millones de metros cuadrados a Parc Sagunt II. Además, el Consell está a la espera de que Volkswagen decida si instala su gigafactoría en este espacio, lo cual sería otro éxito para este espacio industrial.
-La Marina de València. Otro de los 'elefantes blancos' heredados por el Botànic era la multimillonaria deuda del Consorcio Valencia 2007, el organismo que gestiona La Marina de València creado para la America's Cup por la Generalitat, el Ayuntamiento y el Gobierno central. Sobre sus cuentas pesaba una losa de casi 400 millones de euros que dificultaba llevar a cabo inversiones importantes en la zona. Durante muchos años, las instituciones valencianas habían estado reclamando que el Estado se hiciera cargo del pasivo acumulado, igual que lo había hecho en otros grandes eventos como los Juegos Olímpicos o la Expo de Sevilla. Pero no fue hasta el año pasado cuando el Gobierno accedió a asumir 330 millones de euros del total, correspondientes a un préstamo del Consorcio avalado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). El gesto, celebrado por los dirigentes autonómicos y locales, dejaba sin embargo todavía por pagar otros 60 millones de euros que se adeudaban a un fondo buitre, y que a la postre se han tenido que hacer cargo de manera participada las tres administraciones que conforman el Consorcio: 24 millones el Gobierno, 24 la Generalitat y otros 12 el Ayuntamiento. Tras estos procesos, la Marina está ahora libre de deuda y es un polo ciudadano de innovación y emprendimiento, aunque también con una gestión a veces discutible.
Y es que son diversos los anuncios de puesta en marcha que se han quedado por el camino. Por ejemplo, la base del Alinghi, que debía ser el espacio comunitario del emprendimiento en la dársena y gestionado por el propio consorcio. El president de la Generalitat anunció que acogería a la división de ciberseguridad de Telefónica, que tuvo que terminar en las instalaciones de Innsomnia al no acometerse la reforma de la base. También existen otras licitaciones atascadas, como la Estación Marítima, y otros tantos proyectos de espacios que no terminan por impulsarse si la iniciativa privada no empuja para acometerlos.
-Nuevo Mestalla. Cuando el primer Botànic llegó al poder en 2015, las obras del Nou Mestalla llevaban seis años paradas… y así siguen. No obstante, el verano de 2021 LaLiga firmó un acuerdo con el fondo CVC que aporta al Valencia 80 millones para infraestructuras. En ese contexto, el Consell inició la caducidad anticipada por incumplimientos de la ATE que se le había concedido para aumentar la edificabilidad y el precio de la parcela del actual Mestalla, pero le dio al club 90 días para presentar un proyecto "creíble" a cambio de mantener los beneficios urbanísticos. Hace unos días el Valencia presentó un nuevo proyecto de 110 millones, con un estadio rebajado en cuanto a aforo y acabados. Con él, pidió al Ayuntamiento una modificación de la licencia y a la Generalitat que dé marcha atrás en la caducidad de la ATE para mantener la seguridad jurídica. En cuestión de días se espera que el Consell explique oficialmente cómo ve el proyecto y que desde el consistorio digan si basta con la modificación o hace falta una licencia nueva. Sin duda, uno de los 'elefantes blancos' más atascados.
-La ampliación del Hospital Clínico de València. A la llegada del Botànic, había un convenio firmado entre el Consell del PP y la Universidad Politécnica de València para la compra del edificio que nunca se había ejecutado. El acuerdo había caducado por lo que se firmó de nuevo y se adquirió para poder ejecutar la ampliación del centro hospitalario que hoy está en marcha. Eso sí, ya acumula diversos retrasos desde que se realizó el primer anuncio y ahora la fecha de finalización de las obras de la construcción del nuevo edificio de hospitalización se sitúa en 2024, cuando inicialmente se pensaba que la primera fase estuviera lista a finales de este ejercicio.
-Antigua Fe. Tras varios años de estancamiento, el proyecto iniciado va dirigido a la atención sanitaria en el llamado Espai Sanitari Campanar Ernest Lluch. Se recibió un solar con edificios abandonados y se ha recuperado el espacio para dar servicio al barrio con el centro de salud y de especialidades que se está construyendo y, más adelante, un complejo de crónicos, larga estancia y salud mental, entre otros servicios ya definidos. La inversión prevista cuando se anunció en 2016 fue de 146 millones de euros y el plazo de finalización de las obras se prevé para el primer trimestre de 2023.
-Sociópolis. Durante años, la torre de Sociópolis ha sido uno de los grandes vestigios de lo que fue la crisis inmobiliaria en València. Fue en 2005 cuando el entonces conseller de Obras Públicas, Rafael Blasco, condenado posteriormente por el 'caso Cooperación', presentó su megaproyecto de más de 2.000 viviendas en el barrio. Pero solo se levantó el esqueleto de un complejo de 184 viviendas de protección pública, que se paralizó en 2011 y acabó pasto de la degradación y el vandalismo. Ahora, 17 años después, la Generalitat retoma la actuación y ya ha licitado por 23'4 millones de euros las obras para culminar este edificio formado por dos torres de 14 y 20 alturas con 210 plazas de aparcamiento en dos plantas de sótano y ocho locales comerciales en planta baja.
-Feria Valencia e IFA. Pese a que era uno de los primeros problemas a resolver, al Consell del Botànic le ha costado dar con la solución para asegurar la viabilidad de los recintos feriales valencianos, agravada en los últimos tiempos por el desplome de la actividad causado por la covid. En el Palau de la Generalitat siempre se ha tenido claro que esa solución pasaba por asumir la millonaria deuda que arrastraban Feria Valencia e IFA, –más de 480 millones y 45 millones, respectivamente–, pero la definición del nuevo modelo de gestión de los recintos feriales ha sido objeto de discrepancias internas entre los socios del Consell y ha demorado varios años el desenlace.
Finalmente, una vez descartada la propuesta de Economía para transformarlas en corporaciones de derecho público al estilo de las cámaras de comercio, Feria Valencia e IFA han pasado a ser empresas públicas de la Generalitat. Con ello, la administración autonómica adquiere el derecho de uso de los distintos recintos feriales y puede resarcirse del hecho de haber asumido todo el pasivo. La cuestión ahora es decidir qué uso se les da a los edificios, que en el caso de Feria Valencia ya ha servido como almacén improvisado de la reserva estratégica de material sanitario contra la covid.
-Aeropuerto de Castellón. Otra gran infraestructura que el Botànic heredó sin uso, aunque que en este caso ya estaba en camino la solución. Tras apartar Alberto Fabra y Javier Moliner, ex presidentes de la Generalitat y la Diputación, respectivamente, de la sociedad pública Aerocas a Carlos Fabra, hasta entonces mano ejecutora del proyecto, se logró alcanzar un acuerdo con la francesa Lavalin. No obstante, fue con Puig en la Generalitat, concretamente el 15 de septiembre de 2015, cuando llegó el primer avión al polémico aeropuerto tras cerrar un acuerdo con Ryanair concretando tres rutas a la semana. Hasta ese momento, el coste de la infraestructura ascendía a 200 millones de euros de dinero público y varios escándalos mediáticos, como la inauguración en la etapa del PP años antes de que llegara un avión. Desde 2019, la Generalitat asumió la gestión y los costes aunque también genera ingresos por tasas aeroportuarias, con lo que se equilibra. Al mismo tiempo, se ha abierto una estrategia potente de diversificación para mejorar la rentabilidad.
-Edificio de Borrull. El edificio de los antiguos juzgados era una gran mole con las puertas tapiadas y cerrada desde 2006 en el corazón de Castelló de la Plana. Ahora mismo está en proceso de reconstrucción para albergar los servicios sociales de la Generalitat. Entre la compra y la reforma, la inversión asciende a 14,4 millones de euros en 12.200 metros cuadrados y pese a la firma de un acuerdo con el ayuntamiento para repartir costes, al final es la administración autonómica es la que asume todos los gastos.
-Centro de experimentación de los frutos secos. Inmueble en Almassora que tuvo un coste de 2,4 millones de euros con cargo a la Generalitat. La obra se acabó en 2010, todavía con el PP al mando, pero el edificio nunca llegó a inaugurarse ni tuvo ningún uso relacionado con este fin. Tras conversaciones con Generalitat e Instituto de Tecnología Cerrámica para utilizar el espacio, el pleno del Ayuntamiento de Almassora aprobó la modificación de uso el 15 de mayo de 2017. Posteriormente, el ITC trasladó al 50% de su plantilla, cerca de 40 trabajadores dedicados a la investigación de pavimentos. El president de la Generalitat, Ximo Puig, lo visitó coincidiendo con el anuncio de su puesta en marcha en 2017 y ya en pleno funcionamiento el 28 de marzo de 2019.
-Auditorio Conservatorio Internacional de Torrevieja. Edificado desde la Sociedad de Proyectos Temáticos (SPTCV), tuvo un coste de unos 53 millones de euros y una construcción de cinco años. En 2011 se procedió a su inauguración, si bien numerosas deficiencias y la ausencia de un operador lastraron la operatividad de las instalaciones, que a la llegada del Botànic en 2015 se encontraban en desuso, especialmente en lo referido al conservatorio. La Generalitat, tras revisar deficiencias y actualizar permisos, lo puso en marcha en 2019 y en noviembre del pasado año cedió la gestión al ayuntamiento, que ha licitado la externalización de la gestión a la que han concurrido varias empresas y cuya adjudicación encara ahora la recta final.
-Centro Cultural de Benidorm. También impulsado desde la SPTCV -44 millones de inversión a priori- en la etapa de gobierno del PP, se puso la primera piedra para construcción en 2007, aunque el proyecto había sido anunciado por primera vez siete años antes. Tras muchos problemas y paralizaciones, la primera fase del proyecto, con una inversión de casi 13 millones de euros, se ha finalizado de la mano del Botànic, mientras se estudia la segunda etapa del centro.
-El túnel de TRAM de la Serra Grossa. A la llegada al poder del Botànic, era una obra en suspenso desde 2013 por falta de liquidez del Ejecutivo del PP. En 2017 se recupera la obra con una inversión total de 33 millones de euros y a finales del año siguiente entra en servicio en lo que se considera un hito para la movilidad sostenible en la ciudad.
-Antiguos juzgados de Orihuela. Aquí el Botànic ha desatascado un desaguisado patrimonial: la Generalitat devolvió el viejo edificio de juzgados al ayuntamiento -en su día cedido por el consistorio al ministerio- y ha pasado a pagar un alquiler por el uso de los nuevos juzgados.
Por otro lado, una de las características del Botànic desde su llegada al poder es la compra de edificios considerados de valor patrimonial con el objetivo de que queden para el servicio público. Ahora bien, aunque la inversión pueda ser razonable según precios del mercado, después queda el reto de que el posterior uso también resulte justificado y este patrimonio no se convierta, así mismo, en nuevos 'elefantes blancos'.
De esta manera, la Generalitat ha adquirido los edificios de correos de Castellón, Elche, Alicante -en total unos 8 millones de euros- y València. Este último, uno de los más emblemáticos de la ciudad, ha tenido un coste de 24 millones de euros y todavía se estudia su uso posterior, aunque todo apunta a utilizarlo como una especie de centro de regiones europeo.
No ha sido la única inversión de estas características: en diciembre de 2020, la Conselleria de Hacienda a través del área de Patrimonio adquiría por cinco millones de euros el Palau de Tremolar, situado en el corazón de la ciudad y que se destinará en principio a dependencias de la Generalitat, aunque todavía se encuentra en fase de rehabilitación.
Otra espacio patrimonial cuya compra se ultima es la del Palacio del Marqués de Rafal en Orihuela, valorado en 4,5 millones de euros y dondela Generalitat planea instalar las oficinas del Plan Vega Renhace y también el Centro de Estudios del Agua, entre otros usos.
Ahora bien, en otras ocasiones los esfuerzos se dirigen a la rehabilitación de espacios con el siempre peligro de demora que alargue la paralización de los edificios. En 2018 se anunció la reforma integral de la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en València, con un coste de 24 millones de euros. Estamos en 2022 y las obras aún no han comenzado, si bien parece que podrán iniciarse en verano de este año.
