CASTELLÓ. Los macroproyectos residenciales ligados al golf en Sant Jordi y Burriana viven realidades antagónicas. Mientras la ampliación del primero ha sido enterrado casi de forma definitiva por el Ayuntamiento, el segundo avanza en los trabajos de urbanización... lento, pero con paso firme.
En Sant Jordi, el consistorio ha aprobado recientemente descalificar el ámbito del sector del golf, que incluye tres PAI cuyo suelo pasa a ser urbanizable sin ordenación pormenorizada. La actual gestora del campo de golf, Avanza Golf Panorámica, se declaró en concurso de acreedores en 2019 y bajo este condicionante sigue ofreciendo sus servicios. De forma paralela, pero separado de ella, la promotora del tercer PAI, Sant Jordi del Maestrazgo SL, también entró en concurso y ya se extinguió, como el resto de la rama urbanística del grupo PGP, que ya se ha liquidado.
Ahora el Ayuntamiento le ha retirado de forma definitiva la condición de agente urbanizador del macroproyecto residencial y ha decretado la caducidad del PAI. Además, con la descalificación del suelo, los terrenos que fueron incluidos en la iniciativa urbanística vuelven a su situación previa, de forma que los propietarios de los tres PAI, en muchos casos vecinos de la localidad o de poblaciones cercanas, dejan de pagar el suelo como urbano, algo que venían solicitando, explican desde el consistorio.
En cambio, en Burriana, Sant Gregori Golf sigue dando nuevos pasos. Los propietarios de terrenos afectados ya han pagado a la empresa promotora del PAI la cuota de urbanización 00 y el Ayuntamiento ha aprobado devolver 3 de los 20 avales relacionados con esa cuota 00 que depositó la mercantil. En total, la promotora Urbanización Golf Sant Gregori ha recuperado 300.000 de los 1,86 millones de euros que entregó al consistorio en avales para esa cuota 00, detallan fuentes municipales.
De forma paralela a la fase inicial de los trabajos de urbanización, la promotora del PAI y el Ayuntamiento ya tramitan las expropiaciones de 43.382 metros cuadrados de suelo a 127 propietarios para ejecutar las obras de las conexiones externas del golf. Los trabajos concretarán el acceso por carretera a la futura zona residencial desde la CV-18.
El tramo inicial tendrá dos nuevos viales con aceras y carril bici unidos por una rotonda. A continuación, el Camí la Cossa será ensanchado. Las obras de las conexiones externas también incluirán las acometidas a la depuradora y el abastecimiento eléctrico del futuro complejo residencial. Las canalizaciones de aguas residuales se harán en cinco tramos y por caminos secundarios.
Además, el Ayuntamiento y la promotora también trabajan en los trámites para ejecutar la red de drenaje de la futura urbanización. Las fuentes municipales señalan que ya se ha solicitado a la Conselleria de Agricultura la preceptiva autorización para verter al mar las aguas pluviales que procedan de esas canalizaciones mientras se sigue dando pasos para aprobar el proyecto, que abarcará el futuro parque natural municipal (51.745 metros cuadrados), los diferentes parques (265.166 metros) y el campo de golf de 18 hoyos con la zona deportiva anexa (732.837 metros cuadrados).
Desde el consistorio explican que la red de drenaje será necesaria porque el macroproyecto residencial incluye el campo de golf, itinerarios en bicicleta y deportes hípicos, una zona hotelera, así como la creación de un paseo marítimo y la regeneración de la línea de costa. La zona inundable del PAI será la que ocupe el campo de golf, de ahí la importancia de la red de drenaje. Las obras durarán 19 meses y están presupuestadas en 16 millones de euros.
Actualmente, la empresa promotora sigue inmersa en los trabajos arqueológicos de la zona del Camí Marjalet y en la excavación de la villa romana a unos 100 metros de la costa.
Si bien es verdad que el horizonte judicial está más despejado tras el reciente archivo de la querella criminal que interpusieron varios propietarios afectados por el Golf Sant Gregori contra la alcaldesa, Maria Josep Safont, y el resto del equipo de gobierno, las fuentes municipales creen que el macroproyecto seguirá judicializado en el próximo año de una manera u otra. Por eso, el consistorio ha contratado al abogado externo Jeremías José Colom Centelles, con despacho en Vinaròs, para reforzar la defensa jurídica municipal en este PAI. La defensa legal hasta finales de septiembre de 2022 costará 18.150 euros.