CASTELLÓ. Torun Pine SA, una de las dos mercantiles que opta a retirar la cruz de Ribalta (la otra es Vainsa Infraestructuras), ya trabaja con el Ayuntamiento de Castelló desde hace meses. La empresa balear ganó en agosto y junio de este año las licitaciones para, por un lado, acondicionar el aula de 2 años del CEIP Carles Salvador y, por otro, reformar los aseos de Primaria y mejorar el acceso peatonal de Infantil en el Mestre Carles Selma, respectivamente. Ambas obras forman parte del Plan de Inversiones de Reactivación Económica de Castelló (Pirecas).
La mercantil con sede en Palma de Mallorca acumula proyectos con el consistorio de la capital de la Plana por un importe de 80.000 euros. No en vano, se trata de uno de sus mejores clientes en su corta trayectoria desde que se constituyó el 1 de junio de 2021.
Torun Pine lleva realizados en 2022 actuaciones por un valor superior a los 270.000 euros. Todas las obras civiles son con entidades públicas y siempre relacionadas con la construcción, lo que atestigua su solvencia para retirar el monumento de Ribalta y restituir el jardín de 1926, como establece el proyecto. A pesar de tratarse de una empresa de reciente creación, en su primer ejercicio contable ya facturó 150.000 euros.
En el caso de Vainsa Infraestructuras, posee mayor experiencia, ya que se fundó en 2010. Como grupo multidisciplinar con sede central en Alfafar, cuenta con varias divisiones, lo que le permite ejecutar de manera integral actuaciones tanto a nivel nacional como internacional.
Como explica el portavoz del gobierno municipal, José Luis López, las concurrentes ofrecen suficientes garantías económicas y técnicas para retirar la cruz. No obstante, una de las dos todavía debe subsanar un error de forma sobre la documentación para seguir en el concurso público. De hecho, si no lo hace en el plazo de tres días, automáticamente quedará excluida, con lo que la otra postulante será proclamada automáticamente por la Mesa de Contratación como adjudicataria.
Sin embargo, desde el Acord de Fadrell se confía en que esa subsanación se produzca dentro del plazo fijado, de manera que haya que decidirse entre dos ofertas. Aunque desde el ejecutivo local se evita hablar de fechas, si todo se desarrolla según lo previsto, las obras podrían iniciarse en dos o tres semanas. En este caso, la ejecución concluiría a principios de diciembre en vista de que los trabajos abarcan un periodo de mes y medio.
La elección respecto a la adjudicataria se tomará en base a la propuesta financiera más baja y ventajosa para el Ayuntamiento. Es el mismo criterio que se siguió con la primera licitación y que ganó Solaris Purgaret, firma que posteriormente renunció por el conflicto legal con la Fundación Abogados Cristianos.
Sin embargo, a diferencia del primer pliego, el actual exige a las participantes el cumplimiento de una serie de requisitos. Los más relevantes son probar un volumen anual de negocios de al menos 90.000 euros, presentar una relación de actuaciones realizadas, declarar la disposición de maquinaria, material y equipo necesario para acometer el proyecto y constituir un aval del 5% del precio final ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).