CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló le sigue dando vueltas al nuevo contrato para gestionar el recinto de Ferias y Mercados, cuya licitación continúa sin fecha y apunta a finales de 2024 o principios de 2025. Ante la dificultad de garantizar una rentabilidad por la explotación, los técnicos municipales analizan la posibilidad de utilizar fondos europeos sobrantes de otros proyectos (por ejemplo, de la reforma de Ferrandis Salvador) para rebajar la inversión que deba asumir la concesionaria con vistas a arreglar los numerosos desperfectos.
Según los cálculos realizados en la pasada legislatura, cuando se rescató la infraestructura por la situación concursal de la adjudicataria, Refeyme, las carencias existentes por falta de mantenimiento obligan a realizar obras por un importe de 2,5 millones de euros, aproximadamente. Las actuaciones han de correr por cuenta de la empresa gestora, que amortiza su aportación económica a través del canon anual y la duración de la explotación.
Esa era la idea primigenia del anterior ejecutivo local (PSPV, Compromís y Podem-EU), y con la que estaba de acuerdo el equipo de gobierno del PP y Vox. Sin embargo, la necesidad de realizar un desembolso tan grande reducía (y reduce) el atractivo para las empresas interesadas en gestionar el recinto ferial. De ahí que ahora se esté valorando la alternativa de emplear financiación Next Generation para que el coste de la rehabilitación resulte ostensiblemente inferior.
El OK sobre la disponibilidad de los fondos depende del Ministerio. "Se ha hecho la consulta y estamos a la espera de Intervención del Estado", explica el portavoz del gobierno municipal, Vicent Sales, quien admite en este 2024 no estará resuelta la nueva concesión. "Estamos dando autorizaciones de ocupación hasta noviembre", en alusión a la Feria de Todos los Santos.
El recinto de Ferias y Mercados, un espacio de 48.887 metros cuadrados y que costó 3,3 millones de euros, empezó a funcionar en 2008 con una concesión privada de 40 años a Refeyme. En 2011, la empresa entró en concurso de acreedores al acumular impagos por valor de 10 millones de euros, de los que 8,5 correspondieron a una hipoteca solicitada para financiar la construcción, 200.000 obedecieron a la Agencia Tributaria y 1,2 millones a proveedores. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con Hacienda, la mercantil solicitó al juzgado la liquidación de la sociedad.
Con el nombramiento de administradores concursales, la compañía siguió operando, pero ya supeditada no solo al proceso concursal, sino también a la resolución del contrato por parte el Ayuntamiento, lo que sucedió en mayo de 2020. A partir de ese momento, el consistorio comenzó a trabajar en el nuevo pliego de explotación. Sin embargo, la complejidad técnica impidió al anterior gobierno municipal sacarlo a concurso.
A raíz de las elecciones de 2023 (28M) y el cambio de signo político, hubo que empezar casi de cero. Eso sí, siempre teniendo en cuenta lo imperativo de realizar una fuerte inversión en la instalación para mejorar las prestaciones. Y en eso está el actual ejecutivo desde hace meses.
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