Los propietarios del PAI de Torreblanca recurren contra los plazos que impone un Pativel en revisión

CASTELLÓ. La Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) Azahar Sea de Torreblanca, propietaria de los terrenos donde se proyecta el PAI del Golf de este municipio, ha presentado ante el Ayuntamiento un recurso de reposición contra el acuerdo plenario de abril de 2024 en el que se les adjudicó la condición de urbanizador. En dicho recurso solicitan al consistorio que suspenda los efectos de algunas  de las obligaciones indicadas en el acuerdo, especialmente las que impone la aplicación del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) que, recuerdan, está siendo revisado por el gobierno valenciano. El recurso ha sido abordado en una junta de portavoces extraordinaria y urgente celebrada este jueves.

En el escrito, la AIU (todavía integrada por la Sareb antes de la venta a Fomento Urbano) quiere dejar constancia de que su petición de suspensión no afecta a la aprobación del PAI ni a su designación como urbanizadora del proyecto, y reitera su apuesta por seguir adelante con el proyecto, pese a su "disconformidad" con parte de las obligaciones aprobadas por el Ayuntamiento. 

El recurso de los propietarios del PAI se dirige principalmente contra los efectos que la aplicación del Pativel tiene sobre este desarrollo urbanístico. Así, cabe recordar que la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental emitió una resolución el 21 de febrero en la que daba seis meses de plazo al consistorio (hasta el 21 de agosto) para que notificara un acuerdo plenario en el que se notifique la aprobación definitiva del proyecto y se justifique y acredite la disponibilidad y abastecimiento de recurso hídricos. En caso contrario, los suelos pasarían a ser catalogados como suelo no urbanizable de protección litoral y con prohibición de levantar nuevas edificaciones sobre ellos en aplicación de la citada normativa. Además, también imponía un cronograma con una fecha tope para el fin de las obras: antes del 12 de mayo de 2028.

La AIU alega que "la exigencia de tener que asumir determinadas obligaciones como el aducido infranqueable plazo de finalización de las obras de urbanización del PAI no se ajusta al principio de proporcionalidad". Además, en su recurso explican que "carece de base el tener que verse necesariamente constreñido" por el Pativel cuando la propia Generalitat "está promoviendo una ley autonómica en materia de costas, cuyo anteproyecto ha sido expuesto al público recientemente y en el que se plantea la revisión total" de esta normativa. "No parece tener sentido que se exija el cumplimiento de un plan territorial que, según la propia Administración promotora del mismo no es el instrumento más adecuado para regular la costa", sostienen.

Por ello, los propietarios del PAI instan en su recurso al Ayuntamiento a que consulte con la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio si, en vistas del citado anteproyecto de ley, "se mantienen los criterios indicados en su resolución del 21 de febrero y que parece que tienen su causa única en el Pativel". 

"Plazos desmesurados e irreales"

Del mismo modo, la AIU Azahar Sea Torreblanca cuestiona los plazos dados por el consistorio para aceptar los requerimientos impuestos en el acuerdo plenario (15 días), así como el plazo de un mes para asumir todos los condicionantes indicados en el acuerdo plenario, entre ellos, la presentación de garantías por más de 15 millones de euros. 

"Plazos tan escuetos como los que se plantean para un proyecto de la complejidad y relevancia que tiene el PAI resultan desmesurados e irreales", alegan. Además, defienden que, si esos plazos responden a la necesidad de cumplir con la resolución de Medio Ambiente y evitar que el suelo revierta a no urbanizable en agosto, el Ayuntamiento debería confirmar con el departamento autonómica si dicha resolución se mantiene en base al proyecto de revisión del Pativel. 

Por todo ello, los dueños y agentes urbanizadores del PAI piden suspender los efectos de esos puntos del acuerdo plenario de abril y avisan: "De no suspenderse, además de tener la AIU que aceptar las obligaciones que aquí se impugnan, esto podría llegar a comprometer el desarrollo de la actuación".