Pulso en Castelló por los libros LGTBI: Vox pide una reunión para retirarlos y el PP avisa que cumplen la ley

CASTELLÓ. Se avecina el primer pulso en el seno del nuevo ejecutivo del Ayuntamiento de Castelló a cuenta de los libros con temática LGTBI y de diversidad sexual. Vox, socio minoritario del PP, está decidido a retirarlos de la sección de infantil y juvenil de la biblioteca municipal de la calle Mayor. Sin embargo, en el Partido Popular se considera que los ejemplares "están en el espacio adecuado", asegura el portavoz del gobierno, el popular Vicent Sales.

"Los libros de Castelló donde están, estarán y están muy bien donde están. Se cumple lo que marca la normativa en ciudades de más de 20.000 habitantes", agrega Sales, en alusión a la Ley 4/2011, de 23 de marzo, de bibliotecas de la Comunitat Valenciana. El artículo 20, en relación al desarrollo de las colecciones, señala que "los centros de la red contarán con contenidos en materia de diversidad sexual, familiar, de género y de desarrollo sexual respetuosos con los derechos humanos. En los municipios de más de 25.000 habitantes conformarán una sección específica".

Una reunión con la concejala de Cultura

Ante la solicitud del partido de extrema derecha de seguir el ejemplo de Burriana, el concejal del PP aclara que "a nosotros no nos consta la petición. Todo lo contrario. Lo que nos transmite Vox es que ellos están a lo que marca la legalidad vigente y, por lo tanto, no hay ninguna modificación". Sin embargo, según ha podido saber este diario, el regidor de Familia, Alberto Vidal, ha planteado a la concejala de Cultura, la popular María España, celebrar una reunión para abordar el tema.

Ese encuentro, por motivos de agenda, tendrá lugar como pronto a mediados de la semana próxima. Fuentes consultadas aseguran que la respuesta a la petición irá en los mismos términos que lo expresado por Sales este jueves en la posterior rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno. Este miércoles Vidal aseguró, en declaraciones a Europa Press, que la medida de retirar los libros busca acabar con el "adoctrinamiento". 

"Dejar de avalar este discurso homófobo y tomar medidas"

En este sentido, Compromís considera "intorelables las aspiraciones de la ultraderecha e instamos a todas las personas y entidades demócratas de Castelló a que rechacen la censura del gobierno del Partido Popular y Vox. La alcaldesa, Begoña Carrasco, tiene que dejar de avalar este discurso homófobo y antidemocrático y tomar medidas", afirma el portavoz de la formación valencianista, Ignasi Garcia.

El líder de la coalición recuerda que "fue el actual asesor del gobierno de Carrasco, Javier Torres, como portavoz de Abogados Cristianos, el primero que intentó aplicar la censura con la querella presentada contra la anterior regidora de Cultura, Vero Ruiz. Una querella que incluso ha sido rechazada por el Tribunal Supremo, añade.

En efecto, en Castelló no es la primera polémica que afecta a los libros con temática LGTBI. En 2021 la Fundación Abogados Cristianos llevó a los tribunales la entrega de 32 libros en 11 institutos públicos y en el Centro Pi Gros realizada por el Ayuntamiento, entonces bajo el gobierno del denominado Acord de Fadrell (PSPV, Compromís y Podem-EU). "Es intolerable que en centros públicos se faciliten libros a menores que promueven prácticas tan dañinas como el sexo con drogas", aseguraban desde el colectivo.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo aceptó la medida cautelarísima solicitada por Abogados Cristianos para retirar estas publicaciones. El Ayuntamiento presentó alegaciones argumentando que esos ejemplares no vulneran derechos fundamentales, ni la libertad religiosa, que se encuentran dentro del marco legal y que están a la venta y pueden ser adquiridos por cualquier ciudadano.

La judicialización de Abogados Cristianos

En octubre de ese año, el titular Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Castelló levantó la medida cautelar adoptada por otra magistrada -en un auto fechado el 15 de octubre- y solicitada por Abogados Cristianos que acordaba la suspensión de la entrega y retirada de los libros al considerar legal la actuación del Ayuntamiento. Según recogía la resolución, "no se ha aportado prueba alguna, siquiera indiciaria, de que concurra la ilegalidad que la actora denuncia en la actuación municipal", así como tampoco de que el contenido de los materiales -libros donados- atente contra los derechos humanos.

Finalmente, en mayo de 2022 el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Castelló desestimó el recurso presentado por la Fundación al considerar que dicha resolución administrativa está "ajustada a derecho". "La actuación municipal se ha ceñido a donar unos libros a los centros educativos públicos -Institutos donde se imparte ESO y Bachillerato- coadyuvando con los anteriores al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la citada Ley 8/2017, siendo ajeno al uso que se realice de los mismos, el cual dependerá del centro educativo, este es el quid de la cuestión", argumentó la resolución.