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Carrasco (PP) denuncia que hay un millar de viviendas okupadas en la provincia

21/09/2020 - 

CASTELLÓ. La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castelló, Begoña Carrasco, ha lamentado el "fracaso" en materia de vivienda por parte de la alcaldesa de la ciudad, Amparo Marco, y ha presentado la iniciativa legislativa que está promoviendo el PP contra las okupaciones, que -según los 'populares- permitirá modificar el actual marco legal en materia de vivienda, "con el objetivo de que los propietarios vean protegidos sus derechos legítimos y, al mismo tiempo, quede salvaguardado el derecho a una casa digna para las personas que disponen de menos recursos".

Carrasco, que ha estado acompañada por la senadora del PP por Castellón Salomé Pradas, ha explicado que "Castellón no escapa a la okupación ilegal de viviendas y, de hecho, los últimos datos oficiales del Gobierno "señalan que el número de okupaciones ilegales de inmuebles se ha incrementado en la provincia un 28 por ciento este año, al pasar de 36 de enero a junio de 2019 a 46 en el mismo periodo de este año". Frente a esta problemática, Carrasco ha lamentado que haya un gobierno "que ni hace ni deja hacer, frente a un problema, el de los okupas y la okupación ilegal de viviendas, que es un asunto que preocupa, y mucho, a los castellonenses".

En ese sentido, ha recordado que "entre enero y junio de este año el equipo de gobierno ha destinado cero euros a gestión de viviendas municipales, cero euros a estudios en materia de viviendas, cero euros a vivienda social o a rehabilitación de viviendas", y ha añadido que "ni se ha ampliado el parque de viviendas sociales de Castellón en una sola casa, ya que sigue habiendo las 217 que dejó el PP, ni se han agotado las ayudas disponibles y, por no convocar, el equipo de gobierno ni siquiera ha convocado la mesa de vivienda".

"Por el contrario, -ha dicho- ahora se dedican a poner denuncias y a plantearse la expropiación de inmuebles, a través de un derecho de tanteo y retracto de las operaciones de compraventa de inmuebles", cuestión que desde el Partido Popular entienden que es una "invasión" sobre el derecho de propiedad y la libertad individual para hacer con sus bienes "lo que oportunamente considere mejor", por lo que también han presentado un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

82 Denuncias

En cuanto a la problemática de la okupación ilegal de viviendas, Carrasco ha detallado que "el año pasado se presentaron 82 denuncias ante las fuerzas de seguridad, un 41% más que hace dos años, según el Ministerio de Interior. Y, en los últimos 5 años, se han denunciado en la provincia 423 casos de usurpaciones, casi el doble que en 2013".

A su vez, ha destacado que hay expertos que estiman que en España hay más de 100.000 viviendas okupadas de manera ilegal, un millar de ellas en Castellón, "y la inmensa mayoría de los propietarios no denuncian por coacciones". Una problemática a la que, según ha afirmado, "se suma el repunte del 9,6% que ha experimentado el impago de los alquileres, con una media de once denuncias al mes durante 2019, así como los círculos de los desahucios, que siguen sin cerrarse".

Frente a esta situación, Carrasco ha lamentado la "falta de respuestas" de una alcaldesa que, en lugar de buscar soluciones, "ha hecho un 0,64% de todo lo que prometió que iba a hacer y prefiere mirar hacia otro lado mientras la concejala de vivienda, pese a haber estado trabajando con la Plataforma Antidesahucios, se ha dedicado a calentar el sillón, encadenarse a escaleras y oponerse a la Policía Local".

Por su parte, en cuanto a los cambios legislativos que se están promoviendo desde el PP en materia de vivienda, la senadora Popular Salomé Pradas ha explicado que han presentado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley donde, en líneas generales, solicitan que se recupere el delito de usurpación, con penas de entre uno y tres años de prisión; que se facilite a las fuerzas de seguridad poder echar a los okupas de los inmuebles en un plazo máximo de 48 horas, así como medidas para combatir la proliferación de mafias en materia de vivienda.

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