Foto:FERNANDO VILAR (EFE)VALÈNCIA. La sede de San Fernando de Henares de la Audiencia Nacional ha sido la sede en la que el otrora mandamás del PP: el exconseller, expresidente de les Corts y exdirector general de la Policía Nacional Juan Cotino se ha sentado en el banquillo acusado de ser "el elemento nuclear" de los presuntos amaños orquestados por la trama Gürtel por la visita del Papa a Valencia en 2006. El juicio por la visita del Papa Benedicto XVI ha comenzado con un objetivo claro por parte de la Fiscalía Anticorrupción: conseguir la condena para Cotino, al que le piden 11 años de prisión.
Los 'cabecillas' de la trama corrupta Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez 'el Bigotes' se han vuelto a sentar en el banquillo de los acusados, esta vez junto a Cotino y el que fuera director de Radio Televisión Valenciana (RTVV) Pedro García Gimeno. En total se juzga a 22 personas -uno de los inicialmente procesados ha fallecido- para que respondan por el desembolso de más de 7 millones de euros en la contratación de las pantallas y megafonía a una sociedad pantalla de la trama Gürtel y cuyo coste permitió el reparto de una suma de 3,3 millones de euros.
La fiscal, en su primera intervención, ha solicitado que declare el 'sastre' de los trajes de Camps, José Tomás. Concha Nicolás lo ha pedido para que hable de los supuestos regalos realizados por la trama, y más concretamente sobre un chaquetón que presuntamente recibió Cotino.
También pidió que se alterara el orden de las declaraciones, poniendo por delante a aquellos que han llegado a una conformidad, empezando por el cerebro financiero de la Gürtel, el ex vicepresidente de Repsol Ramón Blanco Balín. Correa acudió al juicio con otro abogado, Miguel Durán, el mismo que defiende a Pablo Crespo.
Su defensa volvió a solicitar la nulidad de las grabaciones realizadas por José Luis Peñas por, según dijo, afectar al derecho a la intimidad y ser a su juicio ilegales. También recordó que hay un procedimiento abierto contra el inspector jefe de la UDEF en el que se está investigando si hubo actas falsas durante las detenciones, pues su tesis es que se dijo que un mismo policía estaba en diversos sitios a la vez. Por ahora, y a falta de la resolución de un juzgado de instrucción de Plaza Castilla, el Supremo ha dado validez tanto a las grabaciones de Peñas como a las actas.
El abogado de Álvaro Pérez, Javier Vasallo, anunció la colaboración de su cliente con la Fiscalía. De hecho, Pérez lleva varios años diciendo que en este juicio contará el 'tercer testamento'. Blanco Balín entregó un documento que acredita que "tras un proceso de reflexión y arrepentimiento" ha entregado 400.000 euros a la sala para "reparar el daño causado".
El abogado de Pedro García, Eugenio Ponz, también dijo que "mi defendido va a colaborar" y, acto seguido, renunció a toda la prueba propuesta al igual que a los testigos. Como el resto de defensas, pidió que una vez declare se le dispense de acudir al juicio.
La defensa de Cotino que la lleva Juan Carlos Navarro, dijo que se adjuntara un acta de un acto de conciliación contra uno de los policías nacionales, un informe analizando la normativa canónica que analiza la señal de Canal 9, otro informe sobre si la fundación V Encuentro era pública o privada y, por último, un documento que "no hemos podido descubrir" que es una carta de Cotino al juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, en la que se ponía a disposición del tribunal.
La defensa de José Luis Martínez Parra, de Teconsa, aseguró que "se está vulnerando el derecho a la tutela efectiva y al derecho de defensa porque las maniobras de la fiscalía en España, amedrentando para que las partes lleguen a conformidades, suponen una vulneración porque las conformidades se alcanzan después de presentar el escrito. Esto no ocurre en ningún ordenamiento europeo ni americano, y si la fiscalía quiere jugar a ser fiscales americanos, se tiene que hacer durante la investigación para no empezar con un procedimiento viciado".
El abogado dijo: "Mi defendido ha dicho que no pacta porque ya se le ha absuelto en Burgos y quieren juzgarle aquí otra vez por lo mismo. Mi patrocinado corre el riesgo de que por el juego entre co imputados la prueba se convierta en prueba de cargo. La fiscalía abandona su puesto de garante de un proceso con todas las garantías".
"Esto no consiste en conseguir condenas, en no dar informes al fiscal jefe, en hacer informes en los que todos los delitos son concursos reales para después cuando emitan sus conclusiones definitivas, ahí veremos el contrato del Ministerio Fiscal con las personas que hayan declarado en contra de determinadas personas", apostilló.
