Los mismos temas de siempre pero con los papeles cambiados: de los sueldos a las videocámaras

CASTELLÓ. Los mismos temas de siempre pero con los papeles cambiados. El inicio del curso político en el Ayuntamiento de Castelló constató este jueves que muchas de las polémicas que marcaron la anterior legislatura lo seguirán haciendo en la presente. Eso sí, con los roles de los grupos intercambiados al estar el PP y Vox en el gobierno municipal y el PSPV y Compromís en la oposición. Incluso, la bancada de la izquierda asumió como propia la estrategia abanderada por la derecha de interpelar continuamente a la alcaldesa, ahora la popular Begoña Carrasco (antes la socialista Amparo Marco), en busca de rédito político.

Cuestiones como las videocámaras del centro, las retribuciones de los concejales, la Agenda 2030, la cultura o las políticas sociales caracterizaron un pleno bronca por momentos, y que permitió al PP recuperar sus 11 ediles con la toma de posesión de Clara Adsuara en sustitución de Susana Fabregat. Aunque de cara a la galería hubo mucha puesta en escena (en realidad, lo habitual), los acuerdos de la corporación apenas resultaron de alcance para la ciudadanía.

Tampoco sorprendió la vehemencia del partido de extrema derecha en el único debate, así como la porfía entre el valencianista Ignasi Garcia y la socialista Patricia Puerta por liderar el discurso de la oposición. Los puntos de mayor fricción entre los bloques se produjeron a la hora de abordar la moción del PSPV en defensa de las políticas sociales y cuando se trató el apartado de ruegos y preguntas.

Una moción que murió en la orilla

En la discusión sobre la propuesta del PSPV (murió en la orilla por el rechazo del ejecutivo), los grupos aprovecharon sus intervenciones para testimoniar las líneas ideológicas. Puerta, que repasó los logros cosechados por el Acord de Fadrell en el postrero mandato, afeó a PP y Vox su voto en contra. "Ya han dejado claras sus prioridades, pues nada más acceder al equipo de gobierno la alcaldesa decidió eliminar directamente áreas como LGTBI o Memoria Histórica. La ciudadanía debe saber que esta eliminación la hizo la señora Carrasco ella sola, sin Vox, justo antes de firmar el pacto de la vergüenza con el que ha metido a la ultraderecha en el gobierno municipal".

En la misma línea, Garcia recordó los avances conseguidos por el anterior ejecutivo local, que "revertieron los recortes del PP". Asimismo, ensalzó el papel de su partido para materializar esos cambios. Por el contrario, acusó a la alcaldesa de haber convertido el Ayuntamiento de Castelló "en una sucursal" del Consell.

"Hipócritas" y "limosneros"

Alberto Vidal (Vox) se mostró especialmente duro con la oposición y sus políticas sociales. Tanto que ante el riesgo de escenificar una única voz del gobierno local aclaró que estaba dando la opinión de su partido. El regidor calificó a los socialistas de "hipócritas" y "limosneros". "Vergüenza es lo que me daría a mi presentar esta moción después de haber estado gobernando ocho años. Llevar en mi partido el nombre de obrero y tenerlos a todos en contra, dar limosna a los pobres para sentirse bien pero no hacer nada para que dejen de ser pobres", aseveró.

Por su parte, Vicent Sales (PP) señaló que "es muy humano y comprensible que los compañeros de la oposición intenten reivindicar su legado pero tanto como plasmarlo en una moción, es un poco exagerado". En su crítica al PSPV y Compromís, recalcó que "ustedes, que presumen de rescatar personas, eran incapaces de hacer llegar el dinero a quienes peor lo estaban pasando y, mientras, a las puertas de Servicios Sociales, las colas del hambre en busca de vales para comer evidenciaban que el Ayuntamiento era insensible a las necesidades de quienes no llegaban a pagar el alquiler, la luz o el agua".

Bronca en el apartado de ruegos y preguntas

El tono bronco prosiguió en el punto de ruegos y preguntas. La formación valencianista interpeló a la alcaldesa sobre los sueldos de la corporación, la defensa de las tradiciones y las videocámaras. En este tema, Garcia habló de "efecto llamada" ante el anuncio de dejar de sancionar y denunció que "hemos pasado de los 1.500 multas semanales a las 5.000". Carrasco insistió en que la idea de su equipo de gobierno estriba en suprimir el sistema sancionador antes de concluir el año, pero advirtió de la dificultad técnica y jurídica.

La fuerza socialista igualmente dirigió sus preguntas a la primera munícipe, a la que exhortó sobre el regreso de Quique Viñes la oficina de urbanismo por la Marjaleria, la Zona de Bajas Emisiones o la continuidad del Plan LGTBI+. La alcaldesa se comprometió a responder por escrito a cada una de las de consultas. En el caso del ex jefe de Protocolo, admitió la necesidad de cubrir la plaza.