CASTELLÓ (EFE). El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Castelló, aprobado recientemente tras años de paralización por sentencia judicial, supondrá a juicio de algunos de los candidatos a la alcaldía un instrumento para el crecimiento económico, mientras que otros consideran que lo coarta, según explican a EFE.
La alcaldesa y candidata socialista a la reelección, Amparo Marco, asegura que el nuevo planeamiento urbanístico "es en sí la base para atraer inversiones, porque da la seguridad jurídica necesaria que hasta ahora" no se tenía, y reivindica que el PGOU "proyecta un crecimiento racional y sostenible para los próximos 20 años".
Marco destaca que ese plan reserva más de 6,4 millones de metros cuadrados para nuevos desarrollos, de los cuales, 4,2 millones son para actividades económicas (más de 3 millones para uso industrial y más de 1 millón para uso terciario), y 2,14 millones de metros cuadrados residenciales.
El candidato de Compromís, Ignasi Garcia, coincide en que el PGOU da una garantía jurídica necesaria en una ciudad donde había decenas de inversiones que "estaban paralizadas por el simple hecho de no contar" con un plan general.
Ahora, Garcia apuesta por que el Ayuntamiento sea "parte activa en la reactivación de los polígonos industriales que, fruto de la especulación inmobiliaria, ahora son bosques de farolas", y que busque incentivos para el uso del suelo industrial.
Para la candidata a la alcaldía de Unides Podem, Marisol Barceló, el PGOU es un "instrumento fundamental" para el desarrollo de una ciudad "más verde, más inclusiva y más feminista", frente a un modelo "depredador de burbuja inmobiliaria", y apuesta por un Plan de Barrios que desarrolle nuevas áreas residenciales e incluya hasta 3.800 viviendas públicas.
La candidata del PP a la alcaldía, Begoña Carrasco, sostiene que este PGOU no da la seguridad jurídica necesaria y recuerda que hay 34 recursos en los juzgados contra el mismo, porque "desprotege más que nunca a la Marlajeria y no deja crecer la ciudad hacia el mar".
Desde el PP "cambiaremos aquello que no funciona o que limita para que Castellón pueda crecer y recuperar la capitalidad que el PSOE le ha hecho perder estos años", asegura Carrasco.
La postura del candidato de Ciudadanos, Eduardo del Pozo, es de crítica con los 8 años de Gobierno del Fadrell, al que acusa de hacer que "la ciudad no sea atractiva para la implantación de la industria, ni para la de nueva inversión, ni para aquellos que quieren ampliar sus fábricas".
En opinión del aspirante de Vox, Antonio Ortolá, que el PGOU dote de suelo industrial a la ciudad "no conlleva de por sí una inmediata recuperación económica", por lo que apuesta por "generar la estabilidad y seguridad jurídica para atraer inversión", con la bonificación de impuestos a la instalación de empresas y la rebaja del IBI y de las tasas de construcción.
El equipo de gobierno descarta recurrir y su portavoz, Vicent Sales, señala sobre el cambio que "el que lo hizo, lo hizo a conciencia". El Ayuntamiento está pagando para expropiar 80 euros/m2 por suelo urbano y 11 euros/m2 por el rústico.