CASTELLÓ. (EP). La Diputación de Castellón ha aprobado este martes, por unanimidad, en el pleno el primer Plan de Igualdad de Oportunidades de la institución, que ve la luz con trece años de retraso, ya que la Ley de Igualdad de 2007 obliga a promover la igualdad de forma activa para eliminar cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, según ha informado la institución provincial en un comunicado.
El documento, impulsado en tan solo un año de gestión, tendrá un periodo de aplicación quinquenal, consta de 13 ejes e incluye 63 acciones que, según la vicepresidenta y responsable del área de Igualdad, Patricia Puerta, serán de obligada aplicación en todos y cada uno de los ámbitos de desarrollo de actividad de la institución.
El documento aprobado se estructura en diferentes áreas que incluyen acciones diseñadas para garantizar la igualdad en todos los procesos de selección y contratación, clasificación profesional, promoción, formación, condiciones de trabajo y el ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral. Además, promueve el análisis de la presencia feminizada o masculinizada, las retribuciones y la prevención del acoso sexual.
Durante su intervención, la vicepresidenta ha señalado que "hoy es un día importante para la Diputación", y ha puesto en valor que el plan aprobado *ha sido fruto del consenso" y que en su elaboración han participado todas las fuerzas políticas y agentes sociales representadas en la casa. También ha incidido en el hecho de que "una vez creada el área de Igualdad, la primera decisión que se adoptó fue constituir una comisión negociadora para la elaboración de este plan".
La vicepresidenta ha agradecido la colaboración prestada por todas las personas que han intervenido en la elaboración del Plan de Igualdad, y muy especialmente, la de la funcionaria, Ana Portal.
Por su parte, el diputado del Grup Compromís, Pau Ferrando, ha argumentado que la pandemia ha recordado que con cada crisis empeoran las condiciones laborales y vitales de la mitad de la población: las mujeres. En este sentido, -ha dicho- "la aprobación de este Plan de Igualdad es un primer paso e ineludible para erradicar las violencias estructurales y simbólicas que todavía hoy dificultan la autonomía y la igualdad de condiciones y de oportunidades por razón de género".
Para la coalición valencianista, el Plan de Igualdad de la Diputación de Castellón, tendrá que servir de base para materializar también los planes de igualdad de los municipios de la provincia, "a los que esta administración tendrá que dar su apoyo para que lleven a cabo los suyos propios".
Por otra parte, el presidente de la Diputación, José Martí, ha leído una declaración institucional consensuada por todos los grupos para reafirmar el compromiso de la Diputación con la igualdad de género y la implementación de acciones para la erradicación de la violencia contra las mujeres.
Se trata de una decisión que se adopta a escasas fechas de la celebración del 25 de Noviembre, Día para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El texto también recoge la voluntad de la institución de combatir los posicionamientos políticos que defienden la negación de la existencia de la violencia de género o el rechazo de las políticas públicas destinadas a su erradicación total. Además, aboga por promocionar la sensibilización y la prevención como antídoto contra el machismo.
El pleno de la Diputación también ha mostrado su respaldo al sector agroalimentario valenciano a través de una declaración institucional pactada por todos los grupos, en la que se solicita que el Gobierno de España defienda en Europa los intereses del sector.
En el texto, leído por el presidente, José Martí, se insta al ejecutivo español y la Comisión Europea a que actúen contra la competencia desleal en las importaciones de productos procedentes de terceros países, exigiendo tratamiento en frío y rigurosidad en las inspecciones en todos los puertos de la Unión, prohibiendo la entrada de la producción que haya sido tratada con plaguicidas y fungicidas, por estar prohibidos por la UE.
Además de la exigencia de reciprocidad en materia fitosanitaria, el texto aboga por la denuncia de los tratados con países que actúen de forma desleal respecto a la agricultura española y la exigencia de la trazabilidad y el etiquetaje de todos los productos importados.
También se solicita el aumento del presupuesto de la nueva Política Agraria Común (PAC) y que no disminuya a consecuencia del Brexit, así como la adopción de acciones que ayuden a superar el veto ruso. Por otra parte, se insta a la instauración de planes de ayudas para la modernización de las explotaciones agrarias y las industrias agroalimentarias y a la aportación de más presupuesto para luchar contra las plagas.
En la sesión plenaria de este martes el equipo de gobierno ha dado cuenta del grado de ejecución del presupuesto de 2020 en el tercer trimestre, en el que se ha cumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria exigido por el Plan Económico y Financiero (PEF) que la institución se vio obligada a aprobar el pasado mes de marzo "tras los incumplimientos del anterior equipo de gobierno con la regla de gasto instaurada durante el mandato del presidente Rajoy".
