VALÈNCIA. El castellonense Iván Losada se enfrenta a un nuevo juicio que está fijado para la próxima semana a la espera de si se podrá celebrar. Esta vez, en la Audiencia de Valencia por simular operaciones inmobiliarias con el objetivo de pagar menos IVA, hechos por los que la Fiscalía solicita una pena de cuatro años de cárcel tanto para él como para el empresario valenciano Ángel de Cabo y otros dos acusados: Iván Losada, Fernando Juan Lavernia y José Vicente Semper.
De Cabo y Losada fueron dos de los condenados en 2015 en el caso Marsans por el vaciamiento patrimonial del gigante turístico junto al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán. De hecho, el castellonense fue el último director de la compañía turística. Lavernia figuró también junto a De Cabo en la causa de Nueva Rumasa, el entramado corporativo de la familia Ruiz-Mateos. En cuanto a Semper, fue empleado del empresario.
La Fiscalía sostiene que los acusados usaron una sociedad pantalla para generar cuotas de IVA soportado ficticias y obtener así devoluciones indebidas del impuesto
Los presuntos delitos giran en torno al uso de una mercantil, Astarius, que en realidad era pantalla. Ésta fue constituida en 2008 por Ramón Cerdá, dedicado a crear sociedades para venderlas a terceros y que durante una década nutrió de empresas opacas a numerosas tramas de corrupción en España, según han concluido diversas investigaciones.
La Fiscalía relata en su escrito que la firma pasó a estar bajo el control efectivo de De Cabo y en ella ocuparon algún cargo el resto de los acusados. Astarius, recoge el escrito, fue adquirida como sociedad instrumental al igual que otras del conglomerado del empresario, protagonista de numerosos procedimientos judiciales.
Lo hizo, sostiene el Ministerio Público, como sociedad pantalla "con la única finalidad de utilizarla para canalizar el vaciamiento patrimonial de otras sociedades simulando operaciones de compraventa de inmuebles". También, añade, "para generar cuotas de IVA soportado ficticias a fin de obtener devoluciones indebidas" del impuesto.
Astarius, prosigue, "con un objeto social tan amplio en el que cabe prácticamente cualquier actividad comercial", no desarrolló actividad propia de una sociedad mercantil. Sin embargo, y para dar apariencia de real, en el periodo objeto de comprobación tributaria figuró de alta hasta 2012 en las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) relativos a las actividades de "escayolas y yesos" y "alquiler locales industriales".
Presentó, de este modo, las declaraciones-liquidaciones del IVA correspondiente a los ejercicios 2009 a 2012 con resultado "a compensar", a excepción de la correspondiente al 4ª trimestre de 2012, presentada en fecha de 30 de enero de 2013, cuando solicitó devolución por importe de 141.197,38 euros. Ésta no fue atendida por la Agencia Tributaria al tratarse de cuotas de IVA soportadas ficticias generadas de forma indebida desde el segundo trimestre de 2009 debido a que tenían como base operaciones simuladas de diversa índole.
Entre ellas, la adjudicación en pago dos inmuebles situados en la localidad de Campo de Criptana (Ciudad Real) propiedad de otra mercantil o la adjudicación de dos bloques de inmuebles en la localidad de Rivas Vaciamadrid (Madrid) y en Castelló de una tercera firma. A ello se añadieron varias facturas por trabajos que no correspondían a la prestación de servicios reales.
Los delitos a los que apunta el Ministerio Público son uno continuado de falsedad en documento mercantil –por el que pide tres años de prisión para los acusados– y otro contra la Hacienda Pública en grado de tentativa o, alternativamente, uno de estafa agravado en grado de tentativa –por el que solicita once meses de cárcel–.
