Marín-Buck, de Cs, saluda a Ferrer, de Vox, en el pleno del 25 de julio. Foto: ANTONIO PRADASCASTELLÓ. La divulgación del patrimonio y retribuciones de los concejales al principio de cada legislatura siempre depara sorpresas. El cumplimiento de la legalidad obliga a los ediles a presentar por registro un acta con sus ocupaciones y bienes. Se trata de un ejercicio de transparencia ante la ciudadanía y del que no siempre salen todos bien parados.
En lo referente al Ayuntamiento de Castelló, la publicación de los currículums y de las declaraciones de actividades y posesiones patrimoniales revela que los regidores de Ciudadanos son los más pudientes. En concreto, el portavoz, Alejandro Marín-Buck, y su adjunto, Vicente Vidal.
El primero, que imparte clases en la Universidad CEU-Cardenal Herrera y que ejerce como ginecólogo en los hospitales Rey Don Jaime y Provincial, además de regentar una consulta privada, reconoce unos ingresos anuales de 177.664,94 euros. Según consta en el certificado, sus bienes inmobiliarios (rústicos y urbanos) suman 301.910 euros, entre una vivienda unifamiliar de 227 metros cuadrados (174.565,93 euros), una segunda residencia de 105 m2 (90.880,11 euros) y cuatro plazas de garaje (36.463,96 euros). Su saldo medio en las cuentas bancarias asciende a 95.000 euros y tiene un pasivo en forma de préstamos hipotecarios por un importe de 181.566 euros.
Aunque Marín-Buck supera al resto de los 26 concejales en cuanto a remuneraciones, es su compañero de formación, Vidal, el que ostenta mayor patrimonio, con 506.262,9 euros (de naturaleza ganancial con su esposa). Esa cantidad resulta de ser titular de dos viviendas en Castelló (una de 160,20 m2 y un valor de 157.437,63 euros y otra de 162,40 m2, con una tasación de 156.051,45 euros), de una tercera en Burriana (132,21 m2 y una estimación de 86.626,06 euros) y de una cuarta en Oropesa (67,35 m2 y una valoración de 59.150,75 euros). Asimismo, disfruta de tres plazas de garaje en las respectivas poblaciones y tiene dos fincas rústicas, una en la capital de la Plana y otra en Almassora. Otro dato que destaca de su declaración es la elevada participación en la empresa G-2000 Global Consulting SL, con acciones por una cuantía de 258.338,49 euros.
El hecho de que los dos ediles de Ciudadanos lideren la lista de sueldos y bienes inmobiliarios no lleva implícito que, además, deban asumir las mayores obligaciones económicas en forma de deudas o créditos. Es Juan Carlos Redondo, del PP, quien declara mayor pasivo con una cifra de 327.651 euros. Después figura la alcaldesa, Amparo Marco (PSPV), con 293.503,18 euros correspondientes a tres hipotecas al 50% (133.968,38 euros, 121.951,04 euros y 37.583,76 euros). A continuación, la portavoz popular, Begoña Carrasco, con un débito bancario de 235.127,18 euros (dos hipotecarios de 97.127,18 euros y 138.000 euros).
Otra concejala del principal partido de la oposición, Susana Fabregat, declara 208.880,13 euros entre depósitos bancarios, acciones, fondos de inversión y pólizas de seguro y de vida.
Si bien la gran mayoría de miembros de la corporación de Castelló manifiesta poseer alguna propiedad (por ejemplo, la alcaldesa, tres pisos, dos casas, una plaza de garaje y un solar, todos al 50%, por un valor de 219.036,81 euros), siete regidores carecen de inmuebles. Se trata de los dos integrantes de Podem, Fernando Navarro y María Jesús Garrido; Sergio Toledo y Vicente Guillamón (PP); José Luis López y Jorge Ribes (PSPV); y Francesc Mezquita (Compromís).
El único representante de Vox en el Ayuntamiento, Luciano Ferrer, tampoco pasa desapercibido con su declaración de bienes. Desde que el tripartito planteara como posibilidad incluir, en la propuesta sobre las nuevas retribuciones, la dedicación exclusiva para los portavoces de la derecha y ultraderecha, siempre expresó públicamente su rechazo, al igual que Marín-Buck, al entender que esa imposición le obligaba a renunciar a su negocio, esto es, administrar la farmacia de la que es titular en Vilar de Canes y que incluso lleva su nombre.
El acta con sus ocupaciones y propiedades, registrada por la secretaria el 12 de junio de 2019 y disponible en la web municipal (en el apartado de organización política), muestra que por ingresos netos percibió en el anterior ejercicio 6.713,14 euros. La cifra se divide en 2.026,30 euros en concepto de oficina de farmacia y 4.686,84 euros como farmacéutico del departamento de veterinarios.
Los 6.713,14 euros que Ferrer declara como ingresos en 2018 contrastan con los 39.277,26 euros que el equipo de gobierno proponía inicialmente que pudiera cobrar con la dedicación exclusiva para cada uno de los cuatro años de mandato, los mismos que para el resto de líderes de la oposición. Sin embargo, la actitud del PP en el debate plenario para la aprobación del nuevo régimen de retribuciones varió el planteamiento final respecto a las asignaciones a tiempo completo y esta posibilidad se desvaneció.
