Foto: KIKE TABERNERNi empleando el euskera consiguió Mónica Oltra que el ministro Escrivá considerase la posibilidad de extender a la Comunitat Valenciana la última –de momento– de las cesiones arrancadas por el PNV al Gobierno de Pedro Sánchez, la cogestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Ezta pentsatu ere! (ni lo sueñes) habría sido una respuesta más sincera que la excusa que dio el ministro, que es la de siempre, que la gestión autonómica es eficiente en el País Vasco y Navarra pero resulta que es un lío en el resto de España.
Lo del IMV, no obstante, es poca cosa –igual que el reparto de los 16.000 millones– al lado de lo verdaderamente importante, que es el Fondo de Nivelación que exigió Baldoví en el Congreso y al que el Gobierno cierra la puerta, de momento. El Fondo de Nivelación de 2.337 millones –según cálculos de Fedea– a repartir entre las CCAA infrafinanciadas no traería más dinero a los valencianos sino menos déficit y menos deuda para la Generalitat. Y más justicia distributiva para España. Resolvería un problema cuya solución nunca ha sido una prioridad para el Gobierno central porque no pintem fava ni en castellano ni en valenciano ni en euskera. Tampoco para el actual, como acabamos de ver.
Por explicar la situación de la Comunitat Valenciana con un símil, es como si en una empresa se fija un sueldo de 1.000 euros y a uno de los empleados le pagan 900 mientras la mayoría recibe sus 1.000 y hasta 1.200 por complementos varios fijados en un oscuro convenio que nadie salvo el perjudicado quieren revisar. Y cuando ese empleado discriminado reclama los 100 que le faltan para llegar a fin de mes el empresario se los presta con intereses. Le presta lo que a otros les da. Y así mes tras mes y año tras año, acumulando una deuda que nunca podrá devolver.
Esto lo sabe Sánchez y lo sabe la ministra Montero, pero para ellos no es una prioridad resolverlo. No es el momento, dicen. No enreden. Sí es, al parecer, el momento de pactar más transferencias al País Vasco con el PNV o la derogación íntegra pero parcial de la reforma laboral con los que homenajean a asesinos y no condenaron el escrache con pintura roja en el domicilio de la líder de los socialistas en Euskadi, perpetrado mientras Adriana Lastra ponía a su partido a la altura moral del betún.
Hablamos de dinero para sanidad, educación y servicios sociales. Sobre todo para sanidad. Así que sí es el momento. España va a recibir hasta 140.000 millones de euros del Fondo de Recuperación de la Unión Europea para hacer frente a esta crisis sanitaria y económica. No se me ocurre mejor momento para destinar 2.337 millones, el 1,67% de ese dinero, a un Fondo de Nivelación que corrija transitoriamente el ineficaz modelo de financiación autonómica que sufrimos desde 2009 y tenía que haber sido revisado en 2014.
La situación es tan injusta, que sorprende que el PSPV se haya puesto de perfil y Unides-Podem en contra de la iniciativa de Compromís hasta el punto de forzarle a rechazar en Les Corts una iniciativa del PP que hacía suya la petición de Baldoví. Bonig no logró romper la unidad del Botànic pero sí la coherencia del partido de Oltra en una votación que, no nos engañemos, no servía para nada.
Puig malgastó su margen de insumisión con lo de la Fase 1, donde resulta que no tenía razón, y ahora no se atreve a volver a plantarse ante un Sánchez que se habrá apuntado la nueva deslealtad de su principal barón autonómico. Poco cabe esperar también de un Ábalos al que hubo que recordarle la importancia de los aeropuertos de Alicante-Elche y Valencia cuando firmó una orden que los dejaba sin vuelos internacionales. Como dicen los jóvenes, "no nos renta" tanto poder valenciano.
Y el partido de Pablo Iglesias ha dado sobradas muestras de centralismo, todo para las autonomías pero sin las autonomías. Si hasta su líder en el País Vasco criticó el "arreglo" entre Sánchez y el PNV para una desescalada a la carta que negaban a otras CCAA, no podemos esperar que Dalmau y los suyos molesten a Iglesias con problemas periféricos que en campaña electoral sí parecía dispuesto a resolver.
Han pasado dos años y medio desde la manifestación per un finançament just que reunió en València a casi todos los partidos políticos, fuerzas sociales y miles de ciudadanos, y todo sigue igual porque nunca es el momento, siempre hay otras prioridades. Ahora que hay dinero y emergencia sanitaria, esto debería ser una prioridad indiscutiblemente mayor que las transferencias al País Vasco. Es una pena que solo un diputado valenciano, de los 32 que elegimos para el Congreso, esté peleando por ello y que todo dependa de que a Pedro Sánchez le salgan los números para la siguiente votación.
Tiene razón Àlex Ruiz, alcalde de Bellreguard, en quejarse del "centralismo" de València que desde la capital no vemos, pendientes como estamos de quejarnos del de Madrid. Lamentaba el edil de esta pequeña localidad de La Safor que la Conselleria de Sanidad no pidiera el pase a la Fase 2 de los diez departamentos que podían haber pasado el lunes 25 para, en palabras de Barceló, "llegar todos juntos a la segunda fase". La explicación poco técnica y nada científica de la consellera sonó a "hasta que no pase València, nada", y causó un perjuicio económico a importantes zonas turísticas como Gandia, Dénia, Benidorm o Torrevieja. Bellreguard ha tenido un caso de coronavirus en tres meses y muchos municipios valencianos no han tenido ni un solo caso.
Ese centralismo de brocha gorda no ha sido diferente en España, donde los brotes iniciales se combatieron aislando pueblos enteros en Extremadura o La Rioja, cerrando estadios en València o suspendiendo nada menos que las Fallas… hasta que la situación se desbordó en Madrid. Entonces se cerró España entera durante mes y medio, incluidas islas o zonas rurales donde no había ni ha habido ni un solo caso. Daños colaterales que, como en toda guerra, al final se darán por buenos.
