CASTELLÓ. La Generalitat Valenciana busca una figura jurídica que garantice la gestión del rehabilitado edificio de Borull por parte del Ayuntamiento de Castelló. Aunque el Consell financiará parte de la reforma, el consistorio asumirá el control del inmueble, pero no queda del todo claro bajo qué concepto legal.
Las alternativas son diversas, desde la concesión demanial, pasando por una permuta hasta la cesión, que era lo que parecía más razonable. Sin embargo, la complejidad de la operación obliga a los técnicos a hilar muy fino respecto al término que finalmente recoja el protocolo, y que permitirá convertir los antiguos juzgados de Castelló en un inmueble centrado en servicios sociales.
La renovación del bloque, con un presupuesto de 16,8 millones de euros, debería arrancar a finales de 2020, en el mejor de los casos. Una vez se desbloquee la actual situación, el siguiente paso consistirá en licitar el proyecto, proceso administrativo que se prolongará entre los seis y siete meses. Por último, se producirá la adjudicación con un plazo de ejecución de 22 meses.
El Acord de Fadrell y el Botànic II mantienen como previsión para que el inmueble esté operativo el último trimestre de 2022. No obstante, dependerá de la diligencia a la hora de impulsar los distintos trámites.
Cabe advertir que el convenio ha ido evolucionando desde que en 2015 el Ayuntamiento y la Generalitat anunciaran su compromiso de transformar y recuperar el edificio de Borrull. Primero, se planteó que el consistorio se responsabilizara de la obra, aportando el capital (12 millones de euros), a cambio de la cesión. Después, se habló de compartir la inversión, distribuyendo el espacio de manera proporcional a la participación económica de cada administración. Y ahora el nuevo acuerdo contempla que el Consell sufrague el incremento presupuestario.
Al menos, así lo aseguró el president, Ximo Puig, este martes, cuando señaló que "hay un compromiso de la Generalitat de compensar el aumento de presupuesto que se ha previsto. De una forma u otra se absorberá esa parte diferencial de coste previsto, que inicialmente estaba en 12 millones y al final son cuatro millones más", insistió.
