Las alegaciones de dos asociaciones vecinales impiden activar ya el presupuesto de Castelló

CASTELLÓ. Las alegaciones de dos colectivos vecinales impiden al Acord de Fadrell activar ya el presupuesto municipal de 2023, aprobado el pasado 29 de diciembre. La AAVV Rafalafena y la Federación de Asociaciones Ciudadanas, Consumidores y Usuarios de Castelló (Faccuc) fuerzan incluso la celebración de un pleno extraordinario este viernes (10.30 horas) para que las últimas cuentas de la legislatura entren en vigor lo antes posibles, aunque fuera del plazo que se había marcado el equipo de gobierno de principios de enero.

En esa convocatoria exprés, el ejecutivo local (PSPV, Compromís y Podem-EUPV) desestimará las reclamaciones para dar por zanjada la tramitación del presupuesto. Lo hará, presumiblemente, ante los reproches de los partidos de la oposición, en la línea de lo que sucedió a finales de 2022. De hecho, habrá debate, con dos intervenciones para cada uno de los portavoces de las seis fuerzas políticas que integran la corporación. En cualquier caso, no está confirmado que todos vayan a hacer uso de esos turnos.

Un hecho inédito en este mandato

La presentación de los recursos, a raíz de la exposición pública de 15 días hábiles, supone un hecho inédito en este mandato. Nunca antes, en la tramitación de los tres anteriores proyectos económicos (2020, 2021 y 2022), la consulta popular había derivado en reclamaciones por parte de particulares o entidades. Las objeciones siempre se limitaban a las enmiendas registradas por los grupos políticos.

Las demandas vecinales se refieren a cuestiones como la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), las videocámaras del centro, la fiscalidad, la eliminación de obras "absurdas" y la mejora de la seguridad ciudadana. En efecto, algunos de los temas estrella del argumentario de la oposición, especialmente del PP, desde hace meses como parte de la estrategia de precampaña.

El escrito de Rafalafena propone desechar el proyecto de la supermanzana peatonal de 745.000 metros cuadrados por "producir un perjuicio irreparable para los comercios". Asimismo, advierte que "no ha tenido ningún proceso de participación ciudadana". Por otro lado, y en alusión a las citadas videocámaras, la asociación denuncia que "la partida de ingresos por sanciones de tráfico se ha visto incrementada de manera desmesurada debido a la puesta en marcha del sistema de cámaras del centro", según figura en el expediente.

"Obras más demandas por los vecinos"

En cuanto al documento formalizado por la Faccuc, plantea una reducción fiscal por la covid-19 y la inflación, de manera que se revise la previsión de ingresos por impuestos dentro de las cuentas municipales. Otra reclamación obedece la supresión de "la realización de obras absurdas y su sustitución por otras más necesarias demandadas por los vecinos, como las que formaban parte de los presupuestos participativos". Por último, insta a incrementar "la dotación en el área de la Seguridad Ciudadana y la creación del Consejo Municipal de Seguridad ante el aumento constante de los índices de delincuencia".

Si bien la resolución de desestimación de las alegaciones señala que el acuerdo es definitivo en la vía administrativa, cabe la posibilidad de recurrir al Contencioso-administrativo. La interposición del recurso debe realizarse en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente de la publicación del reseñado dictamen en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).