La Cruz de los Caídos del parque Ribalta. (Foto: ANTONIO PRADAS)CASTELLÓ. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Castelló ha admitido las medidas cautelarísimas solicitadas por la asociación Abogados Cristianos para frenar el derribo de la Cruz de los Caídos del parque Ribalta. La decisión judicial supone suspender temporalmente -hasta que exista una resolución definitiva- la partida presupuestaria de 80.000 euros prevista por el Ayuntamiento de Castelló en las cuentas de este año para la retirada del monumento franquista y la remodelación del parque.
La asociación ya había impugnado con anterioridad los presupuestos de la ciudad, pero el viernes pasado, tras conocer el decreto de la Concejalía de Cultura que daba luz verde a la remoción de la cruz, solicitó las medidas de urgencia al juzgado, que este martes ha emitido un auto a favor los demandantes.
Abogados Cristianos basa su litigio en la consideración de que la cruz no es un símbolo franquista sino religioso, y que, por tanto, el Ayuntamiento de Castelló no puede acogerse a la Ley de Memoria Histórica para derribarla. La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, confía en que "esta decisión sirva para que equipos de gobierno y partidos políticos obsesionados con perseguir a los católicos y destruir sus símbolos, cesen en su persecución, nos respeten y cumplan la ley". Defiende que "la cruz del parque Ribalta no tiene ninguna inscripción y, por tanto, se trata únicamente de un símbolo religioso que no incumple la Ley de Memoria Histórica", por lo que "su destrucción está totalmente injustificada y supone un grave ataque contra la libertad religiosa".
Por su parte, desde el equipo de gobierno municipal aseguran estar "tranquilos" porque la decisión judicial no paraliza el decreto firmado la semana pasada -solo el presupuesto- y se trata de una medida temporal. El litigio, no obstante, amenaza con frustrar o, al menos, demorar la iniciativa del Ejecutivo local para borrar del mapa de la ciudad uno de los monumentos más representativos del franquismo. La concejala de Cultura, Verònica Ruiz, en quien se delegaron recientemente las competencias de memoria histórica, ha mostrado en numerosas ocasiones su intención de ejecutar el derribo antes de finalizar el mandato, consciente, en cualquier caso, de que los tribunales podían frenar la medida a petición de Abogados Cristianos, como así está sucediendo.
El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Castelló "acuerda la suspensión de la partida presupuestaria para la retirada de la Cruz del Parque Ribalta, y su remodelación hasta que exista resolución definitiva", según señala en el auto con fecha del 26 de marzo. La jueza fundamenta su decisión en "el sentido de que si no se suspende la retirada de la cruz, perdería objeto el procedimiento ordinario", que se encuentra en tramitación en el mismo juzgado.
En ese caso, prosigue la magistrada, "se produciría un perjuicio, pudiéndose verse conculcados derechos e intereses legítimos de terceros, quienes pretenden el mantenimiento de dicho símbolo en un sitio emblemático de la ciudad de Castellón, aun cuando hay que partir de la presunción de legalidad de acto que se está ejecutando debe ser suspendido [sic]". Así, el juzgado establece en su auto un plazo de tres días, desde el momento de la notificación, para que el Ayuntamiento de Castelló alegue lo que considere oportuno y, tras oír sus argumentos, resolverá.
