El gran reto de Castelló con el presupuesto 2025: evitar el 'tasazo' por los 20 millones de la basura

CASTELLÓ. El equipo de gobierno de PP y Vox en el Ayuntamiento de Castelló se enfrenta a un desafío mayúsculo para elaborar el presupuesto de 2025. La nueva normativa estatal a partir de una directiva 'verde' europea obliga a repercutir todo el coste de la recogida y tratamiento de los residuos a los vecinos, una imposición que el ejecutivo local busca esquivar a tenor de su compromiso de aliviar la presión fiscal.

El encaje de bolillos no resulta nada sencillo si se parte de varias premisas. El desembolso que realiza cada año el consistorio por la retirada y eliminación de los desechos urbanos asciende a unos 20 millones de euros. En realidad, esa cantidad resulta mayor si se contabilizan los 1,7 millones que se pagan a Reciplasa.

Por la tasa de basuras, las arcas municipales ingresan unos 10 millones anuales, es decir, la mitad del coste total. Esa cuantía resulta de sumar los miles de recibos de entre 92,7 euros y 103 euros por el servicio que la entidad local carga a los contribuyentes. Para evitar que estos tengan que asumir la totalidad de los 20 millones, lo que hace el Ayuntamiento es sufragar la otra mitad.

Las reglas del juego cambian en 2025

Sin embargo, esas reglas del juego cambiarán a partir de abril de 2025 con la aplicación de la normativa estatal, a instancias de la Unión Europea. Eso precipitará, en principio, un incremento considerable de la tasa de basuras, aunque el ejecutivo local está decidido a evitarlo.

Para ello, el bipartito necesita encontrar una fórmula legal que impida el tasazo, algo en lo que está trabajando Reciplasa desde hace meses, ya que la entidad pública debe arbitrar la herramienta a los municipios. Al no haberse dado todavía con la tecla, el diseño de las cuentas para el próximo curso está en una fase de complejidad extrema.

Tanto es así que, a pesar de existir unas consignas muy definidas sobre las líneas estratégicas, resulta difícil avanzar a la velocidad que meses atrás se habían marcado tanto el PP como Vox. Y es que, cuando en mayo se activó la redacción del presupuesto con la instrucción a los 80 departamentos, se diseñó un ambicioso calendario administrativo.

Un ambicioso calendario pendiente de la normativa

Según la disposición interna, la pretensión del equipo de gobierno estriba en aprobar por pleno el proyecto económico el 31 de octubre para que su entrada en vigor se produzca el 30 de noviembre, con la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Esas dos fechas resultan claves, si bien es cierto que existen otras igualmente de importantes.

Las comisiones plenarias se prevén para el 11 y el 23 de octubre. En ellas, se deben tratar las enmiendas de la oposición. De acuerdo con ese calendario, antes tendrían que aprobarse las cuentas de 2025 de los organismos autónomos en los respectivos Consejos Rectores. No obstante, toda esta previsión que meses atrás parecía factible ahora se complica por la citada normativa estatal, que condiciona por completo no solo los tiempos, sino también la elaboración final del presupuesto.