El portavoz adjunto del grupo municipal popular, Juan José Pérez Macián.CASTELLÓN. "Espero que haya unanimidad y si alguien no quiere que se active el procedimiento, pues ya me dirá qué es lo que quiere", afirmaba este martes el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Castellón, Ignasi Garcia, respecto a la comisión plenaria de hoy jueves en la que está previsto abordar la situación judicial de la vicealcaldesa. Y unanimidad es precisamente lo que no habrá. De hecho, el grupo popular ha presentado un escrito ante la comisión este miércoles en el que alega contra la propuesta de Ali Brancal, quien solicita activar un procedimiento administrativo para dilucidar si cabe aplicar o no el Código de Buen Gobierno en su caso. La alegación del PP, que aduce "fraude de ley", deja en el aire el contenido de la comisión, pues solicita a la Secretaría que se pronuncie al respecto.
La situación política en la que ha derivado la investigación judicial a la vicealcaldesa de Castellón, Ali Brancal, por presunta malversación, alcanza nuevas cotas de complejidad técnica. La gestión municipal de este asunto es un auténtico galimatías normativo en el que se enredan unos y otros. A las 12.00 horas de hoy jueves está previsto que se celebre la Comisión Plenaria de Gobierno Abierto y Participación, en cuyo orden del día se contempla someter a aprobación la propuesta de Brancal sobre "la apertura de un periodo de información previa con anterioridad al acuerdo de iniciación del procedimiento de aplicación del Código de Buen Gobierno", es decir, la puesta en marcha del proceso administrativo para estudiar si debe o no renunciar a sus funciones.
Sin embargo, el PP, que interpreta esta maniobra como una estrategia de dilación, rechaza el planteamiento de la vicealcaldesa por falta de consistencia jurídica, pues, según advierte, la documentación que se ha elevado a la comisión es una "mera propuesta" redactada por Brancal: "Nos sorprende que una propuesta de acuerdo como la que se pretende someter a votación y aprobación de los miembros de la Comisión Plenaria de Gobierno Abierto y Participación, carezca de informe jurídico-técnico pese a su contenido".
En este sentido, señala en su alegato el PP, "aprovechando la ausencia de un informe jurídico", la vicealcaldesa propone tomar en consideración "unos determinados artículos" del código ético y lo hace, según el escrito, "con un interesado objetivo" y "en manifiesto fraude de ley". El grupo popular asegura que Brancal "obvia" los artículos que son "verdadera y reglamentariamente aplicables a su situación real de hecho -investigada/imputada- con la torticera intención de bordear lo que el CDBG (las siglas para el Código de Buen Gobierno) establece como medidas a adoptar en casos de imputación a miembros de la Corporación". En este sentido, cita el Anexo 1 del reglamento en el que se contempla el cese de funciones en caso de imputación de un concejal.
Señala, además, que el articulado en el que la vicealcaldesa "intenta ampararse en fraude de ley" está establecido para los supuestos en que no hay "intervención o instrucción judicial previa" ni, por tanto, "imputación preexistente". Es decir, que los puntos del reglamento que alega Brancal están pensados para intervenir cuando "se comunican a la correspondiente Comisión sospechas sobre hechos que pudiera incurrir en casos de corrupción política algún miembro de la Corporación", y no cuando ya hay un procedimiento judicial en marcha. En este sentido, recuerda, el código establece que si tras la investigación de la comisión se apreciara alguna infracción o delito deberá ponerse en conocimiento de la administración competente o de la Fiscalía, algo que en el caso de Brancal ya hizo el PP al presentar la querella ante el juzgado.
Los populares consideran, por tanto, que "no cabe aplicar ninguno de los artículos" que propone la edil de Compromís. "Hacerlo", advierte, "podría constituir una manifiesta infracción de ley". En definitiva, a su parecer, no es necesario activar el procedimiento administrativo en la comisión, que supondría poner en marcha una investigación interna en el seno municipal, porque el caso ya está siendo investigado por un juzgado.
Por ello, el grupo popular solicita a la secretaria de la comisión o a la secretaria general del Pleno que antes o durante la sesión de hoy "informen técnica y jurídicamente sobre si el articulado" que propone Brancal "es el aplicable o, si por el contrario, es otro", en alusión al Anexo 1 del código, en el que se establece directamente la renuncia por imputación. Todo ello, dicen los populares en su escrito, para evitar que los miembros de la comisión "se vean sometidos a emitir su voto [...] sin disponer del asesoramiento y conocimiento jurídicos necesarios" y que incurran en "una probable prevaricación".
La petición del Partido Popular deja en el aire qué es lo que finalmente se abordará en la comisión, pues pone en manos de los servicios técnicos la decisión sobre el contenido de la sesión.
Además de los grupos políticos, otro actor ha entrado oportunamente en escena con motivo de la comisión: los representantes vecinales. El presidente de la Federación de Asociaciones Ciudadanas, Consumidores y Usuarios de Castellón, Amalio Palacios, y el presidente de la Asociación de Vecinos Verge del Lledó, Miguel Ángel Guillamón, han solicitado al consistorio poder asistir a la Comisión de Gobierno Abierto y Participación que abordará la situación de la vicealcaldesa.
Los representantes vecinales han registrado sendas peticiones este miércoles a primera hora de la mañana en las que solicitan participar, en concreto, en el punto número 13 del orden del día de la comisión, "debido al interés general que suscita este apartado para la ciudadanía", según consta en los escritos.
"Es una oportunidad para demostrar que creen en la transparencia y en la participación", ha señalado en declaraciones a este diario Palacios, quien espera recibir respuesta del Ayuntamiento a lo largo de esta mañana. "Esperemos que no pongan impedimentos reglamentarios", añade, ya que las peticiones se han presentado con menos de 48 horas de antelación. "Solo pretendemos escuchar lo que se diga y, si la normativa lo permite, dar nuestra opinión o preguntar en la comisión", argumenta el presidente de la federación.
Desde el Ayuntamiento de Castellón, están estudiando la petición, pero en la tarde de este miércoles aún no habían respondido a las asociaciones. Con esta maniobra, los representantes vecinales, a quienes se sitúa en la órbita del Partido Popular, elevan la presión sobre la vicealcaldesa, con quien han mantenido un pulso a lo largo de la legislatura protagonizando numerosos desencuentros.
