La alcaldesa de Castellón, Amparo Marco.CASTELLÓN. La alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, contraataca ante el golpe de efecto del PP. El grupo popular intentó ponerla contra las cuerdas pidiendo su comparecencia para hablar del caso de las facturas falsas de la Subdelegación en el que está investigado el exedil socialista Antonio Lorenzo. Pero en lugar de acceder a la petición, que considera contraria al reglamento municipal por tratarse de un asunto ajeno al ayuntamiento, ha decidido comparecer en el pleno de marzo para abordar los casos de corrupción que sí atañen al consistorio. Es decir, para hablar de la trama Púnica que salpica al PP. Marco ha logrado así dar la vuelta a las pretensiones de la oposición, pero los populares no se dan por vencidos. Doblan la apuesta y ante la negativa de la primera edil, exigen un pleno extraordinario sobre Lorenzo.
Con las elecciones a la vuelta de la esquina, la corrupción irrumpe con fuerza en el debate municipal. El primer movimiento táctico fue el de la portavoz popular, Begoña Carrasco, al pedir la comparecencia de la alcaldesa Amparo Marco en el pleno de este jueves para que informara "acerca de las circunstancias, motivos, datos relativos a la dimisión y renuncia de todas sus responsabilidades y condición de concejal" de Antonio Lorenzo. Pedía también que aclarara "si tenía conocimiento, en el momento de realizar junto a él las manifestaciones halagando su honradez y honestidad, de que estaba citado ya a comparecer como investigado ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Castellón por presuntos delitos contra la Administración", aunque el propio TSJ anunció la imputación del ya exedil días después de su renuncia.
Marco ha rechazado la petición del PP por varios motivos. En primer lugar, de acuerdo con los artículos 88 y 95 del Reglamento Orgánico del Pleno, quedan excluidas de este tipo de comparecencias las que se refieran a asuntos ajenos al ámbito de competencia del Ayuntamiento. La dimisión de un concejal no es un asunto de debate político en una comparecencia, esgrime el gobierno municipal, ya que se trata de una decisión de carácter personal. Además, las causas que motivaron la renuncia al acta son ajenas a su responsabilidad municipal, ya que afectan a otra administración pública -la Subdelegación del Gobierno en Castellón, que Lorenzo presidió entre 2007 y 2011-.
Sin embargo, y aquí es donde Marco lanza el órdago, el artículo 93 del reglamento posibilita un debate político sobre las causas judiciales relacionadas con la gestión municipal. "El PP no debe tener ningún problema en abordar este asunto en el pleno si consideran que su gestión en los 24 años de gobierno municipal está libre de cualquier mancha política", ha indicado la alcaldesa, en clara referencia a la trama Púnica, el último caso judicial que ha salpicado a los populares.
De esta manera, Marco ha solicitado motu propio comparecer en el pleno de marzo (por plazos administrativos, la petición no puede tramitarse antes) y abordar "los casos de presunta corrupción de ámbito municipal". "El Ayuntamiento debe preservar su imagen y su reputación tras los casos que se han dado a conocer en la prensa provincial y que están causando un daño reputacional a la institución", ha señalado.
Para esa fecha, se espera que haya concluido la búsqueda de facturas ligadas a la trama Púnica que ordenó llevar a cabo la alcaldesa, por lo que su comparecencia podría arrojar luz sobre las contrataciones supuestamente fraudulentas en la etapa de gobierno del PP, con Alfonso Bataller y Juan José Pérez Macián como principales implicados, según el propio informe de la Guardia Civil.
Apenas unas horas después del anuncio de Marco este lunes, el PP ha vuelto a la ofensiva. Los populares no están dispuestos a dejar que la alcaldesa salga airosa, por lo que pedirán un pleno extraordinario para abordar exclusivamente el caso del exedil socialista Antonio Lorenzo. Formalizarán la solicitud este mismo martes porque "a diferencia de lo que opina la alcaldesa de Castellón, el grupo municipal popular considera que la dimisión de un concejal sí es un asunto de debate político, y más en las circunstancias en las que se ha producido este hecho", señala el partido.
Para los populares, la renuncia del exedil de Hacienda no es "una decisión de carácter personal, sino una situación forzada" por el caso judicial sobre las supuestas facturas falsas en la Subdelegación del Gobierno por el que ha sido citado como investigado por presuntos delitos de malversación y falsedad documental.
Dice además el PP que "existen antecedentes en la historia del Ayuntamiento de Castellón que sirvieron para solicitar la celebración de un pleno extraordinario de características similares por una investigación que tampoco tenía nada que ver con la gestión municipal desarrollada en el consistorio", aunque no cita ejemplos. "Será la ocasión perfecta", señala el grupo popular, "para poder demostrar que la celebración de este tipo de debates no dependen del color político o el nombre de la persona implicada".
