CASTELLÓ. El sellado definitivo del almacén de gas Castor, situado a 21,6 kilómetros de la costa de Vinaròs, tiene ya fecha límite: diciembre de 2022. Así debe ser si Enagás, a la que el Gobierno le encargó esta labor, cumple los plazos incluidos en su propio Proyecto de sellado y abandono definitivo de los pozos Castor, que vuelve a estar expuesto al público para la ocupación temporal de la lámina de agua necesaria para los trabajos.
En todo caso, los plazos incluidos en el documento recogen que ya entre julio y septiembre Enagás debía haber contratado a las diferentes empresas contratistas y comenzado los trabajos previos. Esta primera fase debería prolongarse hasta el próximo febrero y un mes después comenzar la segunda y definitiva parte del sellado.
Pero el cronograma incluido en el proyecto también señala que para ello es necesario obtener el aval a la Declaración de impacto ambiental del proyecto, así como el resto de licencias y autorizaciones, algo que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico no ha detallado.
El documento cifra en 69,6 millones de euros los trabajos para sellar los 13 pozos de que consta el proyecto de almacén gasístico que quebró de forma súbita en el otoño de 2013 debido a la crisis sísmica vivida en el Maestrat y el sur de la provincia de Tarragona a raíz de la inyección de gas. Eso sí, el propio proyecto también estima que, si hay que realizar trabajos adicionales en los pozos, el montante ascendería a 77 millones de euros.
Así las cosas, para sellar los 13 pozos de que consta el fallido almacén de gas, que llegan a profundidades que van desde 1.904 a 3.128 metros, está previsto instalar dos tapones mecánicos en cada pozo y, entre ellos, inyectar cemento por debajo del fondo marino. Estos trabajos deben también permitir recuperar herramientas de perforación que quedaron dentro de dos pozos, el C2 y el CSM. Asimismo, posteriormente se deberá proceder a la retirada de las tuberías.
Para ello, entre el diverso material que se utilizará, destaca una plataforma móvil de perforación autoelevable (denominada Jackup) durante el plazo de 6 a 9 meses que se prevé que dure la segunda fase de las operaciones de sellado y abandono definitivo de los pozos. Asimismo, la ejecución del proyecto también involucrará la presencia de dos embarcaciones (una de apoyo y otra de abastecimiento) desde el puerto base de Vinaròs a la plataforma, recoge el proyecto.
Previo a todo ello, y hasta el próximo 12 de enero, los interesados pueden presentar alegaciones a la ocupación del terreno marítimo necesario para los trabajos. Pero este se limita a la zona de exclusión a la navegación que ya prevé la actual plataforma, por lo que será difícil que prospere alguna alegación.
Esta tramitación se produce tan solo unas semanas después de que la Audiencia Provincial de Castellón apreciase que la empresa y sus máximos responsables no cometieron delito en la gestión de la crisis sísmica acaecida a partir de septiembre de 2013. Un fallo que el bufete de abogados de la acusación particular estudia recurrir ante el Tribunal Supremo.