Gabarda paga 13.000 euros entre costas y multa y finiquita su condena por injurias contra Barrachina

CASTELLÓ. La diputada autonómica Cristina Gabarda (Ciudadanos) paga más de 13.000 euros, entre costas y multa, para finiquitar su condena por injurias graves con publicidad contra el presidente del PPCS, Miguel Barrachina. A los 4.380 euros que tuvo que hacer frente en su momento por la sanción (2.880 euros) e indemnización (1.500 euros, más intereses legales), se suman los honorarios de los respectivos letrados (8.800 euros, aproximadamente) y la remuneración de la procuradora (187,36 euros), en el caso del líder popular. Una cantidad que ronda los 9.000 euros, ya que a los gastos derivados de la primera instancia se añade el escrito de apelación.

La parlamentaria, penada el 17 de mayo de 2019, alargó el proceso hasta el 24 de enero de 2020, cuando la Audiencia Provincial rechazó su recurso y ratificó la sentencia. Al no ejercer su derecho para alegar por segunda vez, lo que hubiera supuesto elevar la causa al Tribunal Supremo, la magistrada del Juzgado de lo Penal número 4, Beatriz Sarrión, dictó el auto de ejecución el 24 de febrero, fallo que la política castellonense acató el pasado mes de septiembre.

Una vez cerrada esta página judicial, ahora Gabarda se enfrenta al sumario interno de su partido. La nueva junta directiva, encabezada por Toni Cantó, debe resolver lo que muchos consideran una patata caliente. Las voces críticas insisten en pedir la aplicación de los estatutos, que obligan a aquellos enjuiciados y condenados a poner sus cargos a disposición de la dirección. Otros, sin embargo, interpretan que no resulta necesario al tratarse de un caso ajeno a la que se considera corrupción. Sea como fuere, el nuevo coordinador autonómico está obligado a pronunciarse públicamente en un sentido o en otro antes de que culmine el proceso congresual.

Al respecto, Cristina Fernández espera instrucciones desde València para comenzar a mover ficha a propósito del diseño de su equipo en la provincia. Como flamante referente en Castellón, su opinión resulta esencial a la hora de consensuar los nombres de los inquilinos de las secretarías de Organización, de Acción Institucional y de Comunicación, hasta ahora ocupadas por Sandra Julià, Benjamín Martí y Jordi García, respectivamente. Ninguno de los tres tiene su continuidad asegurada, especialmente la primera y el tercero, que además no son de la cuerda de Cantó.

Tampoco Gabarda, más próxima a Vicente Castillo y Emilio Argüeso. Así, permaneció desaparecida en los actos convocados por el Síndic de Cs para cerrar filas en los meses posteriores a la debacle electoral del 10N. Entonces, la diputada castellonense ya conocía la condena y mantenía la esperanza de revertir su situación procesal con un recurso favorable, lo que no ocurrió en vista de los hechos probados.

Fotomontaje de 2015

Cabe recordar que Barrachina demandó a la parlamentaria de Cs a raíz de un fotomontaje de ésta en su perfil de Facebook el 18 de diciembre de 2015, en el que el presidente del PPCS apareció tras las rejas de una prisión, vestido de recluso y con un texto que le acusaba de corrupto. Al conocer de su existencia, el segorbino solicitó su inmediata eliminación y una disculpa en los mismos términos. Al no obtener una respuesta afirmativa, procedió a emprender acciones legales.

Gabarda se sentó en el banquillo de los acusados el 23 abril de 2019, a escasos días de las elecciones. Aunque trató de demostrar su inocencia, señalando que todo había sido producto de "un error", la jueza terminó condenándola por injurias graves, resolución que trascendió semanas después. A partir de ese momento, la interposición del recurso extendió el litigio y, con ello, los gastos.