Clara Gómez Mateu, nueva delegada del IVC en CastellónCASTELLÓ. Gestió Cultural, la Asociación Valenciana de Profesionales de la Cultura ha observado, tras conocer el nombramiento de la licenciada en derecho Clara Gómez Mateu para ejercer el cargo de delegada del Institut Valencià de Cultura en Castelló, que el perfil de esta profesional de la administración pública "no coincide en absoluto con la responsabilidad que habrá de desempeñar gestionando equipamientos culturales tan importantes como el Auditori i Palau de Congressos, el Teatre Principal, el Espacio de Arte Contemporáneo y el Museo de Bellas Artes de la capital de La Plana, además del Palacio de Congresos de Peñíscola", aseguran.
Para llevar a cabo la gestión de estos espacios "hacen falta muchos más conocimientos, además de experiencia en el derecho público, y existen gestores culturales dentro de la propia administración autonómica, o de otras administraciones con los conocimientos y la experiencia suficiente para llevar a cabo con éxito la dirección de estos equipamientos", afirman desde Gestió Cultural.
En opinión de la Asociación Valenciana de Profesionales de la Cultura, el IVC "comete un grave error al no contar con profesionales de probada experiencia en gestión cultural para desempeñar este cargo, por lo que la calidad de los servicios que se ofrecerán en estas instalaciones se verán muy mermados, al ser dirigidos por una profesional con ningún conocimiento en estas materias, como bien informa la propia persona designada".
Por otro lado, Gestió Cultural advierte que el propio Institut Valencià de Cultura "podría estar incurriendo en un caso de intrusismo laboral que afecta a los profesionales de la gestión cultural profesional: se nombra a una persona sin competencias profesionales para desempeñar un cargo en el que sí existen gestores culturales dentro de la propia administración pública que poseen conocimientos profesionales para dirigir estos equipamientos".
Para esta asociación, desde el IVC se ha trabajado "sin transparencia alguna a la hora de llevar a cabo este nombramiento, sin que se cumplan con los mínimos requisitos para desempeñar este cargo como sería que el funcionario en cuestión, además de A1 perteneciera al cuerpo A1-21 que es el que corresponde a los técnicos superiores de administración cultural. Cierra también el IVC la posibilidad de que funcionarios de carrera de otras administraciones, con competencias similares a las que serían exigibles pudieran optar a ocupar este cargo. Pero para ello se deberían haber publicado unas bases que garantizaran la transparencia de los nombramientos".
De esta forma, la asociación cree que "la Vicepresidencia Primera del Consell no quiere que los equipamientos funcionen, ni que se ofrezcan en ellos los servicios culturales de calidad que los ciudadanos y ciudadanas merecen. Lo que subyace de estos nombramientos opacos es que lo que realmente se pretende es ejercer un control político sobre todo lo que ocurra dentro de los equipamientos públicos del IVC".
Desde Gestió Cultural, Asociación Valenciana de Profesionales de la Cultura, instan "a los responsables de este nombramiento a rectificar, poniendo en práctica los principios de mérito y capacidad con los que debe actuar toda la administración pública".
