La Conselleria aguanta el pulso al Fadrell y apura el plazo de un mes para responder sobre la Pérgola

CASTELLÓ. La Conselleria de Cultura y Educación aguanta el pulso al Ayuntamiento de Castelló sobre la reforma de la Pérgola. A escasos días para que se cumpla el plazo legal de un mes, la administración autonómica sigue sin contestar al requerimiento del Acord de Fadrell. Es más, el conflicto tiene visos de acabar en el Contencioso-administrativo en vista de que ninguna de las dos instituciones muestra la más mínima intención de flexibilizar su rígida postura.

El pasado 18 de mayo, la alcaldesa de la capital de la Plana, Amparo Marco, firmó el documento por el que se pide a la Conselleria que revoque o anule la resolución que se opone a las actuaciones en el inmueble del parque Ribalta. Apenas un día después, el grupo municipal socialista hizo valer su mayoría en la Junta de Gobierno Local para avalar el escrito. Lo hizo con el voto en contra de sus otros dos socios (Compromís y Podem-EUPV), que sí coincidieron en reclamar a la Generalitat el pago de una indemnización a la adjudicataria en el caso de que al final la ejecución del proyecto resulte inviable.

A pesar de que la interpelación administrativa superó el filtro del Fadrell el 19 de mayo, lo cierto es que tardó todavía varias semanas en llegar a la dirección general de Patrimonio. De hecho, no se tuvo constancia oficial de su existencia hasta el 1 de junio. En este punto, cabe precisar que el escrito concede un intervalo máximo de 30 días para responder, por lo que a estas alturas del mes parece evidente de que Cultura está decidida a apurar hasta el final.

El origen del choque político

El origen de la disputa política está en tres informes que desaconsejan rehabilitar la Pérgola y que aportó la Asociación de Amigos del Ribalta. Tanto la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos como la Universitat Jaume I y el Consell Valencià de Cultura (CVC) consideran que la obra civil contraviene lo que determina el plan especial del parque, por lo que plantean directamente derribar el edificio. Ante estas valoraciones desfavorables, la Conselleria rectifica y se desdice sobre la autorización dada en octubre de 2021, que permitió al Ayuntamiento impulsar la licitación.

El consistorio cree que esos informes no son vinculantes y defiende la limpieza del proceso, que culminó en enero de este año con la adjudicación del proyecto a Becsa por un importe de 2,4 millones de euros. La mitad de esa cantidad está financiada a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi). Esto significa que, como consecuencia del polémica actual, existe el riesgo de perder los fondos europeos. De ahí que el PSPV exija a la Conselleria no solo el pago de la contraprestación económica a la concesionaria, sino también el abono de 1,2 millones de euros.

Jugar con los tiempos

En este pulso entre instituciones, una de las pocas certezas se refiere al margen de maniobra. Considerando que la rehabilitación de la inmueble tiene un plazo de ejecución de 9 meses y que la obra debe concluir antes del 31 de diciembre de 2023, todavía hay tiempo para encontrar una solución consensuada. 

Sea como fuere, desde el Ayuntamiento se sigue trabajando en un plan B con vistas a retener los 1,2 millones de euros de la Pérgola. El objetivo estriba en repetir la fórmula empleada con el Camí Caminàs en 2019. Por la imposibilidad de cumplir los estrictos plazos que marca Europea, el equipo de gobierno redistribuyó los cuatro millones Edusi entre La Plana y nuevos carriles bici.