CASTELLÓ. La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que pretende implantar el Ayuntamiento de Castelló, una supermanzana de 750.000 metros cuadrados, contempla al menos el funcionamiento de 24 videocámaras de control de vehículos (11 de salida y 13 de entrada). El estudio de movilidad considera que los actuales dispositivos instalados en el centro, en sustitución de los bolardos, suponen un punto de partida para definir con posterioridad la colocación de nuevos equipos. Dicho de otra manera, se tendrán en cuenta (e incluirán) a la hora de distribuir los mecanismos de vigilancia que, además de leer matrículas, sancionarán de forma automática a aquellos conductores que circulen por la almendra sin autorización.
El circuito de monitorización en el casco antiguo cuenta con sensores de filmación en zonas de acceso y paso de automóviles y camiones. Los aparatos son visibles en la Puerta del Sol, calle Enmedio, Colón, Cardona Vives o Ruiz Vila. Tras la polémica de su puesta en marcha el pasado año, permanecen en funcionamiento desde enero de 2022.
Dentro del presupuesto de dos millones de euros del citado estudio de movilidad, la partida más elevada corresponde a la colocación de las nuevas videocámaras (365.000 euros) y el suministro del software para administrar la plataforma (400.000 euros). La herramienta informática no solo gestionará el control de infracciones, sino también establecerá y actualizará permanentemente el parque móvil.
Otros aspectos interesantes del contrato obedecen a la realización de inspecciones periódicas a propósito de la calidad del aire y de la contaminación acústica. Los medidores, con sus elementos adicionales, se ubicarán en puntos estratégicos. De hecho, antes de la implantación de la ZBE, el Ayuntamiento de Castelló dispondrá en tiempo real de datos sobre la presencia de gases nocivos (monóxido de carbono, dióxido de carbono o compuestos orgánicos) y conocerá los niveles de decibelios de cada calle o plaza.
De acuerdo con los plazos parciales de ejecución, la adjudicataria de la prestación entregará el documento con el análisis y el diagnóstico previo a la Zona de Bajas Emisiones en diciembre de 2022. Ya en 2023, en junio, deberá presentar el informe con la planificación y evaluación de escenarios, así como con el diseño de la supermanzana. A partir de esa propuesta, se procederá en octubre a instalar los distintos sistemas: el de reconocimiento de matrículas; el de vigilancia, producción, medición e información de la calidad del aire; y el de medición del nivel sonoro.
En diciembre de ese año, la concesionaria aportará las memorias sobre la mentada plataforma de gestión de la monitorización, caracterización del parque circulante y de control de infracciones y el software y aplicación móvil para la autorización, información y consulta de usuarios. Por último, en febrero de 2024 redactará su propuesta acerca de los emplazamientos de los paneles informativos.
El valor estimado del estudio informativo, con diversas medidas tecnológicas, asciende a 2.016.000 euros (impuestos incluidos). Esto no significa que el precio final de la adjudicación sea el mismo, ya que las concurrentes suelen presentar ofertas con rebajas. Las empresas interesadas en la licitación tienen de plazo hasta el 2 de septiembre con vistas a formalizar sus propuestas, que se estructurarán en tres plicas. Una contendrá la documentación administrativa. Otra recogerá los criterios económicos, mientras que la tercera se ceñirá a aspectos meramente técnicos.
La ejecución del contrato, con un plazo de 16 meses, va condicionada a la creación de la supermanzana, que comprende desde la calle Cerdan de Tallada con Gobernador, avenida Casalduch hasta la altura de la calle Orfebre Santa Línea para alcanzar la ronda Mijares y Magdalena. Esta actuación implica una mayor inversión al superar los 8,3 millones de euros. En ambos casos, existe cofinanciación de los fondos europeos Next Generation.