CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló se enfrenta a un nuevo proceso judicial por la cancelación de un programa urbanístico. Cuatro propietarios afectados por la liquidación de la denominada 14 UE-I (A), unidad de ejecución situada a ambos lados de la avenida Castell Vell, reclaman una indemnización de 181.755,13 euros.
Del total de la cantidad, los denunciantes piden 107.512,4 euros debido a la merma sufrida al no poder utilizar una finca y la imposibilidad de rentabilizarla al permanecer inactiva. Además, solicitan el reconocimiento del pago de 74.242,68 euros en concepto de compensación económica por incompatibilidad de la edificación reconocida en el proyecto de reparcelación.
Ante la presentación de un recurso Contencioso-administrativo, el Ayuntamiento se ve abocado a comparecer como interesado para evitar el abono del importe solicitado. Esa personación, además, se produce después de haber desestimado parcialmente las alegaciones presentadas por los titulares, que ya mostraron su disconformidad con el resultado de la derogación de la unidad de ejecución.
Hay que retroceder más de 20 años en el tiempo para entender el origen del conflicto. El consistorio aprobó en 2002 la 14 UE-I (A) con el propósito de ampliar los polígonos industriales de la antigua N-340. Lo hizo ante el creciente interés de las empresas por asentarse en la salida norte de la ciudad. En concreto, en el área de influencia de la rotonda que da acceso a La Coma.
Sin embargo, la crisis económica por el boom del ladrillo precipitó un cambio de planes de los propietarios y del agente urbanizador. En 2013, el ejecutivo local decretó la suspensión temporal de la ejecución. La decisión se adoptó al haber cambiado la viabilidad y la necesidad de transformar urbanísticamente el terreno. No en vano, en su momento se equiparó la ampliación del suelo industrial en la avenida Castell Vell a la realizada en la Ciudad del Transporte.
Al haber expirado las distintas prórrogas, los afectados solicitaron a principios de 2020 cancelar definitivamente el contrato, una nulidad que el pleno acordó en la sesión celebrada el 25 de marzo de 2021. A partir de ese instante, se procedió a realizar la liquidación, cuya aprobación definitiva se produjo el 27 de julio de 2023.
La 14 UE-I (A) se encuentra entre la antigua N-340, la A-7 y la 14 UE-I (B). El sector ocupa 90.554,69 metros cuadrados. No obstante, la zona de influencia abarca una mayor superficie al sumarse los 147.559 metros cuadrados de la unidad de ejecución hermana. El total de la extensión comprende 238.113,69 metros cuadrados, un área más que considerable si se compara, por ejemplo, con los 150.000 m2 del plan parcial de Censal, donde el bipartito activó a finales del pasado año la mayor bolsa de viviendas en muchos años.
El equipo de gobierno descarta recurrir y su portavoz, Vicent Sales, señala sobre el cambio que "el que lo hizo, lo hizo a conciencia". El Ayuntamiento está pagando para expropiar 80 euros/m2 por suelo urbano y 11 euros/m2 por el rústico.