CASTELLÓ. El Plan Director de Abastecimiento de Agua Potable de Castellón incluye las dos desaladoras de la provincia en las redes de abastecimiento. En concreto, la planta de Moncofa se incluiría en el anillo de abastecimiento de la Plana Baixa, del mismo modo que la de Cabanes formará parte de los recursos del consorcio de aguas del Pla de l'Arc.
Esta es una de las medidas del Plan Director del Agua, que prevé actuaciones basadas en la explotación y conexión de una red de acuíferos para aprovechar los recursos hídricos existentes y cambiar el modelo de gestión y gobernanza del agua en Castellón. Contará para ello con una inversión estimada de 150 millones de euros (prevista para varias legislaturas), según han explicado este miércoles en el salón de plenos de la institución provincial el presidente de la Diputación, José Martí, el diputado de Sostenibilidad y Ciclo del Agua, Ignasi García, y la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà.
García ha indicado que la política hídrica de la provincia estaba basada hace años en los trasvases, una vía "no eficiente, no sostenible y con consecuencias para el medio ambiente" y ahora se va a apostar por un modelo "diferente que busca aprovechar nuestros acuíferos y que pretende garantizar el abastecimiento continuado de los pueblos de la provincia". Esta "hoja de ruta" marca qué infraestructuras es necesario llevar a cabo para conseguir los objetivos y se basa en cuatro pilares: la investigación sobre los acuíferos; la captación de los pozos en profundidad; el tejer una red que vertebre y conecte pozos y municipios y la "nueva gobernanza en materia de agua con solidaridad, eficiencia y otra forma de gestión".
En este sentido, el nuevo modelo de "gestión responsable y mancomunada" requerirá la creación de "un gran consorcio provincial de agua, del que participará la Diputación, con presupuesto y autonomía jurídica propia" para la ejecución de las infraestructuras de abastecimiento en alta que aseguren "la justicia hídrica a través de la equiparación de precios en todo el territorio", ha señalado Garcia.
Además, ha dicho el diputado, "hay que implicar los ayuntamientos a través de un plan provincial de promoción de la eficiencia municipal en la gestión del ciclo integral del agua".
El coste, ha indicado García, será "elevado", y estima que en los próximos años, probablemente trascendiendo varias legislaturas, se necesitará una inversión aproximada de 150 millones de euros, que podría ser mayor según avance el desarrollo de este plan que fue aprobado este martes por unanimidad en el pleno de la Diputación. José Martí ha hecho referencia este consenso a la hora de replantear las políticas hídricas de la provincia y ha señalado que se trata de "un primer paso" hacia una planificación general que habrá que "detallar", aunque ha añadido: "Vamos hacia delante en una provincia que vive del agua y en la que cada vez se pone más de manifiesto la escasez".
Entre las obras a corto plazo, Garcia ha señalado que próximamente se desarrollarán las memorias correspondientes al anillo que suministrará la "zona 0 de la provincia", que comprende los municipios de Culla, Xodos, Vistabella, Benafigos y les Useres, así como a los anillos La Jana-Canet-Traiguera-Sant Jordi-Càlig-Cervera y un tercero en la zona oeste de Els Ports-Maestrat, tras las cuales se empezarán a poner en marcha los proyectos de prospección.
Por su parte, la consellera Mollà ha indicado que el agua se ha convertido en "uno de los grandes servicios esenciales", y por ello "todas las administraciones" han sido interpeladas para que su gestión sea "prioritaria, excepcional y esencial". La consellera ha mostrado la colaboración de la Conselleria para el desarrollo del plan, tanto técnicamente como en su financiación, y ha abogado por conseguir los Fondos de Reconstrucción de la UE para este plan, ya que los mismos están destinados a "la reactivación económica desde la vertiente de la sostenibilidad".
También ha recordado que el Consell ha incluido ya el agua como prioritaria y ha solicitado más de 1.200 millones de euros a Europa para esta materia. Para Mollà el agua debe entenderse como "un derecho humano", y por eso ha destacado la necesidad de apostar por una "buena planificación y gobernanza", para llegar a "democratizarla y que llegue a todos los lugares desde una transición justa en la que se debe tener no solo el derecho a su acceso sino que sea accesible su precio".
Para la materialización del Plan Director del Agua, la Diputación ha trasladado ya a la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica el acuerdo del pleno en torno al PDA, del mismo modo que lo hará con entes como las confederaciones hidrográficas del Ebro y del Júcar y el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico con el objetivo de que lo incluya en el Plan Hidrológico Nacional.
