CASTELLÓ. Al final, el caso ha acabado en los juzgados. Los vecinos de la playa de Almassora han remitido a la justicia las molestias que durante años vienen sufriendo por contaminación acústica y ambiental procedente del polígono industrial del Serrallo. La querella, presentada por la plataforma de afectados, apunta a posibles delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, delito de lesiones y prevaricación administrativa.
Las molestias procedentes del polígono industrial sito en Castelló de la Plana acumulan una gran cantidad de quejas administrativas y escritos presentados a diferentes instituciones como el Ayuntamiento de Castellón, el Ayuntamiento de Almassora y la Generalitat Valenciana. Concretamente, hasta 160 de los vecinos de la playa d'Almassora han presentado cientos de reclamaciones desde hace casi 25 años que, según explican, nunca recibieron respuesta.
Problemas derivados de las emisiones, el ruido y los olores procedentes del polígono constituyen las principales denuncias vecinales, que cargan contra las administraciones mencionadas por la inacción durante las últimas décadas pese a que la actividad del "conglomerado de empresas" en la zona limítrofe con la zona residencial -en ocasiones, a menos unos 100 metros de distancia, aseguran- está afectando "no solo a su patrimonio" sino también a la salud de los residentes, según explica la plataforma.
La falta de soluciones pese a la reiterada insistencia de los vecinos es lo que ha llevado a la plataforma a acudir a la vía judicial, donde apunta a representantes políticos de los ayuntamientos de Almassora y de Castellón, así como de la Generalitat Valenciana, y señala como posible emisor directo de las molestias a la refinería de la petrolera BP en el polígono.
Así, aseguran que las mediciones acústicas realizadas de manera periódica arrojan resultados "preocupantes" y que rebasan holgadamente los niveles de decibelios máximos permitidos por la normativa municipal, tanto en horario diurno como nocturno. Algo que afecta directamente a los hábitos de los vecinos más próximos a la zona industrial, que la plataforma cifra en un millar aproximadamente. A lo que se suma la contaminación ambiental por medio de sustancias tóxicas y partículas en suspensión, también superando los niveles máximos permitidos.
Así, denuncian que todos los querellados son conscientes de los problemas existentes sin que durante todo este tiempo se haya puesto solución. Y en ese sentido, señalan que concurren todas las condiciones necesarias para la calificación del delito contra el medio ambiente, fundamentado en una conducta dolosa durante los últimos 20 años y en el incumplimiento de la normativa de ruidos y ambiental, que estaría generando un "grave peligro o perjuicio" para la salud de los vecinos.
En la misma línea, la plataforma denuncia que algunos de los permisos de las empresas del polígono de El Serrallo están caducadas, o que para su prórroga no se han exigido los documentos obligatorios para su concesión. De manera que las compañías estarían operando de manera "irregular" o con licencias sin el debido control administrativo. Lo cual lleva a incluir entre los posibles delitos también el de prevaricación por parte de las administraciones mencionadas al haber haber "mirado hacia otro lado" ante las denuncias.
La plataforma se apoya también en resoluciones del Defensor del Pueblo, que ha resuelto en su favor ante las reiteradas quejas. "El 97% de las horas nocturnas durante un año entero, los vecinos han estado soportando valores por encima de los límites", explica el propio Defensor en una resolución del pasado mes de diciembre, donde explica que "si las administraciones públicas tienen indicios de que se está incumpliendo la legalidad, deben iniciar un procedimiento sancionador" y "desplegar una actividad inspectora que permitan tener un conocimiento lo más exacto posible del nivel de cumplimiento".
Asimismo, subraya que "de nada sirve establecer medidas correctoras de la contaminación si estas se incumplen y, pese a ello, no se produce ninguna de las consecuencias previstas en las normas". Y por ello, instaba a la Conselleria de Agricultura de la Generalitat a modificar el plan de inspecciones para "incrementar la frecuencia de visitas al polígono de El Serrallo, sin previo aviso, con la finalidad supervisar el cumplimiento de los requisitos en materia de contaminación acústica y atmosférica".
Otra más reciente, del pasado mes de marzo y dirigida al propio Ayuntamiento de Almassora, instaba a mediciones de ruido en los domicilios para verificar si había incumplimientos, así como suministrar los resultados obtenidos a los propios vecinos. Por el momento, denuncia la plataforma de afectados, no se conoce "ni una sola sanción" al respecto.
