El Consell ultima con Castelló el convenio de cesión de Borrull para la apertura: solo falta la firma

CASTELLÓ. La apertura del reformado edificio de Borrull ya es cuestión de semanas tras más de tres años de trabajos. La Conselleria de Hacienda, propietaria del inmueble y responsable de la rehabilitación, espera en los próximos días realizar el simbólico acto de recepción de la obra. En paralelo, la dirección general de Patrimonio ultima el convenio de cesión para que el Ayuntamiento de Castelló pueda disponer de al menos un 40% de los 10.709,83 metros cuadrados de superficie útil y, con ello, trasladar las áreas de servicios sociales que se localizan en Quatre Cantons (dependencia, psicología o ayudas).

La firma del documento que regula las condiciones de uso todavía no tiene fecha definida, pero se confía en que se produzca entre lo que queda de septiembre y octubre, según fuentes consultadas. A partir de esa rúbrica, está previsto que los distintos departamentos municipales y autonómicos procedan de manera progresiva a efectuar la mudanza para abrir el inmueble al público cuanto antes.

Una coste de casi 20 millones

La renovación de los antiguos juzgados ha supuesto una inversión de casi 20 millones de euros (en concreto, de 19,8 millones), un 36,22% más de lo que se había previsto de acuerdo con el presupuesto de adjudicación. El Grupo Ortiz se hizo con el contrato en febrero de 2021 al rebajar ostensiblemente el valor estimado de la obra civil para dejarlo en 14,5 millones de euros (impuestos incluidos).

Sin embargo, la complejidad técnica desde el arranque de la ejecución en mayo de 2021 ha ido incrementando de forma exponencial el coste. También ha tenido consecuencias directas sobre los plazos de entrega con un retraso de 18 meses respecto a la fecha original. En teoría, la reforma de Borrull debería haber finalizado en marzo de 2023 después de 22 meses de trabajos.

Los contratiempos y los distintos plazos de finalización

Más lejos de la realidad. El 1 de marzo de 2023, en la recta final del primer plazo, la empresa remitió un escrito para pedir una primera ampliación de cuatro meses. Unas semanas después, el día 16 de marzo, se suscribió la resolución, estableciendo como nueva fecha el 20 de julio. A un mes de cumplirse esa data, el 19 de junio, la adjudicataria volvió a plantear la necesidad de aumentar el periodo de ejecución. En esta ocasión, reclamó en primera instancia tres meses y 10 días. No obstante, poco después solicitó cinco meses, por lo que se determinó finalmente el 20 de diciembre como el día señalado para concluir la intervención.

El 5 de diciembre, el Grupo Ortiz informó de nuevo sobre la imposibilidad de llegar al tiempo y demandó una tercera moratoria por circunstancias súbitas y no previstas en el último modificado del proyecto. Unos días más tarde, el 18, el subsecretario de Hacienda y Patrimonio, Carlos Pablo Gracia, firmó la prórroga. Esta vez de tres meses para fijar el 20 de marzo de 2024 como nueva y definitiva fecha.

Medio año después de esta postrera data, la recepción de las obras todavía no se ha materializado, aunque las mismas fuentes consultadas aseguran que no tardará en producirse. Incluso, apuntan a esta misma semana, en el mejor de los casos. Esa previsión dependerá de la resolución de algunos problemas técnicos y logísticos surgidos ahora en septiembre.