La diputada autonómica y concejala de Ciudadanos, Cristina Gabarda.CASTELLÓ. La flamante diputada autonómica de Ciudadanos Cristina Gabarda ha llegado a Les Corts con una condena por injurias debajo del brazo. El juzgado de lo Penal número 4 de Castelló le obliga a pagar 4.380 euros por calumniar al presidente del PP de Castellón, Miguel Barrachina, tras haber publicado en Facebook un fotomontaje del líder popular en el que se le acusaba de estar imputado por corrupción. El fallo judicial se ha conocido este viernes, un día después de haber tomado posesión de su cargo de diputada y, según los estatutos de Ciudadanos, los representantes institucionales condenados por "cualquier delito" deben dimitir.
Gabarda de momento no ha movido ficha en lo político, pero sí piensa hacerlo en los tribunales. Desde el partido explican que presentará un recurso de apelación, y recuerdan que ya se disculpó y reconoció "el error". Además, achacan el litigio a un interés electoralista del PP para sacar rédito" a las puertas del 26-M.
No obstante, los estatutos de Ciudadanos son claros y establecen dos supuestos que podrían afectar a Gabarda, quien también es concejala del Ayuntamiento de Castelló. Por un lado, plantean que "los representantes institucionales y los cargos orgánicos del partido deberán poner su cargo, y en su caso el acta, a disposición del Comité Ejecutivo" si existe acusación "por el Ministerio Fiscal por la comisión de cualquier delito", una situación en la que ya se encontraba la diputada cuando se celebró el juicio el pasado 23 de abril. Eso sí, en este caso, el órgano competente podría mantener la confianza en el cargo "previo examen detallado de las circunstancias concurrentes".
Por otra parte, el reglamento obliga al cese si hay condena por cualquier delito, aunque no esté relacionado con la corrupción. Según precisa el artículo 10, el Comité Ejecutivo "aceptará la dimisión presentada o, en su caso, se promoverá el cese del cargo público u orgánico afectado". En el caso de Gabarda, aunque ya hay condena, la vía judicial sigue abierta, por lo que la aplicación de los estatutos podría esperar hasta que existiera sentencia firme.
Ciudadanos, que enarbola en su discurso la bandera de la ejemplaridad, pone el listón alto en la exigencia de dimisión. Sin embargo, la idea que cunde en el seno del partido es que el caso no tendrá consecuencias para Gabarda pese al reglamento interno. La diputada es un peso pesado dentro de la formación naranja y lo ocurrido con Barrachina se percibe como una cuestión menor, nada comparable a casos como los que afectan precisamente a los populares. Además, el hecho de que la denuncia parta del PP se esgrime como argumento para restar gravedad al asunto, atribuyéndose a una estrategia de desgaste electoral.
La formación naranja, sin embargo, sí que ha sido contundente a la hora de exigir la asunción de responsabilidades a otros partidos inmersos en causas judiciales, aun sin abrirse juicio ni existir condena. El grupo municipal que lidera Gabarda en el Ayuntamiento de Castelló pidió la dimisión de la concejala de Compromís Ali Brancal, investigada por un supuesto delito de malversación -también a raíz de una denuncia del PP-, y votó a favor de su cese el pasado mes de diciembre para hacer cumplir el código ético del consistorio.
