CASTELLÓN. La subasta de Pesfasa se alargará más de lo esperado. El recurso de una de las empresas concurrentes que había sido excluida en el proceso de subasta retrasará los plazos. Así, el conflicto deja en el aire la compra de la compañía, que solicitó entrar en concurso de acreedores el pasado mes de octubre por haber alcanzado elevados niveles de endeudamiento, imposibles de asumir para la firma radicada en el Grau.
Aunque en un principio había siete empresas que habían mostrado interés, en la subasta abierta para hacerse con los activos de Pescados Fabregat se presentaron cinco ofertas: la multinacional peruana Océano Corp; la gallega Frimo; la palentina Cocimar; la valenciana Boreas Efficient Management y el grupo agroalimentario sevillano Bicapital.
La subasta se llevó a cabo en dos pasos. En primer lugar, se hizo una criba y se eligieron dos ofertas finalistas, correspondientes a Océano Corp y la valenciana Boreas. El resto, quedaron excluidas, una decisión que una de las empresas afectadas decidió recurrir: la monegasca Frimo, quien consideró injusta que su oferta quedara fuera de las que podían resultar elegidas en último término al ofertar precios parecidos al resto pero sin contemplar la adquisición de las existencias de Pesfasa, que estarían valoradas en más de un millones de euros, según las fuentes consultadas por este diario.
"La empresa [Frimo] tiene varios recursos en marcha", aseguran estas mismas fuentes en conversación con Castellón Plaza, según las cuales la firma también estudia "otras opciones" para cumplir sus pretensiones si la impugnación no llega a buen término porque considera que "la valoración de las ofertas ha sido desequilibrada" en detrimento de la de Frimo, que es asimismo acreedor de la empresa de marras. Este proceso, según explicaron otras fuentes conocedoras del caso, retrasará los tiempos.
Tal y como informó Castellón Plaza, el pasado mes de noviembre Pesfasa colapsó y tuvo que entrar en concurso de acreedores debido a, según el administrador concursal en noviembre, "la existencia de un pasivo bancario a muy corto plazo, y cuya capacidad de devolución es prácticamente imposible". En ese sentido, señalaba que los activos de la sociedad están constituidos "en su mayor parte por inmovilizado cuya realización debe ser a muy largo plazo, y que es necesario para la continuidad de la actividad".
La administración no veía factible renegociar la deuda con los acreedores porque "mas del 60% de los acreedores son entidades bancarias en las que su crédito se encuentra garantizado por el ICO". En ese sentido, la única solución viable era la venta de la unidad productiva. Con todo, aún no hay una resolución judicial para adjudicar la venta de la compañía y el proceso está recurrido por uno de los inversores interesados.
