CASTELLÓ. Begoña Carrasco afronta su primera semana como alcaldesa de Castelló sin tiempo que perder. Dos días después de la investidura, ya debe tomar decisiones importantes ante lo imperativo de activar el nuevo ejecutivo municipal. Las principales medidas, en forma de decretos, obedecen tanto a la distribución de competencias entre los 11 concejales de su grupo como al nombramiento de los tenientes de alcaldía. Asimismo, prevé concretar los miembros de la Junta de Gobierno Local y de las tres comisiones informativas.
A la espera de incorporar a Vox como socio, la primera munícipe popular quiere movilizar a sus ediles desde el día 1, en la línea de lo que hizo incluso antes de la precampaña, cuando evitó pronunciarse sobre sus planes respecto a la lista para lograr la máxima implicación. El reparto de delegaciones y concejalías busca, además, abordar otra cuestión especialmente trascendente para la legislatura: las retribuciones y el número de asesores.
La pretensión de Carrasco pasa para adaptar las remuneraciones en función de las responsabilidades de cada regidor. Sin embargo, debe analizar con su núcleo de confianza cómo pretende aplicar esa idea. Todos los munícipes del gobierno van a contar con dedicación exclusiva, lo que significa que, además de las delegaciones propias del cargo, piensan desempeñar cometidos en otros órganos de gestión.
Hace cuatro años la aprobación de los salarios de los concejales derivó en la primera polémica de la legislatura. El Acord de Fadrell (PSPV, Compromís y Podem-EU) incrementó los emolumentos un 50% respecto al anterior mandato, lo que generó las críticas de la oposición (PP, Ciudadanos y Vox) pese a que el acuerdo inicial incluía un sueldo para sus portavoces de 41.000 euros brutos anuales. El rifirrafe protagonizado en el pleno entre la alcaldesa, la socialista Amparo Marco, y el adjunto del Partido Popular, Sergio Toledo, llevó a la primera a retirar el punto. Unos días después, el tripartito hizo valer su mayoría para sacar adelante una nueva propuesta con ese aumento, pero sin contemplar la mejora retributiva de los líderes de la derecha.
Carrasco pretende reajustar esa tabla, que recoge como remuneraciones más elevadas los 78.554,52 euros de la alcaldesa y los 62.843,52 euros del edil con una exclusividad del 100%. Los portavoces en la oposición, por una dedicación del 25%, cobran 28.806,12 euros brutos anuales.
La líder popular también plantea una revisión del personal eventual. En la actual, la cifra de asesores asciende a 25, casi el máximo de lo que permite la ley, ya que como mucho puede haber tantos como los miembros de la corporación municipal (en este caso, 27). En 2015, el número se situó en 17.
De acuerdo con lo aprobado en 2019, del total de 25, 14 están asignados al partido que asume la alcaldía. En esa cantidad, se incluyen el jefe de gabinete y los coordinadores de acción de gobierno y de comunicación. De igual modo, hay cuatro asesores de alcaldía y otros tantos de gobierno. Los demás dependen del grupo municipal. Entre el resto de formaciones se reparten los 11 colaboradores restantes. El gasto anual bruto supera los 860.000 euros.