CASTELLÓ. El nombramiento de Salomé Pradas como consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio tiene especial importancia para Castelló. Más allá de la cuota provincial en el reparto de las carteras por parte del president, Carlos Mazón, su elección garantiza la materialización de algunos de los objetivos marcados por la alcaldesa, Begoña Carrasco, para este mandato. Al menos, sobre el papel.
La castellonense asume una conselleria de peso y clave para los planes de la primera munícipe. De los distintos frentes abiertos, destacan sobremanera tres: el Plan General, la ronda Oeste y la Marjaleria. Se trata de tres compromisos programáticos de Carrasco y cuyo desarrollo o culminación suponen un cambio sustancial respecto al modelo de ciudad.
La idea de la alcaldesa con el planeamiento urbano pasa por modificar sus dos documentos (el Plan Estructural y el Plan de Ordenación Pormenorizada) para ampliar la superficie de suelo industrial. Esa modificación conlleva un encaje de bolillos, ya que requiere informes favorables, el beneplácito de distintas administraciones y el consenso de los agentes implicados con vistas evitar más recursos Contencioso-administrativos.
Con Pradas al frente de Infraestructuras, la farragosa tramitación puede acortarse a propósito de los plazos. Más si, como el PP recalca desde hace días, se pretende cambiar la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, la conocida como Lotup. El retoque de la normativa no solo afecta al Plan General, sino también a la Marjaleria, uno de los temas estrella de Carrasco durante la (pre)campaña.
La popular siempre se ha mostrado en contra de los Planes de Reforma Integral (PRIs) y de los Planes de Minimización de Impacto, las dos herramientas que recoge el citado marco urbanístico, para regularizar las viviendas del Marjal de Castelló. La alcaldesa considera más efectivo impeler un Plan Especial de la Marjaleria, con la creación además de una oficina para atender las demandas de los vecinos de las distintas partidas.
Para materializar esa promesa electoral, resulta imperativo modificar el Plan General a partir de lo que establece la Lotup, es decir, de lo que determine la Conselleria de Infraestructuras. En la misma línea, otro de los grandes proyectos que afecta a Castelló obedece a la finalización de la circunvalación.
La ejecución de la segunda fase de la ronda Oeste está pendiente desde hace años, aunque en la recta final del anterior mandato el Ayuntamiento y la Generalitat llegaron a un acuerdo para impulsar la actuación. En la actualidad, la adjudicataria de redactar el proyecto, la Unión Temporal de Empresas (UTE) compuesta por Car Enginyeria Civil y Oficina Técnica TES, ultima el documento para su posterior aprobación y, a partir de ahí, iniciar las expropiaciones de los terrenos y la licitación.
En los presupuestos autonómicos de este año apenas se contempla una consignación de 50.000 euros para dicha ronda, una cantidad totalmente insuficiente en vista de que la obra civil representa una inversión de entre 35 y 40 millones de euros, asumida al 100% por la Conselleria. El cierre de la circunvalación comprende un tramo de 2,35 kilómetros desde la rotonda de acceso a la Universitat Jaume I hasta la glorieta de la N-340/AP-7/CV-17. Al margen de rematar el anillo periférico, facilita el enlace con la CV-16 (carretera de l'Alcora) y completa el resto de conexiones.