El PSPV cuestiona que los miembros del Consejo de Transparencia tengan rango de director general

VALÈNCIA. Nueva división en el tripartito. Esta vez, a cuenta algunas modificaciones que plantea la nueva Ley de Transparencia que los grupos parlamentarios que integran el Botànic II -PSPV, Compromís y Unides Podem- registraron la semana pasada en Les Corts Valencianes. En concreto, las que afectan a la composición, dedicación o salario que percibirán los miembros que componen el Consejo de Transparencia. 

A finales del mes de septiembre, socialistas, valencianistas y morados presentaron, junto a la consellera de Participación y Transparencia, Rosa Pérez Garijo, el contenido de la nueva Ley de Transparencia. Una normativa que se inspira en la de Gobierno Abierto iniciada por el primer gobierno del Botànic -con Manuel Alcaraz al frente de esta área- que no pudo ver la luz porque el adelanto electoral la hizo decaer y que introduce importantes cambios respecto a la norma en vigor.

El texto de la ley propone que los consejeros pasen a ejercer su cargo con "dedicación exclusiva" y "tengan consideración de altos cargos con rango de director general". Es decir, Transparencia tiene la intención de profesionalizar este órgano y que sus componentes, que ahora compatibilizan el puesto con sus respectivas profesiones y reciben dietas por cada reunión a la que acuden -normalmente con periodicidad mensual-, perciban un salario de más de 58.000 euros brutos anuales. Un cambio que el PSPV cuestiona ahora que deba acometerse. 

Desde el grupo parlamentario socialista tienen serias dudas de que esta modificación vaya a ser beneficiosa para el órgano y creen que con ella el tripartito tendrá mayor dificultad para encontrar candidatos que quieran ocupar estos puestos. ¿Los motivos? Actualmente los miembros del Consejo de Transparencia perciben dietas por cada reunión que mantienen que oscilan desde los 600 a los 500 euros y pueden compatibilizar el cargo de consejeros con su profesión -la mayoría ejercen de profesores universitarios-. 

Sin embargo, con el cambio propuesto, pasarían a estar bajo el régimen de incompatibilidades de los altos cargos del Consell y no podrían cobrar un sueldo universitario ni tampoco percibirían indemnizaciones por cada reunión porque ya tendrían dedicación exclusiva, por lo que a muchos de ellos no les compensaría económicamente el cambio. Por ello, el PSPV duda que con las incompatibilidades y las retribuciones que recibirían si tuvieran rango de directores generales, el Botànic II pudiera encontrar en un futuro aspirantes para ocupar el cargo de consejeros, ya que muchos preferirían mantenerse en sus profesiones para no perder poder adquisitivo. 

Un factor que los socialistas explican a este diario que deberá tenerse en cuenta y analizarse en la fase de participación ciudadana que se abrirá en los próximos meses en la comisión que estudie la citada ley. Aseguran que, si en ella, los expertos a los que inviten los partidos a comparecer les trasladan que con este cambio podría bajar el nivel o la calidad de este organismo, se plantearán enmendar este apartado de la ley. No en vano, la norma plantea que los consejeros serán personas de reconocido prestigio con una experiencia de al menos 10 años. Pero en el PSPV consideran que con el régimen de incompatibilidades que se les aplicaría y la merma económica que sufrirían sus bolsillos, los candidatos a los que se podría proponer para acceder al puesto podrían gozar de un prestigio inferior del que gozan actualmente sus integrantes. 

La cuestión está todavía en una fase muy embrionaria, dado que la Ley de Transparencia acaba de ser registrada en el Parlamento valenciano. Sin embargo, las dudas de los socialistas ponen de manifiesto una cosa: que esta norma, que se presentó como proposición de ley elaborada por los grupos parlamentarios PSPV, Compromís y Unides Podem, realmente se redactó desde la Conselleria de Transparencia, como admiten fuentes parlamentarias. De lo contrario, el grupo del puño y la rosa no hubiera introducido este cambio en la ley si tiene dudas de que vaya a ser beneficioso para el Consejo de Transparencia. 

Sin informe de Presupuestos

Al presentarla los grupos parlamentarios y no la Conselleria de Transparencia, el texto se tramita como una proposición de ley y no como un proyecto de ley del Consell. Un procedimiento más ágil, ya que de esta manera sortea todo un periplo burocrático y mayor control: no pasa por el Consell Jurídic Consultiu, ni cuenta con el informe del Comité Económico y Social. Las consellerias no hacen alegaciones, no se elabora un informe de género, ni tampoco la Dirección General de Presupuestos determina si existen fondos para aplicarla. Una cuestión esencial en el caso de que los consejeros tengan rango de directores generales. 

Con la ley actual, las compensaciones que recibían los integrantes de este órgano por cada encuentro celebrado oscilaban entre los 600 y 500 euros. El presidente del Consejo, Ricardo García Macho, cobraba la cuantía más alta por cada reunión, mientras los cuatro vocales -Carlos Flores, Lorenzo Cotino, Sofía García Solís y Emilia Bolinches- recibían 500. Ahora, sin embargo, con el cambio propuesto para que tengan rango de director general pasarían a cobrar casi 60.000 euros al año. Si bien es cierto que el órgano se reduciría en 2 integrantes -ahora mismo son cinco-, aún así, supondría un gasto anual de en torno a 180.000 euros tan solo en dietas. 

Con todo, ahora los socialistas tienen dudas de esta parte del texto legal, por lo que no es descartable que el propio Botànic se autoenmiende para cambiar su reforma legal.