Castelló afea al Consell que su mutismo sobre las tasas "provoca una notable demora" con el Caminàs

CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló empieza a manejar nuevos plazos con la reforma integral del Camí Caminàs. La autorización de la Junta de Gobierno Local (JGL) para pagar las dos tasas por la ocupación temporal y la concesión demanial de la vía pecuaria (9.980 euros y 7.573,59 euros, respectivamente) supone un punto de inflexión en la disputa con la Generalitat Valenciana. El Acord de Fadrell se marca como horizonte "antes del verano" para culminar el proceso de adjudicación.

El portavoz suplente del equipo de gobierno, Fernando Navarro, asegura que "se va a priorizar la actuación, porque tenemos la convicción de que el Ministerio incluirá el proyecto en los fondos Feder". De hecho, advierte que la mejora de la vereda figura entre las últimas memorias valoradas y remitidas para conseguir la financiación europea. "Si se aprobó en su momento, pensamos que no habrá problemas ahora", matiza.

El abono de los aranceles para desbloquear la paralización, más allá de cerrar el conflicto con la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, representa el enésimo episodio. "Que paguemos no significa que aceptemos la interpretación, no tanto por la cuantía, sino porque puede crear jurisprudencia", precisa Navarro.

Silencio administrativo

Además, en el acuerdo adoptado por la JGL para ordenar la retención de crédito en favor de la subdirección de Vías Pecuarias, se afea al Consell su silencio acerca "de la disconformidad del Ayuntamiento a la exigencia del pago de las tasas comunicada a la Conselleria competente y respecto a la cual no se ha tenido respuesta", recoge el escrito.

Ese mutismo, según añade el documento, "está produciendo una notable demora sobre la resolución favorable de los expedientes que impide iniciar la contratación de las obras de la vía verde del Caminàs al no contar con la disponibilidad de los terrenos".

En este contexto, el equipo de gobierno lamenta que la administración autonómica carezca de la sensibilidad necesaria para entender que el proyecto, al ser cofinanciado con fondos europeos, "se halla sometido a plazos muy estrictos, siendo necesario acreditar el comienzo de la tramitación del procedimiento de contratación en el periodo máximo de 6 meses desde la notificación de la resolución de la concesión de la ayuda".

Dicho de otra manera, desde el momento en que se recibe la comunicación a propósito de la subvención, el beneficiario dispone de medio año para probar el inicio de la licitación. Ese intervalo se alarga a los 12 meses con vistas a formalizar el contrato de adjudicación.

A consecuencia de esa inflexibilidad burocrática, el Ayuntamiento de Castelló ya tuvo que redistribuir los 4,2 millones de euros entre otros proyectos de perfil técnico similar en diciembre de 2019. Entonces, la figura legal a la que se acogió para recibir financiación obedeció a la estrategia Edusi, que forma parte de los fondos Feder. Sin posibilidad de cumplir los tiempos, se desvió la consignación económica en la mejora del Camí La Plana, así como en la construcción de nuevos carriles bici.