De Castalia a la modificación de créditos: los debates 'anestesian' el pleno de Castelló

CASTELLÓ. El pleno del Ayuntamiento de Castelló, correspondiente al mes de abril de 2024, será recordado por el acuerdo político para la cesión del Estadio Castalia y por la modificación de créditos de 15,2 millones para impulsar 117 nuevos proyectos. Pero no solo por eso. También por los interminables y anestesiantes debates de las mociones, que alargaron la sesión más de tres horas y media.

La puesta en escena de los cuatro grupos (PP, PSPV, Vox y Compromís) propició que volvieran a tratarse polémicas ya clásicas en esta legislatura. No faltaron las alusiones a los chiringuitos de la izquierda progre; al pancatalanismo; a la Agenda Urbana 2030; a las multas del edil de Movilidad, Cristian Ramírez, en zona azul; y al topónimo. En esta ocasión, se sumaron otros temas de actualidad. Algunos nacionales, como la amenaza de dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la investigación a su mujer. "Ahora está a la fuga", bromeó el equipo de gobierno.

Un pleno de dos partes marcadas

El pleno se dividió claramente en dos partes bien diferenciadas. En la primera, el ejecutivo local y la oposición abordaron la cesión de Castalia, aprobando por unanimidad una moción para constituir una comisión conjunta y velar por el cumplimiento del plan de inversiones anunciado por el propietario del CD Castellón, Bob Voulgaris. En esta parte de la sesión, el bipartito también sacó adelante, gracias a su mayoría de 15 concejales, sus primeros Reconocimientos Extrajudiciales de Créditos (Recs) del año por 1,5 millones y la operación contable de 15,2 millones, en la que se contempla una partida de 1,2 millones, aproximadamente, para acometer las obras de seguridad del Estadio Castalia.

El PSPV y Compromís votaron en contra de la modificación de créditos al argumentar que previamente el PP y Vox habían rechazado sus 39 enmiendas para dotar de mayor contenido social el presupuesto municipal de 2024. Durante el debate, el líder valencianista, Ignasi García, recriminó al equipo de gobierno el "no cumplimiento" de la regla de gasto en 2023 y calificó las cuentas municipales de "sectarias". La portavoz socialista, Patricia Puerta, ha señaló que "los presupuestos son del postureo" y acusó a la derecha y extrema derecha de sacar "el rodillo". "Sus prioridades distan mucho de las necesidades de la ciudadanía y se han mimetizado ya con Vox y todas sus exigencias las asumen como propias", agregó en alusión al PP.

El representante del partido de extremaderecha, Antonio Ortolá, afirmó que lo que "lo que se ha aprobado hoy es parte de los euros que el anterior gobierno dejó de ejecutar en 2023". "Esta incorporación del remanente es la más correcta para generar riqueza, preocuparse por las personas más vulnerables, reactivar el comercio y atraer turismo. Queremos crear una capital de provincia puntera en España preparada para cualquier desafío", señaló.

El concejal popular Juan Carlos Redondo, afeó a la oposición su hipocresía, "porque piden en sus enmiendas cosas que ustedes no hicieron cuando gobernaron". El también regidor de Hacienda advirtió que la modificación de créditos propicia que "la administración disponer de liquidez para acometer actuaciones con mayor celeridad. Unas inversiones que permiten construir un Castellón más vivo y dinámico. Una ciudad con más seguridad, más verde, más limpia y con más asfaltado. Más inclusiva, que disfruta del deporte y un estilo de vida saludable y con más oportunidades para nuestros vecinos".

Un presidente del Gobierno "fijo discontinuo"

Redondo aprovechó para criticar la falta de PGE y subrayó que hay un presidente del Gobierno "fijo discontinuo que, tras verse acorralado por casos de corrupción, escribe una carta intentando dar pena pero insultando a sus contrincantes", a lo que la portavoz socialista le contestó que le parece "patético" que "se mofe de una situación personal".

La segunda parte del pleno fue más tediosa con porfías que en ocasiones hasta resultaron forzadas de cara a la galería. Más allá de aprobarse dos declaraciones institucionales (una sobre la pobreza energética y otra respecto al Día Mundial del Lupus), el ejecutivo local tumbó las mociones del PSPV y Compromís acerca de establecer un cronograma para las subvenciones y de garantizar el salario mínimo interprofesional en los contratos públicos, respectivamente. El PP y Vox igualmente enmendaron a la totalidad una iniciativa de la coalición valencianista a fin de construir aulas públicas para el alumnado desde los cero hasta los tres años.