CASTELLÓ. El PP busca un acuerdo de retribuciones con Vox para encarrilar la alianza de gobierno en el Ayuntamiento de Castelló. Después de semanas sin contactos oficiales, más allá de conversaciones informales y puntuales, los dos partidos retomaron este lunes las conversaciones con el propósito de llegar al pleno extraordinario de organización (31 de julio) con una mayoría garantizada.
Al menos, esa es la pretensión de la alcaldesa, Begoña Carrasco, que necesita los cuatro ediles de la formación de extrema derecha para evitar sorpresas en esa sesión. De hecho, la suma de regidores (15) impide que el grupo popular corra el riesgo de encontrarse en inferioridad numérica (11 munícipes) respecto al PSPV y Compromís, que juntan 12 ediles (9 y tres, respectivamente).
A diferencia de lo sucedido en la sesión de investidura, en la que el PP tenía asegurada la alcaldía (de forma directa o como fuerza más votada), en el pleno del próximo lunes no caben errores. De ahí la necesidad de pactar con Vox los salarios. Una entente que, por otro lado, debe sentar las bases del concierto programático para posteriormente hablar de sillones.
Aunque el grupo de Carrasco se muestra contrario a poner encima de la mesa el reparto de competencias, lo cierto es que la formación que lidera Antonio Ortolá considera imperativo establecer dos negociaciones en paralelo. La primera, con la idea de llegar a grandes consensos por la ciudad. La segunda, en busca de una distribución de delegaciones acorde con el ideario de Vox.
En este sentido, y según apunta el Periódico Mediterráneo, el partido de ultraderecha aboga por dotar de contenido a sus cuatro representantes, es decir, que todos formen parte del ejecutivo local. Entre las preferencias destacan Bienestar Social, Comercio, Turismo y Gente Mayor. Se da la casualidad que algunas de estas áreas están ya disponibles por la marcha de Salomé Pradas a València como consellera o lo estarán en breve ante la inminente salida de Susana Fabregat rumbo a la Casa del Caragols como delegada del Consell.
Fuentes consultadas insisten en que Vox (muy especialmente su portavoz) mantiene la aspiración de ostentar la primera tenencia de Alcaldía. Un privilegio institucional que, independientemente de su retribución, resulta clave en el dibujo del equipo de gobierno. No en vano, ante la ausencia de la alcaldesa (al estar de vacaciones, por ejemplo) asume la vara de mando.
Para el partido de extrema derecha, ese puesto deriva en crucial, más cuando el PP se opone a crear la figura del vicealcalde, como sí hizo el PSPV con Compromís en la primera etapa de ambos al frente del consistorio. En 2015, y debido a un mayor equilibrio de fuerzas entre socialistas y valencianistas, Amparo Marco negoció con Enric Nomdedéu instaurar el cargo.
Desde el entorno de Carrasco se insiste en advertir que esa concesión forma parte de las líneas rojas de la negociación, al igual que otros aspectos de contenido ideológico. Quizá el más significativo corresponde a la posición sobre la violencia machista. La alcaldesa discrepa de los postulados de Vox y considera innegociable la línea exhibida hasta ahora por el equipo de gobierno, siempre del lado de las víctimas.