CASTELLÓ. A la Conselleria de Sanidad se le está haciendo bola la adjudicación de las obras para ampliar el servicio de Urgencias del Hospital General de Castelló. Aunque el departamento que dirige el conseller Miguel Mínguez preveía adjudicar el contrato "a finales de este mes de marzo", todo apunta a que no será posible. Y es que, según recoge la Plataforma de Contratación del Estado, Sanidad ha aplazado 'sine die' la celebración de la Mesa de Contratación, en la que se deben abrir los dos últimos sobres del concurso público para poder elegir a la compañía que acometerá la tan esperada reforma.
Se trata de los sobres electrónicos 3.1 y 3.2 -correspondientes a la documentación relativa a los criterios de adjudicación cuantificable mediante fórmulas matemáticas y aritméticas y a la oferta económica, respectivamente-. Además, es la segunda vez que se aplaza este proceso, puesto que en un principio la mesa del órgano de contratación estaba prevista para el 18 de febrero y de pospuso al día 20 de marzo. Ahora, se ha vuelto a aplazar, aunque esta vez sin fecha establecida. Desde el Departament de Salut de Castelló aseguran que este retraso se debe a "la necesidad de obtener más tiempo ante el volumen de propuestas a valorar y poder garantizar que el proceso se hace de acuerdo a criterios de calidad".
Según apuntan desde Sanidad, los técnicos responsables se encuentran ahora evaluando la documentación ya abierta y presentada relativa a los sobres 1 y 2 -documentación administrativa y oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor-. Sin embargo, hasta que no se celebre de nuevo la Mesa de Contratación, para la que todavía no hay fecha, y se proceda a la apertura de los sobres 3.1 y 3.2, la Conselleria de Sanidad no podrá finalizar este proceso y adjudicar, al fin, las obras.
Huelga decir que tampoco es la primera vez que este concurso, que Sanidad licitó el pasado mes de enero por 11,7 millones de euros, sufre algún tipo de modificación. Tal y como avanzó este diario, un error técnico en los pliegos obligó al departamento de Mínguez a ampliar el plazo de presentación de ofertas y, por ende, a retrasar la adjudicación.
Un total de quince mercantiles se presentaron al concurso para acometer la ampliación del servicio de Urgencias en el hospital de referencia en la provincia. Dos de ellas castellonenses: Becsa, de Simetría Grupo (en UTE junto a Industrial de Energía y Tecnología S.L. y Ciclagua S.A.) y Gimecons, de Grupo Gimeno, también en forma de UTE junto a Levantina Ingeniería y Construcción S.L. y López Instalaciones Eléctricas S.L.
A parte de las compañías castellonenses, entre las candidatas a hacerse con el contrato también se encuentran la alicantina Acsa Obras e Infraestructuras S.A.U-Contratas Vilor S.L.; CHM Obras e Infraestructuras S.A.; la gallega Constructora San José S.A.; la compañía constructora Dragados S.A.; Guerola Transer S.L.U-Extraco, Construcciones e Proxectos S.A.; Obrascon Huarte Lain S.A.; la UTE FSA FSI Hospital Castelló; la UTE Hospital de Castellón Cobra-Imesapi; Ocide Construcción, S.A; Instalaciones Obras y Servicios, S.A. Víctor Tormo, S.L.; Torrescamara y CIA de Obras, S.A; UTE Rover Infraestructuras S.A. y Germanía de Instalaciones y Servicios S.L.U y, por último Vías y Construcciones, S.A-Electren, S.A.
Cabe recordar que el proceso para adjudicar estas obras ha estado marcado, desde su inicio, por diversos obstáculos. La reforma de las Urgencias del Hospital General en Castellón es un proyecto muy esperado y necesario por los profesionales sanitarios de la zona y también por la sociedad castellonense. La licitación se realizó por primera vez en enero de 2020, pero la llegada de la pandemia del coronavirus retrasó su adjudicación. Finalmente, la constructora Vialterra ganó la obra a principios del verano de 2021, pero tuvo que abandonarla después de completar solamente la primera fase de las seis previstas, debido al sobrecoste de los materiales.
Ante esta situación, el 4 de enero pasado, el departamento encabezado por Mínguez volvió a licitar el proyecto con un aumento de presupuesto de 11,7 millones de euros para evitar que la próxima empresa adjudicataria tenga problemas para asumir los gastos y abandone la obra, como sucedió anteriormente con Vialterra.
