CASTELLÓ. La Asociación de propietarios del PAI Golf Sant Gregori, que agrupa a alrededor de un tercio del suelo del mayor Plan de Actuación Integrada aprobado en la Comunitat Valenciana, pide que el Ayuntamiento de Burriana agilice la tramitación del proyecto -para el que se preveía haber comenzado ya las obras y se encuentra "en sus últimos y decisivos pasos"- y le cuestiona por el empadronamiento en las viviendas ubicadas en sus 2,5 millones de metros cuadrados. El presidente de la asociación, Enrique Daudí, remarca que, en el contexto actual, marcado por la caída de la actividad económica a causa de la crisis del coronavirus, "es hora de apoyar sin fisuras" el proyecto urbanístico, que contempla la inversión "de 1.500 millones de euros".
Daudí compara el PAI burrianense con el proyecto Madrid Nuevo Norte, que con 3,5 millones de m2 ha sido reactivado por el Ayuntamiento de la capital del Estado "y supone la mayor intervención de regeneración urbana de Europa". "Salvando las grandes distancias, Burriana también tiene un gran proyecto, que puede ser el acicate para la salida de la gran crisis económica que se avecina", señala el representante de los propietarios, quien afirma que Golf Sant Gregori "prevé crear más de 4.000 empleos directos e indirectos en sus fases de urbanización, construcción e implementación servicios".
En este contexto, Daudí censura "decisiones municipales incomprensibles" por parte del consistorio burrianense, como el empadronamiento de "un gran número de inmigrantes, en su mayoría ilegales", que han causado retrasos en diferentes actuaciones, como el derribo de las viviendas existentes. Sobre esto, su presidente afirma que la asociación de propietarios no ha recibido respuesta por parte del Ayuntamiento de los dos escritos que presentó al registro municipal -el último "el 11 de diciembre"- preguntando al respecto.
Y es que considera que con el empadronamiento, "creemos que de más de un centenar de personas", el Ayuntamiento "no veló por los intereses" de los propietarios, "sino todo lo contrario: no les informó y no presentó un informe interno o externo que avalase y justificase el grave perjuicio a la propiedad privada". Asimismo, Daudí, en representación del resto de propietarios integrados en la asociación, considera que empadronar a personas en viviendas que no son de su propiedad "puede ser incluso motivo de posibles responsabilidades" por los técnicos y dirigentes municipales.
Desde el consistorio, el concejal de Urbanismo, Bruno Arnandis, responde que esta manera de proceder está avalada por una resolución, del 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría de la Presidencia "por la que se dictan instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre la gestión del padrón municipal", como recoge el propio texto publicado en el Boletín Oficial del Estado. En base al documento, empadronar a alguien "tan solo sirve para constatar que una persona vive en un sitio y no otorga ningún derecho al respecto", señala el edil.
De hecho, recuerda que así se le respondió, el pasado 16 de enero, a la promotora del PAI, Urbanizadora Golf Sant Gregori, tras dirigirle esta sendos requerimientos pidiendo al Ayuntamiento que dejase sin efecto las inscripciones realizadas y que no llevase a cabo ninguna más, algo que los técnicos municipales denegaron en base precisamente a la resolución citada. Asimismo, Arnandis apunta que el hecho de que haya personas empadronadas en la zona no ha supuesto ningún retraso: "Hubo casas con gente empadronada y que estaban vacías y otras en que no había nadie registrado y sí personas viviendo; si hay alguien dentro no puedes derribar la edificación, aunque no esté empadronado", apunta respecto a los problemas vividos a finales del año pasado y principios de este con las obras de derribo.
De todas formas, los propietarios no cejan en su empeño e insisten en que, independientemente de la resolución estatal, "la ley valenciana obliga al Ayuntamiento a informar y no a ocultar". En este sentido, el presidente de la asociación insiste: "Han ocultado premeditadamente los empadronamientos. Han perjudicado a los propietarios y al urbanizador con los retrasos en las demoliciones. La ley y nuestros abogados ponen nombre y tipifican lo expuesto como delito de prevaricación".
