CASTELLÓ. El Plan de Respuesta a la guerra de Ucrania aprobado por el Consejo de Ministros este martes sí contempla finalmente un paquete de ayudas directas a los sectores gasintensivos, entre los que se incluye al azulejo.
En concreto, el Estado destinará 125 millones de euros en ayudas para empresas de los cuatro grandes sectores con alto consumo de gas. Estos son: la industria cerámica, la papelera, el cartón y el vidrio. Según ha detallado el propio Ministerio de Industria se podrán beneficiar de estas ayudas unas 1.600 empresas de estos cuatro sectores, de las que la mayoría (un 88%) son pymes.
Las patronales cerámicas se han mostrado cautas y no han querido entrar a valorar este anuncio del Ejecutivo porque prefieren esperar a que este decreto se oficialice mediante la publicación en el Boletín Oficial del Estado. Sin embargo, más allá de las subvenciones, la mayoría de las medidas en materia energética de este 'plan de choque' van destinadas a abaratar el precio de la luz. Algo que sin duda aliviará la presión de los costes a las azulejeras, pero que no da una respuesta contundente a su principal demanda: limitar el precio del gas.
En este sentido la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha hecho referencia a "la compra conjunta" como un mecanismo que se llevará a cabo para intentar reducir el precio del gas natural.
En cuanto a las industrias electrointensivas, el Gobierno ha anunciado una partida de 225 millones de euros de ayudas para estos sectores con el objetivo de reducir hasta en un 80% el coste correspondiente a los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad. Además, estas empresas se verán beneficiadas también de la rebaja en la factura de la luz que el Gobierno espera conseguir gracias a la "excepción ibérica" aprobada por Bruselas.
Más allá de este paquete de ayudas a las empresas calorintensivas, todavía habrá que esperar unas "tres o cuatro semanas" para que entre en vigor la reducción de la factura de la luz gracias a la llamada "excepción ibérica". Esto permitirá -en palabras de la ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera- "La aminoración del impacto del precio del gas natural en la configuración del mercado mayorista de la electricidad para España y Portugal". Es decir, que ambos países trabajan en un plan conjunto para poder establecer un umbral máximo al que se paga el gas en la subasta eléctrica, pero que deberá ser aprobado por la Comisión Europea.
Mientras que este lunes la ministra de Derechos Sociales Ione Belarra hacía referencia a un máximo de 30 euros para el gas en el mercado eléctrico, las ministras Ribera y Calviño no han querido hablar de un umbral concreto y han vuelto a aludir a que se fijará según "cuestiones técnicas". No obstante, han asegurado que desean que sea "lo más bajo posible dentro de lo que permita la Comisión".
Pese a que este plan conjunto para abaratar el precio de la luz se presentará a Bruselas esta semana, no entrará en vigor hasta aproximadamente dentro de un mes. Ya que la "burocracia europea" requiere de estos plazos para revisarlo y aprobarlo. Cabe recordar además, que estas medidas tendrán un carácter temporal y vinculadas a la excepcionalidad de la situación que se vive por lo que no se trata de una solución a largo plazo.