CASTELLÓ. El proyecto podrá continuar su tramitación administrativa. El Gobierno ha emitido la declaración de impacto ambiental (DIA) relativa al proyecto de megaplanta solar promovido por Arada Solar, filial de la multinacional noruega de renovables Statkraft, en la comarca de la Plana Baixa. Un trámite que, al no ser desfavorable, permite continuar el procedimiento y deja al proyecto a la espera de los permisos correspondientes. Aunque, ciertamente, la DIA reconoce el impacto de la infraestructura e impone hasta 54 condicionantes para permitir el desarrollo del proyecto.
La resolución de la DIA, emitida por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica el pasado 11 de agosto, adquirió vigencia este martes con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y establece, tras estudiar los informes de la Generalitat y otras 18 alegaciones recibidas, "todas las medidas preventivas, correctoras y compensatorias" que deberá cumplir la compañía promotora por el impacto de la planta sin las cuales el proyecto no podrá llevarse a cabo.
La iniciativa prevé la ocupación de más de 352 hectáreas de suelo para la implantación de casi 339.000 módulos fotovoltaicos, según recoge la descripción del proyecto, que se ubicará en los términos municipales de Vall d’Uixó, Xilxes, Moncofa con una vida útil de 45 años. Y a estas instalaciones va aparejada la construcción de una nueva subestación eléctrica donde evacuará la planta mediante una línea de media tensión de casi 18 kilómetros de longitud, que atravesará los términos de la Vall, Nules, Borriana, les Alqueries, Vila-real y Betxí.
El inicio de las obras se estima para el segundo semestre de 2024 y requerirá una inversión cercana a los 100 millones de euros, de los cuales 4 millones de euros corresponden al pago de impuestos locales previos a su funcionamiento. Así, la firma defiende que creará 300 puestos de trabajo durante la fase de construcción y producirá 290 GWh de energía anuales para evitar la emisión de más de 55.000 toneladas de CO2 cada año y abastecer a 95.000 hogares. Aunque la idea es, con esta planta, impulsar la producción de hidrógeno verde para la descarbonización del sector azulejero con la colaboración de Grupo Gimeno.
Tras haber superado el trámite ambiental, que es favorable con condiciones, al proyecto le resta todavía camino administrativo. El próximo hito será la obtención, también por parte del Ministerio, de la autorización administrativa previa. Tras ella, quedará la autorización administrativa de construcción y las licencias de obra, que corresponden a los ayuntamientos de los municipios afectados. Hay que recordar, en este sentido, que en 2021 los consistorios de la Vall d'Uixó y Xilxes suspendieron el otorgamiento de permisos para poder analizar el proyecto detenidamente.
En sus informes, la Generalitat Valenciana había planteado una alternativa para ubicar la planta en Vila-real, de manera que se situara más cerca de la subestación "reduciendo la longitud de la línea de evacuación y, por consiguiente, sus consecuencias ambientales". Sin embargo, la compañía rechazó tal posibilidad porque implicaría "una mayor ocupación de superficie" para las placas solares por lo que "la afección directa sería mayor" además de que tendría mayor impacto paisajístico al verse desde la "Montañeta de San Antoni". Por ello, para mitigar la afección de la línea, ha planteado medidas correctoras.
Asimismo, la Generalitat, en sus informes, reconoce que la actuación "afecta a suelos de muy elevada capacidad agrológica", algo que rechaza el promotor alegando que la selección del suelo se ha hecho para "evitar la ocupación de zonas protegidas ambientalmente, así como lo suelos productivos o que tengan potencial productivo". Y critica que el visor cartográfico de la Generalitat ofrezca datos de un estudio de 1992: "La antigüedad en los datos hace que los mismos no sean fiables".
En un informe propio, la compañía señala que la planta ocuparía "únicamente el 0,32% de los terrenos identificados como de alto valor agrológico" y que lejos de perjudicarlo, "favorecería la recuperación del suelo, ya que el periodo de barbecho permitirá una regeneración de la vegetación nativa que protege el suelo de la erosión.
Por otro lado, la Generalitat aseguraba que la línea de alta tensión "contribuirá a incrementar la fragmentación del territorio", pero la compañía recurre a la regulación valenciana para defender que, "en ausencia de alternativas viables [...], se podrán implantar infraestructuras en estos ámbitos y siempre bajo los condicionantes de la normativa de protección". Por consiguiente, antes de la autorización del proyecto de construcción, se deberán concretar y acordar con los organismos correspondientes medidas preventivas, correctoras y/o compensatorias que sea necesario aplicar.
En cuanto al suelo que ocupará la planta, la compañía prevé que se reutilicen los remanentes de tierra procedente de los desbroces en otras obras y la DIA establece que "se minimizará, siempre que sea posible, la alteración de la estructura del suelo". Además, el promotor fija medidas preventivas y correctoras para evitar la contaminación del suelo y se compromete a incluir una red de drenaje y evacuación de pluviales.
Por otro lado, las infraestructuras no afectan al río Mijares, único cauce con un caudal permanente en la zona, y aunque se encuentran "fuera de la zona de inundabilidad", gran parte de la instalación se sitúa en "un área a mejorar para la recarga estratégica de acuíferos". En este apartado, la DIA fija que el soterramiento del último tramo de la línea de evacuación deberá hacerse evitando "el desvío de cualquier cauce", que las obras "no modificarán la pendiente natural del terreno" y que para el mantenimiento de los paneles solares se evitará productos químicos. Además, Statkraft deberá analizar la evolución del estado del acuífero.
En cuanto a la contaminación, durante las obras tendrá que regar asiduamente el terreno para evitar el alzamiento de polvo y el transporte de tierra se hará siempre de manera cubierta. Se adecuará la iluminación de la instalación para mantener las condiciones naturales y minimizar la incidencia fuera del perímetro vallado y, en general, tendrá que garantizarse la mínima exposición de la población a campos electromagnéticos, especialmente en aquellas zonas próximas a las líneas eléctricas, garantizando la distancia suficiente a cualquier centro sanitario, cultural, recreativo, educativo o residencial.
Antes de las obras, la empresa tendrá que hacer una prospección del terreno para identificar especies de flora o fauna de interés o amenazadas y, si las hubiera, se paralizarán las actuaciones para avisar a la administración autonómica y fijar medidas de protección. Además, se mantendrá una cobertura vegetal "suficiente" en las parcelas de las placas solares para evitar el suelo "desnudo" y expuesto a procesos de erosión, y se tendrá que hacer un plan de restauración vegetal e integración paisajística, además de resultar prohibido el uso de herbicidas, plaguicidas, insecticidas, rodenticidas y otros productos químicos similares.
En paralelo, se adoptarán medidas para evitar los choques de las aves y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. Y algo más importante: la compañía "deberá valorar" si es viable utilizar líneas de evacuación ya existentes para evitar el impacto. Asimismo, todas las obras deberán adecuarse a los ciclos biológicos de las especies protegidas y se deberá compensar la superficie agrícola perdida para mantener cultivos tradicionales de la zona que permitan el desarrollo de la vida de especies ligadas a medios agroecológicos de al menos, el 25 % de la superficie afectada.
En cuanto a la subestación eléctrica, tendrá que realizarse una "integración paisajística" con acabados exteriores de los edificios previstos, un tratamiento de color, textura y acabados acorde al entorno. También en la planta solar, alrededor de la cual deberá implantarse una pantalla vegetal para mitigar el impacto visual desde visiones panorámicas lejanas y desde infraestructuras de comunicación próximas.
