CASTELLÓ. La compañía de energías renovables EnerHi recurrirá la declaración de impacto ambiental desfavorable emitida por el Ministerio de Transición Ecológica sobre la planta solar que proyecta en los municipios de Segorbe, Nules y Moncofa. La planta, con el dictamen negativo del Ministerio, está abocada a su paralización, algo que quiere evitar la firma con un recurso para que la administración reconsidere su posición.
La resolución, publicada el pasado sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), dictaba negativa la declaración ambiental de las instalaciones de energía fotovoltaica previstas por la firma "al haberse identificado la posibilidad de impactos negativos significativos sobre el medio ambiente para los que las medidas propuestas no presentan garantía suficiente de su adecuada prevención, corrección o compensación", según se publicó el Boletín.
La planta proyectada por EnerHi, bajo el nombre de Valentia Edetanotum FV8, estaba dividida en dos zonas: una en Segorbe, con 2.911 estructuras en las que instalar las placas solares para una potencia de 110 megavatios, y otra en Nules, que albergaría prácticamente todo el resto (2.485 estructuras), y Moncofa, con otras 161. Entre ambas sumarían los otros 100 MW de potencia con que se tramitaba el parque.
La localización a menos de un kilómetro del Parque Natural de la Sierra Calderona y dentro del Plan de Ordenación de la Sierra Espadán, los efectos negativos "sobre los recursos paisajísticos, de valor cultural y natural, así como sobre componentes de la infraestructura verde, la permeabilidad territorial y la morfología del territorio" tanto por parte del parque solar como de la línea de evacuación son algunos de los elementos en los que se basa la DIA desfavorable.
El dictamen de la DIA desfavorable no puede ser objeto de recurso, pero la obtención de la declaración de impacto ambiental es un requisito sine qua non para que el Ministerio otorgue la autorización administrativa previa a la compañía. Esto es, sin la DIA favorable, el Ejecutivo central denegará la autorización. Y a ese trámite espera la compañía que dirige Antoni Llorens para presentar un recurso administrativo.
En ese sentido, según explica Llorens, la documentación presentada para la obtención de la autorización administrativa incluirá cambios notables en la planta solar: "Reflejaremos lo que habíamos respondido en las alegaciones y se reducirá la potencia de la planta porque no se implantarán placas solares en algunas zonas", asegura en ese sentido. Y aunque todavía no aclara cuál será el grado de reducción, sí explica que se aumentará la distancia entre la planta y algunos enclaves y se eliminará la parte de Moncofa, mientras que en la zona de Nules "habrá que compatibilizarlo con el uso agrícola".
Con todo, el responsable de EnerHi subraya que la reducción no puede superar el 10%. Este es el límite máximo marcado por la normativa para reducir la potencia de una instalación de generación fotovoltaica que quiera conectarse a las subestaciones de Red Eléctrica. Si hay un cambio de mayor envergadura, se considera una modificación sustancial y, por lo tanto, requeriría otro permiso de conexión.
Otro de los aspectos en los que incide el Ministerio para otorgar la declaración de impacto ambiental desfavorable es que, según la Conselleria de Cultura, "no se ha realizado la prospección arqueológica previa de la zona y por tanto los datos que se incorporan al EsIA (Estudio de Impacto Ambiental) no se encuentran actualizados ni existe un informe patrimonial emitido por la citada Conselleria".
En la firma se defienden asegurando que solicitaron el permiso para realizar la prospección arqueológica "hace un año y de manera recurrente", pero la Conselleria no respondió hasta dos días después de que el Ministerio resolviera sobre la DIA. Así, la mercantil estudia acciones legales contra la administración por haberle impedido llevar a cabo las prospecciones preceptivas para obtener la DIA. Entre las acciones a emprender, explican, está una querella por prevaricación ante el personal que "no firmó a tiempo el permiso" y pedir el lucro cesante a la Generalitat Valenciana como responsable civil subsidiaria, en el caso de que la falta de la DIA desemboque en la paralización del proyecto.
