CASTELLÓ. La controversia generada en torno a la marcoplanta solar impulsada por Statkraft y proyectada en la comarca de La Plana Baixa ha cristalizado en el primer recurso de la Diputación de Castellón. El Ministerio de Transición Ecológica otorgó a esta iniciativa la autorización administrativa previa el pasado mes de diciembre y ahora la corporación provincial de Castellón ha decidido recurrir ese primer permiso por ocupar terrenos de "alto valor agrológico", además de otros incumplimientos advertidos por sus servicios jurídicos en la tramitación administrativa.
La instalación fotovoltaica con el nombre Arada Solar prevé la ocupación de 280 hectáreas en total (un 14% menos de las previstas inicialmente), de las que el 27,5% (77 hectáreas) se destinarán a la colocación de paneles solares. Según el proyecto presentado, los casi 339.000 módulos fotovoltaicos se ubicarán en la Vall d’Uixó, Xilxes, Moncofa. Además de ellos, también están afectados los municipios de Nules, Burriana, Les Alqueries, Vila-real y Betxí por la línea de evacuación.
La Diputación presentó el pasado viernes un recurso de alzada a la resolución ministerial que daba la primera autorización al proyecto para "dar voz a los habitantes" de los municipios afectados y en el que expone que "la transición energética no puede estar sustentada en la destrucción de un territorio con elementos naturales dignos de protección". Para señalar además que la justicia ya ha exigido en otras ocasiones "la necesaria búsqueda de un equilibrio" entre las renovables y "la protección del medio ambiente, del territorio afectado, y de la forma de vida de sus habitantes".
A su juicio, la búsqueda de alternativas renovables "no puede pasar por implantar en lugares como el que se pretende, tal cantidad de infraestructuras de tamaños desproporcionados, que amenazan con fragmentar corredores ecológicos; destruir preciados elementos culturales y patrimoniales; y desequilibrar los tejidos socioeconómicos de la región", subraya el recurso presentado por la corporación provincial, y que está suscrito por la presidenta Marta Barrachina, quien considera que el proyecto tiene un planteamiento "ilógico" y conllevará "sustanciales costes medioambientales" que le sustraen "su carácter de utilidad pública".
Uno de los principales pilares del recurso se centra en el incumplimiento de la normativa urbanística autonómica, que impide llevar a cabo proyectos de renovables cuando "el suelo sea de alta o muy alta capacidad agrológica". "En el supuesto que nos ocupa, resulta patente y manifiesto que el Proyecto Arada pretende implantarse sobre unos terrenos con un alto valor agrológico", explica en este sentido la Diputación de Castellón, sosteniéndose en informes tanto de los ayuntamientos de Xilxes y Moncofa, pero también de la Dirección General de Política Territorial y Paisaje.
La disposición normativa fue aprobada por la Generalitat Valenciana en 2022 y cuando la compañía ya tramitaba este y otros proyectos y estaba a la espera de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Ministerio. En ese sentido, el cambio en la legislación puede hacer peligrar el proyecto, como reconoció ya entonces Juan Miguel Ferrer, director general de Statkraft España: "El proyecto va a ser aprobado ambientalmente [...], pero a día de hoy es inviable porque estamos en zona de valor agrológico alto", lamentó Ferrer.
Al respecto, la Diputación concluye que el proyecto "es incompatible con la normativa urbanística" y asegura que es "sorprendente que la administración estatal no haya tenido tal vulneración de la normativa autonómica en cuenta en el momento de resolver otorgar la autorización administrativa previa". "Estamos ante un motivo flagrante que debe determinar la nulidad de pleno derecho" del permiso, subraya la corporación provincial.
Otro de los fundamentos del recurso es la falta de un análisis real de alternativas al proyecto, algo que exige la normativa pero que, en este caso, según la Diputación, se ha limitado a un enfoque superficial y sesgado que pretendía seleccionar la alternativa que quería la empresa de antemano. "No se han analizado ni valorado suficientemente ni de forma rigorista, conforme la normativa de aplicación, las distintas alternativas y la alternativa cero", subraya el documento.
Así, insiste en que "ninguna de las alternativas planteadas resulta viable desde un punto de vista ambiental, lo cual revela que la decisión de la promotora no se ha basado en una ponderación objetiva de los elementos afectados, sino en sus propias preferencias o intereses" para seleccionar el proyecto definitivo. En ese sentido, subraya que el documento de estudio de alternativas "no presenta el contenido mínimo exigible", en la alternativa cero presenta un "enfoque general" sobre el cambio climático y "desvinculado de las particularidades del territorio", sin tener en cuenta tampoco la demanda energética de los municipios.
Al respecto, la Diputación apela a sentencias del Tribunal Supremo para sostener que"no puede un análisis de alternativas limitarse a justificar una opción preelegida por el promotor habida cuenta que esto no significa analizar, en puridad, las distintas alternativas sino justificar la alternativa ya elegida desde un principio", por lo que se estaría incumpliendo la normativa para la tramitación de este tipo de proyectos.
Además de todo ello, el recurso se centra en argumentar la incompatibilidad existente entre la planta fotovoltaica y el centro logístico que proyecta el grupo cerámico STN, que tiene en marcha un proyecto de interés estratégico en la Generalitat con un parque logístico en la Vall d’Uixó, Xilxes y Moncofa y que se solapa con la macroplanta. Así, la Diputación recuerda al Gobierno que sobre este conflicto, el Consell ya rechazó el recurso de reposición interpuesto por la firma de renovables ante la Conselleria de Medio Ambiente y que pretendía que la Generalitat anular el estatus de proyecto estratégico (PIES) del centro logístico.
Pero más allá de ello, la corporación insiste en que el estudio de impacto ambiental de la planta solar debería contemplar "tanto las infraestructuras preexistentes, como aquellas que estén en tramitación o simplemente proyectadas", como es el caso del centro logístico. Pero la Diputación constata la "ausencia de una valoración sobre la coexistencia e incluso el solapamiento de ambos proyectos". "La promotora no sólo no ha considerado debidamente la preexistencia de otro proyecto, además declarado como PIES, cuyo estado de tramitación es mucho más avanzado, sino que ha guardado silencio acerca de esta cuestión", apunta.
Asimismo, se acoge a los argumentos ya esgrimidos por la Generalitat para defender la prevalencia del centro logístico. Por un lado, sostiene, "las negociaciones y tramitaciones con respecto al Proyecto Cerámico" fueron "previas", además de ser una iniciativa de mayor idoneidad por su carácter estratégico y logístico para el grupo cerámico, la creación de 650 puestos de trabajo, la canalización de una inversión de 200 millones y la mejora de espacios verdes públicos previstos junto a una pasarela ciclopeatonal del proyecto de STN. También la Generalitat considera que "el interés general que se satisface con el Proyecto Arada es más bien relativo dada la multitud de proyectos de este tipo".
Por todo ello, la Diputación asegura que el Ministerio "está incurriendo en causa de anulabilidad por no pronunciarse con respecto a todas las cuestiones relevantes a los efectos de la aprobación de la Autorización, tales como la incompatibilidad del PIES Logístico Cerámico con el Proyecto Arada y la Muy Alta capacidad agrológica del suelo, reconocida expresamente por el promotor, y la proscripción de instalar en él este tipo de infraestructuras".
Por otra parte, aunque el recurso asegura que "la falta de detalle del Proyecto hace muy difícil valorar la realidad de las afecciones que sufrirá el medio", sí recoge "incongreuncias o imprecisiones" como la falta de medidas compensatorias o la inexactitud en algunas de ellas. En cuanto al paisaje, la Diputación sostiene que "no por tratarse de espacios parcialmente antropizados, dejan de ser ecosistemas dignos de protección" y que "la presencia de otras infraestructuras no debería suponer un motivo que se utilice para alegar el bajo impacto en el paisaje sino, precisamente, todo lo contrario, pues el paisaje ya se encuentra saturado".
Respecto a la salud, la Diputación critica que la promotora se limite a señalar la nula mortalidad provocada por las plantas solares "sin cuestionarse cualquier otro efecto sobre la salud de las personas que no necesariamente implique la muerte" como el ruido -asegura que faltan estudios-, la contaminación atmosférica -en la fase de construcción se emitirán partículas en suspensión- o las radiaciones electromagnéticas -la Diputación sostiene que "investigaciones científicas que han corroborado los efectos dañinos de los campos electromagnéticos de baja frecuencia sobre la salud humana"-.
