La bancada popular, en el último pleno municipal. (Foto: ANTONIO PRADAS)CASTELLÓN. A tres meses de las elecciones, la corrupción vuelve a marcar la agenda del Ayuntamiento de Castellón. El informe de la Guardia Civil en el marco del caso Púnica que atribuye un supuesto delito de fraude al portavoz adjunto del PP, Juan José Pérez Macián, y al exalcalde Alfonso Bataller, y relaciona con la trama al también exmunícipe Alberto Fabra, ha puesto en guardia al Ejecutivo local. La alcaldesa Amparo Marco ha ordenado este viernes abrir una investigación en el Ayuntamiento para esclarecer las supuestas contrataciones fraudulentas entre 2005 y 2015. Diez años de facturas bajo el mandato del PP que los técnicos municipales deberán revisar con lupa.
Las áreas de Secretaría, Intervención, Gestión Presupuestaria y Asesoría Jurídica, serán las encargadas de buscar en los registros contables del consistorio todo rastro de contratataciones con las empresas publicitarias de la trama para determinar si se hizo un uso inadecuado de fondos municipales con fines electorales, tal y como revela el informe de la Unidad de Control Operativo (UCO) hecho público por El País y la Cadena SER.
Se tendrá que averiguar si, además de la empresa Madiva a la que se encargaron dos campañas publicitarias en época de Alfonso Bataller, existen también otras sociedades de la trama que hayan hecho negocio con el consistorio. Aunque la labor de fiscalización parece ingente, el equipo de gobierno espera que la investigación esté resuelta en cuestión de días.
Desde el grupo municipal popular consideran que la investigación encargada por la alcaldesa supone "un uso partidista e instrumental de los recursos humanos y técnicos del Ayuntamiento". Defienden, además, que las facturas que busca ya las detalló en su día el concejal Pérez Macián cuando estalló el caso, en el pleno municipal del 30 de octubre de 2014 (últimos diez minutos).
En aquella sesión, a preguntas del PSPV, el Bloc y Esquerra Unida, el edil popular dio cuenta de una factura correspondiente a dos campañas publicitarias en Castellón Noticias, un diario digital creado por la empresa Madiva. En concreto, se trataba de banners de turismo, bajo el lema "Deja que te tiente", y del festival Mare Nostrum.
"Cuando los representantes de Madiva se ponen en contacto con el gabinete de comunicación y hacen su ofrecimiento de unos servicios [...], se ve interesante, se toma la decisión, y lo que puedo asegurar es que en los contactos personales con esta empresa en ninguno de los casos llevaban en la frente ninguna pegatina, ningún post-it que pusiera 'estafador', 'defraudador', 'ladrón', 'chorizo'... en absoluto", decía Pérez Macián en su descargo.
Sin embargo, en la intervención plenaria el edil no mencionó nada sobre los servicios de asesoría de reputación que, según el informe conocido ahora, fueron contratados para mejorar la imagen de Bataller con cargo al erario público. Estos hechos fundamentarían el supuesto delito de fraude que les atribuye la Guardia Civil en base a correos electrónicos y grabaciones de conversaciones telefónicas entre el cabecilla de la trama, Alejandro de Pedro, y el propio Pérez Macián.
Apenas unos meses después de aquel pleno, en 2015, se efectuaron los registros policiales en el Ayuntamiento y se tomó declaración a Bataller y a Pérez Macián. En el tiempo transcurrido desde entonces ninguno de los dos ha resultado imputado por el juez, pero la fase de instrucción continúa abierta, por lo que pueden darse nuevas citaciones. La causa, declarada compleja, suma ya un centenar de imputados y 16 piezas separadas, y la investigación podrá dilatarse hasta 2022, el plazo máximo impuesto por el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón. La Púnica se convertirá así en la instrucción judicial más larga junto a la del caso Gürtel.
En este sentido, desde el grupo municipal popular, denuncian "la indefensión" a la que se ven sometidos, puesto que al no ser parte de la causa no tienen acceso a la documentación que obra en manos del juzgado.
El informe de la UCO menciona además al exalcalde de Castellón y senador popular, Alberto Fabra, por lo que la investigación interna del Ayuntamiento comprenderá también su etapa de gobierno, según ha explicado el consistorio. Al parecer, el cabecilla de la trama afirmó haber trabajado con el ayuntamiento para mejorar la imagen del exedil, según la Cadena SER.
En declaraciones a este diario, Fabra niega haber contratado sus servicios. "No sé quién es Alejandro de Pedro", ha afirmado con rotundidad el dirigente popular, quien asegura estar "absolutamente tranquilo" ante la revisión de las facturas emitidas durante su mandato ordenada por la alcaldesa.
Añade, además, que ni la Guardia Civil ni el juez instructor le han llamado a declarar sobre este asunto y recuerda a Amparo Marco que "tiene otros problemas de los que preocuparse", en referencia al caso judicial de las facturas falsas en la Subdelegación del Gobierno que afecta al exedil socialista Antonio Lorenzo.
Ante esta situación, el grupo municipal popular, cada vez más acorralado, ha optado por pasar a la ofensiva. La portavoz, Begoña Carrasco, ha solicitado este viernes ante la Secretaría General del Ayuntamiento la comparecencia de la alcaldesa en el pleno del próximo día 28 para que informe "acerca de las circunstancias, motivos, datos relativos a la dimisión y renuncia de todas sus responsabilidades y condición de concejal" de Antonio Lorenzo.
Pide también que aclare "si tenía conocimiento, en el momento de realizar junto a él las manifestaciones halagando su honradez y honestidad, de que estaba citado ya a comparecer como investigado ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Castellón por presuntos delitos contra la Administración".
