Sigue el lío de la Oficina de Recaudación Municipal: UGT recurre el segundo concurso

CASTELLÓ. La normalización de la Oficina de Recaudación Municipal va de lío en lío. La Unión General de Trabajadores (UGT), a través de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC), solicita ahora al Tribunal Administrativo Central (TAC) la anulación de la segunda licitación para que se incluya en el pliego de prescripciones técnicas y administrativas la subrogación del personal.

Según argumenta UGT en su recurso, las cláusulas del concurso vulneran el acuerdo de la patronal valenciana y los sindicatos en materias específicas, que permanece vigente desde 2021. En concreto, se refiere a aquellos casos en los que, ante la ausencia de un convenio colectivo, la nueva concesionaria está obligada a asimilar los trabajadores de la antigua. Un supuesto que se podría dar si Gestión de Tributos y Recaudación Tributaria (Getyr) arrebata el contrato a Servicios de Colaboración Integral (SIC), mercantil que presta el servicio desde hace años. Ambas ya concurrieron en el primer procedimiento hasta que se canceló.

Unos 20 trabajadores

El secretario general de FeSMC-UGT, Benjamín Sánchez, explica que los empleados de la oficina de recaudación (alrededor de una veintena) carecen de la consideración de funcionarios o interinos, ya que están en realidad vinculados a SIC. "Algunos tienen más de 30 años de antigüedad y no se recogen sus derechos en la nueva licitación", advierte.

Como medida preventiva, el sindicato reclama al TAC la suspensión del procedimiento, a la espera de que emita un fallo definitivo una vez analizado el recurso. "Lo que pedimos es que se retrotraiga el concurso a la redacción del pliego para incorporar la subrogación, puesto que no se contempla en ninguna cláusula y peligran los puestos de trabajo", explica Sánchez.

La nueva reclamación amenaza con eternizar una licitación que arrastra un retraso a raíz de la interpelación de la citada Getyr en mayo. La empresa impugnó el primer expediente de abril al denunciar "trato de favor" hacia SIC. En su escrito, advirtió al TAC que las cláusulas sobre el software y la obligación del personal acerca de conocer y manejar un programa informático determinado dificultaban la concurrencia de las licitadoras.

Primer revés con la licitación

El Tribunal Administrativo Central terminó dando la razón a la denunciante, de manera que el Ayuntamiento de Castelló sacó un segundo concurso público a principios de este mes. El contrato, de un año de duración prorrogable a otro, tiene un valor estimado de casi cuatro millones de euros (IVA incluido). La prestación consiste en gestionar el cobro de las contribuciones municipales, desde el IBI, pasando por el impuesto de circulación, hasta la tasa de basuras.

El servicio está sin regularizar por contrato desde 2016, cuando venció la última concesión a SIC. Desde entonces, la mercantil sigue asumiendo la recaudación pero mediante el pago por parte del consistorio de lo que se conoce como Reconocimientos Extrajudiciales de Crédito (Recs). No son más que facturas que se abonan mensualmente al no existir una adjudicación. Otra particularidad es que para su aprobación resulta preceptiva la aquiescencia de la corporación en el pleno.